Este relato no analizará las relaciones oficiales entre Estados Unidos y el Paraguay. Para contextuar, sólo citaremos que ellas fueron carnales y paternales, y en los fundamentales se mantuvieron casi intactas. En parte, porque el stronismo, fue una creación de la política exterior de los Estados Unidos para América Latina, durante el período de la Guerra Fría. Ni más ni menos.
Esta relación bilateral, tuvo altibajos. Con momentos rutilantes y de tensión. Con momentos de apoyo abierto y otros solapados. Nunca hubo ruptura. Por razones ideológicas e históricas, las administraciones republicanas fueron más amigables. Las demócratas, retóricamente más exigentes.
Pero, un componente de la administración de James Carter (1977-1981), en política exterior, trajo cambios sustanciales, que en algunos aspectos tuvo puntos de no retorno. La defensa de los derechos humanos como elemento fundamental del sistema democrático. Una de cal, una de arena.
Este giro, descolocó a los principales aliados en Latinoamérica. Así fue que los “amigos”, fueron interpelados en instancias multilaterales.
Una de ellas, fue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, promocionada por la administración Carter. Las dictaduras a su vez, jugaron sus cartas con lo más expuesto del partido republicano y con aquellos demócratas más conservadores. Buscaron contener la presión.
Como nunca antes, el régimen sintió el aislamiento. Este es el tema del relato.
En 1978 y hasta 1990, las Naciones Unidas implementó un procedimiento reservado de observación de los derechos humanos en Paraguay, conocido como procedimiento 1503. Su carácter confidencial finalmente fue cuestionado por su escaso impacto, aunque el mismo, ha sido una fuente de información inestimable.
El 14 de febrero de 1978, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, envió una carta al dictador Stroessner firmada por 22 senadores, exigiendo respeto a los derechos humanos en el Paraguay.
“Estamos preocupados por los informes de violaciones de los derechos humanos en el Paraguay, recientemente detallados en el Informe de la Liga Internacional de Derechos Humanos redactado por Ben Stephansky y David Helfeld. Se ha informado que algunos ciudadanos han sido detenidos sin haber sido sometidos a juicio, que otros han sido vejados y torturados por las fuerzas de seguridad, y que otros han desaparecido … Le urgimos que restaure los derechos constitucionales para todos los ciudadanos que están siendo detenidos sin juicio, y le pedimos que informe dónde se encuentran aquellos quienes han desaparecido”.
No se conoce que haya existido respuesta completa por la parte dictatorial. Pero las liberaciones de detenidos de ese año, y el cierre del Campo de Concentración de Emboscada, sin dudas, estuvieron relacionados.
En mismo sentido, dos días después, firmado por 44 representantes, el Congreso de los Estados Unidos envió una carta en similar sentido y con mayor precisión aún.
“Nosotros continuamos recibiendo evidencias que sugieren que las garantías constitucionales para un debido proceso no son observados y que los derechos fundamentales no son protegidos … Nos han dicho que las muertes de Mario Arzamendia Flories (Flores), Joel Filártiga Speratti, Sixto Melgarejo y Juan de Dios Salinas nunca fueron explicadas y esperamos que se dará razón de todos los muertos y desaparecidos”.
Hasta la fecha, el Congreso de los Estados Unidos, 37 años después, podría estar esperando sentado, el informe de Stroessner sobre los muertos y desaparecidos ocurridos durante su régimen.
La presión y el aislamiento produjeron cambios de personas, pero también continuidades de sistemas bajo otros ropajes, impunidades y falta sistémica de justicia. Hasta la fecha, por ejemplo, no se han resuelto las muertes y desapariciones de la dictadura, como tampoco las perpetradas, bajo similares condiciones, durante la llamada transición que no termina de retroceder. El Rubio fue aislado, su herencia no.✔
Federico Tatter.
4 de abril de 2015. Asunción, Paraguay.
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