El infierno se desató el 8 de marzo de 1980 en el departamento de Caaguazú, Paraguay.
El 10 de marzo de 1980, el Ministerio del Interior dio a conocer el siguiente comunicado: ”En la madrugada del sábado 8 del corriente, a la altura del kilómetro 37 de la ruta que conduce a Ciudad Presidente Stroessner a nuestra capital, un grupo de maleantes armados de revólveres y armas blancas, asaltó un ómnibus de pasajeros de la empresa Rápido Caaguazú. Los asaltantes, por medios violentos, despojaron de joyas y dinero a los viajeros. Los delincuentes, perseguidos por las autoridades de represión del contrabando del Ministerio de Hacienda que actúan en la zona, aban¬donaron el ómnibus luego de herir al inspector de Hacienda, Angel Stucemeider y al sub-alcalde Alejandro Moreno, internándose en los montes a la altura del camino que conduce a la Colonia Tobatí.
Los pobladores de la zona que colaboran con las autoridades han identificado a algunos de los asaltantes.
Este ministerio ha encomendado a las autoridades civiles de la jurisdicción a adoptar las medidas conducentes a aclarar debidamente los hechos y a la detención de los delincuentes. Colaboran estrecha¬mente autoridades militares.
Oportunamente serán ampliadas estas informaciones” (Blanch, 1991).
El 15 de marzo de 1980, el Ministerio del Interior emitió un segundo comunicado, que transcribimos textualmente:
“En relación con el asalto a mano armada al ómnibus de la Empresa Caaguazú, hecho ocurrido el día sábado 8 pasado, la Secretaría de Prensa del Ministerio del Interior formula las siguientes ampliaciones a la información que fuera dada a conocer en fecha 9 del corriente mes:
1. En conocimiento de lo ocurrido, las autoridades a cuya jurisdic¬ción corresponde tomar las medidas del caso, se abocaron a realizar las investigaciones para esclarecer lo ocurrido e identificar y detener a los autores del asalto. Las fuerzas de seguridad se vieron asistidas por
miembros de las seccionales coloradas de Juan Manuel Frutos y de Campo 9, con cuya espontánea colaboración se contó desde el primer momento al igual que con los pobladores y agricultores del lugar que decididamente cooperaron con los representantes del orden, manifes¬tando su repulsa ante este inusual suceso. Igualmente, los miembros de la seccional colorada de Caaguazú se agruparon rápidamente junto a las autoridades cuando los maleantes se desplazaron hacia este último sector, prestando su valioso concurso para localizar a los delincuentes, que en número de veinte habían perpetrado estos hechos y se hallaban ocultos en el monte, donde fueron rodeados .
2. Al encontrarse en esta situación, los maleantes abrieron fuego contra las fuerzas del orden, produciéndose un enfrentamiento armado del que resultaron heridos el mayor DEM Carlos Alberto Ayala Gon¬zález, de la II División de Infantería, que se encontraba al mando de tropas regulares, y el alcalde policial de la Delegación de Gobierno de Caaguazú, Romualdo Rolón. También resultaron heridos los milicianos colorados Felipe Giménez y César Duré y el conscripto Arístides Ortigoza.
3. En la misma refriega cayeron muertos los asaltantes: Estanislao Sotelo, Mario Ruiz Díaz, Secundino Segovia Brítez, Feliciano Verdún, Federico Gutiérrez, Adolfo César Britos, Concepción González, Ful¬gencio Castillo Uliambre, Gumercindo Brítez y Reinaldo Gutiérrez y
heridas las mujeres Apolinaria González y Apolonia Flores. Esta última se halla internada en el Policlínico policial de Asunción. Se encuentran detenidos Felipe Flores, Arcadio Flores, Mariano o Marciano Martínez y Arnaldo Flores, a más de las dos citadas mujeres.
4. Las fuerzas de seguridad y quienes cooperan con ellas continúan la persecución de los prófugos: Victoriano Centurión, Gill Santos Duré, Francisco Solano Duré y Vidal Martínez, con el propósito de detenerlos. Todos los antecedentes serán elevados, oportunamente a la justicia ordinaria” (Blanch, 1991).
Contrastando con la versión oficial de los hechos, los antecedentes de este Caso (CEPAG, 1992), se re¬montan a principios de 1970, cuando un grupo de campesinos decidió poblar terrenos fiscales situados en la orilla izquierda del río Acaray, a unos 40 kilómetros de Puerto Presidente Stroessner (hoy Ciudad del Este). Aunque la ocupación de las tierras se hizo con permiso del Instituto de Bienestar Rural (IBR), esta institución no expidió títulos a la colonia, en la inteligencia de que cuando hubiera producción iba a encargarse de dar los títulos, según refiere uno de los líderes del grupo, Victoriano Centurión. Pero pasó el tiempo y el título no se expedía, al mismo tiempo que la esposa de un general, Muquí de Ramos Giménez, reclamaba la propiedad de las tierras. Para sorpresa de los colonos, se extravió el único comprobante que tenían del antiguo compromiso del IBR: la contraseña número 5859, del 30 de julio de 1976. En 1978, la abogada de los colonos, Mercedes Vergara de Heydel, pedía al IBR, inútilmente, el reconocimiento de los derechos de los campesinos sobre la tierra que habían desmontado y cultivado. En 1980, el Ejército había puesto sitio a la colonia Acaray, y la situación se volvió tan angustiosa para los pobladores, que decidieron viajar a la capital para reclamar sus derechos y buscar el apoyo de la opinión pública. Tardíamente, el IBR produjo el título solicitado: lo hizo en 1982 (Testimonio de Victoriano Centurión, Caaguazú, 1980).
El 8 de marzo de 1980, a las 10 de la noche, un grupo de 20 personas salió de Acaray con el propósito de reivindicar ante el Estado su derecho a la tierra; éstas eran:
Estanislao Sotelo; Mario Ruiz Díaz; Secundino Segovia; Feliciano Verdún; Federico Gutiérrez; Adolfo César Britos; Concepción González; Fulgencio Castillo; Gumercindo Brítez; Reinaldo Gutiérrez; Apolinaria González; Apolonia Flores; Victoriano Centurión; Gill Santos Duré; Francisco Solano Duré; Vidal Martínez; Arcadio Flores; Felipe Flores; Mariano Martínez; Arnaldo Flores (CEPAG, 1992).
Los 20 fueron reprimidos por agentes estatales y paraestatales muriendo los diez primeros de la lista. Entre ellos, predominaban los lazos de parentesco: Apolonia Flores era hermana de Arnaldo Flores; ambos eran sobrinos de los hermanos Felipe y Arcadio Flores. Francisco y Gill Duré eran hermanos y eran también hermanos Reinaldo y Federico Gutiérrez (ambos asesinados). Había en el grupo tres menores de edad: Apolonia Flores (13 años), Arnaldo Flores (14 años) y Apolinaria González (16 años); esta última estaba embarazada y tuvo su hijo en la cárcel.
Saliendo de la colonia, los 20 cruzaron el río y se encontraron con el capataz de Ramos Giménez; para que no los delatara, se lo llevaron hasta la ruta, donde tomaron un ómnibus de pasajeros.
Respecto a los hechos acreditados en este caso por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su Informe del año 1987 sobre Paraguay, en marzo de 1980 en Caaguazú,
“…un grupo de 20 campesinos de Acaray-mí, en el Alto Paraná, se apoderaron de un autobús en las montañas y lo condujeron a Asunción para hacer protestas por disputas agrarias. Algunos de los campesinos llevaban viejas armas de fuego. Cuando el bus se aproximaba al pueblo de Campo 8 en el Departamento de Caaguazú, la policía comenzó a dispararle obligándolo a detenerse. La zona fue luego cerrada por la policía y los campesinos fueron perseguidos hasta la aldea de Guyrua-guá. El 10 de marzo, diez de los campesinos que habían participado en el secuestro del bus fueron muertos”.
“Añade la CIDH que el Gobierno respondió alegando que las personas involucradas eran delincuentes comunes y que las muertes ocurrieron en un tiroteo con las autoridades. Sin embargo, los cadáveres nunca fueron entregados a sus deudos ni jamás se presentaron certificados de defunción. Los diez fallecidos son: Adolfo César Brítez, Gumersindo Brítez Coronel, Fulgencio Castillo Uliambre, Concepción González, Federico Gutiérrez, Reinaldo Gutiérrez, Mario Ruiz Díaz, Secundino Segovia Brítez, Estanislao Sotelo y Feliciano Verdún”.
La Comisión Interamericana estimó que un hecho de la gravedad del reseñado, en el cual la policía impide la entrada al área de personas que luego puedan actuar como testigos, que el Gobierno reconoce posteriormente la muerte de diez personas pero que no entrega los cadáveres ni proporciona ningún documento que sirva de sustento a su afirmación de que murieron en un tiroteo, está indicando una clara responsabilidad por parte del Gobierno en la muerte de los diez campesinos. La forma de proceder descrita, además, permite considerar que esa forma de actuar está expresamente dirigida a crear un ambiente de terror en la población y de esta forma evitar que actos de esa naturaleza ocurran nuevamente.
Ese terror se ve reforzado por el otro elemento que surge de este hecho: la impunidad concedida por las autoridades a los ejecutores de las muertes.
Según el testimonio ante la CVJ de la esposa de Feliciano Verdún Riveros, su marido fue detenido dos veces antes del Caso Caaguazú por pertenecer a las Ligas Agrarias. De allí pasaron a vivir a Acaray-mí donde trabajaban normalmente, hasta que llegó el año 1980 con la represión.
Según la testimoniante, las víctimas tomaron un colectivo de la empresa Rápido Caaguazú y
“…lo llevan hasta Campo 9, ahí bajan todos y ya le avisan a la Policía y ya los persiguen desde arriba y abajo, corren todos ellos, se arrepintieron algunos y se entregaron a las Comisarías, otros corrieron y se metieron en los bosques; a estos que corrieron directamente los mataron o los hicieron desaparecer, eso es lo que no sabemos bien (…) nunca recibí el cuerpo de mi marido, hasta hoy día no sé qué pasó (…) ninguno de los familiares recibimos los restos (…) en el caso de Taní Sotelo lo que sé es que en frente de muchos fue degollado...”
Testimonios similares recibidos por la CVJ, como el del Sr. Victoriano Centurión, entre otros, coinciden en los hechos. En otro testimonio se señala que
“…después se me llevó a mí para mostrarme un cadáver y me preguntaron quién era, nosotros vimos ahí que se le mató a un compañero (…) Estanislao Sotelo era su nombre, le degollaron en un yuyal, así se me mostró a mí, se le clavó en el estómago y sus rodillas se dislocaron, a dos nos mostraron eso…”.
EXTRACTO DEL INFORME DE LA COMISION DE VERDAD Y JUSTICIA DEL PARAGUAY. 2008. La foto del prontuario de Apolonia Flores (12) está en el Archivo del Terror, y de allí envió Margarita Durán, a propósito de la fecha.
