Por Federico Tatter @Fedetatter #relatosbreves #eranegra #paraguay #UNAnotecalles #Paraguaynotecalles #Memorianotecalles
Desde el Consulado de la República del Paraguay, situado en la calle San Lorenzo 179 de la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, Argentina, el cónsul y “agente secreto especial de enlace” de Alfredo Stroessner con los militares argentinos, Francisco Ortíz Téllez, condenado hoy en primer instancia en jurisdicción paraguaya por conocimiento necesario del secuestro del paraguayo opositor Agustín Goiburú, y señalado en la causa por los crímenes de la Operación Cóndor tramitada en la República Argentina, despachó una larga carta “confidencial” al secretario privado de la presidencia de la dictadura stronista, don Mario Abdo Benítez, en su despacho del Palacio de López, con fecha 20 de julio de 1984.
Saltarse los canales institucionales en la dictadura stronista, donde no había institucionalidad, o la que existía, era tan viscosa y arbitraria como las de cualquiera de las dictaduras totalitarizantes, más que una excepción era regla. Saltarse reglas, para pyragüerear, era en el stronismo, casi un acto patriótico. Aunque en el caso de Ortíz Téllez, para saltarse canales, había por lo menos dos razones de importancia.
La primera, la vinculación con los guiones rojos, y la larga amistad, incluso el padrinazgo de Mario Abdo Benítez, sobre su pupilo, el ex seminarista Francisco Ortíz Téllez, desde antes de los años setentas, en que éste militaba en la Seccional Colorada de Barrero Grande, hoy Eusebio Ayala, de importante rol en las acciones represivas a las contestaciones campesinas, revolucionarias y religiosas en los años sesentas en el departamento de Cordillera (Ortíz Téllez junto a otros seccionaleros, por sus acciones represivas contra sacerdotes, catequistas y el atraco a la iglesia de Eusebio Ayala, habían sido excomulgados en forma temporal por un naciente hombre de la Iglesia paraguaya, Ismael Rolón).
Así las cosas, a tal punto creció la empatía, que fue el propio Mario Abdo Benítez quien recomendó a Alfredo Stroessner, para que desde 1971 se nombrara a Francisco Ortíz Téllez como cónsul en la ciudad de Posadas, Argentina, con una misión especial, considerada como un premio para los más leales: espiar a los paraguayos exiliados y entablar contacto reservado con órganos represivos argentinos para identificar y hacer la vida más difícil a los paraguayos antistronistas.
La segunda, es que el propio dictador encomendó una tarea secretísima a Ortíz Téllez, ya un comprobado represor. Ser un correo preferencial directo con los militares argentinos afines y todos sus órganos represivos, legales e ilegales, función que cumplió con toda la extralimitación que tales prerrogativas le permitieron, desde 1971 hasta 1989. A tal punto que el propio Téllez reconoció que en forma periódica, su consulado recibía un “dossier secreto” de todas las actividades de los paraguayos en la Argentina, y de argentinos que realizaran actividades en relación a la lucha antidictatorial y prodemocrática solidaria con el pueblo paraguayo, redactado rutinariamente por el servicio de inteligencia del ejército argentino, como una “deferencia” entre militares autoritarios y anticomunistas. Cuando el dossier secreto, era de alta relevancia, el propio cónsul se dirigía a Buenos Aires, recibía en propias manos el documento, y él mismo lo llevaba para entregar también en propias manos al propio dictador Stroessner en su casa o en el Palacio de López. Máximo secreto, máxima confianza. Todo ello, desde 1971, antes de la llamada Operación Cóndor. En cierta forma vergonzante, Ortíz Téllez con el tiempo, no negó la existencia de la Operación Cóndor, aunque se dedicó a minimizar su participación, como simple correo entre represores, con una ironía: “...si el Cóndor existió, yo habré sido sólo un gorrión”. Todo indicaba que habría sido algo más que un "simple gorrión del terrorismo de estado". En próximo relato. El contenido de esta carta confidencial del 20 de julio de 1984.
Federico Tatter.
8 de noviembre de 2015. Asunción, Paraguay.
Corregido por Eugenia de Amoriza.
domingo, 8 de noviembre de 2015
NO RESISTEN ARCHIVOS
El documento. Durante el mes de noviembre de 1987, se llevó a cabo la XVII Conferencia de Ejércitos Americanos, CEA, en la balnearia ciudad de Mar del Plata, Argentina. En ese momento, la mayoría de los países estaban transitando procesos de democratización limitada tutelada bajo el Consenso de Washington, otros estaban en vías de ingresar a procesos más profundos de transición, y el Paraguay, vivía aún bajo la misma dictadura terrorista de estado, que mantenía a la nación paraguaya sojuzgada desde 1954. Sin dejar de anotar que en estricto sentido, con la sola excepción de una breve primavera democrática de escasos seis meses en el año 1946, el Paraguay nunca vivió un proceso democrático liberal formal real.
La Secretaría Ejecutiva Permanente de la CEA, produjo un documento bajo la carátula de “reservado”, que contenía incluso en su interior, algunos fragmentos, calificados de “secreto”. Un puñado de militares y exmilitares que no comulgaron con el terrorismo de estado cívico-militar en el cono sur, filtró el mismo y pasó de mano en mano por el movimiento de derechos humanos y de familiares de desaparecidos. Muchas madres de desaparecidos rescataron el informe, que en pleno 1987, los seguía considerando como “enemigos internos”, como el punto 4 de la probable evolución de la coyuntura que sentenciaba, en carácter de secreto: “La subversión tratará por todos los medios de buscar la unidad dentro de los distintos grupos, que orientados por tendencias distintas operan independientemente”.
El valor del rescate del documento. Muchos años después, varios investigadores y académicos, reconocieron que los familiares de desaparecidos políticos, encararon con seriedad su labor de denuncia y hasta tuvieron la posibilidad de realizar inteligencia sobre las características fundamentales de los ejércitos de las dictaduras latinoamericanas que decidieron en Whasington, el Canal de Panamá, y en varias embajadas extracontinentales, considerar a las poblaciones civiles latinoamericanas y sus liderazgos sociales, como objetivos militares a controlar y destruir.
Algunos redactores del documento. Por parte de la dictadura cívico-militar stronista, participaron el general de división don Andrés Rodríguez, el general de brigada don Rafael Benito Guanes Serrano, y el general de brigada don Francisco Sánchez González. El primero, Andrés Rodriguez, comandante de la Caballería, relacionado familiarmente al dictador, integró el primer anillo de la dictadura desde sus inicios y se consolidó luego de la purga de los capitanes en 1962, conocido por hacerse multimillonario dejando solamente de fumar, fue cabeza de varios grupos de enriquecimiento, y también, cabeza de un golpe cívico-militar palaciego en 1989 bajo recomendación norteamericana. El segundo, Rafael Benito Guanes Serrano, considerado principal planificador y ejecutor de la Operación Cóndor en Paraguay junto a Alejandro Fretes Dávalos, fue un aficionado a la acumulación de tierras paraguayas para la reforma agraria, y conocido por sus artes en el mundo de la inteligencia militar. El tercero, Francisco Sánchez, fue conocido como el hombre fuerte de la III división de infantería con asiento en San Juan Bautista de las Misiones, quien desde 1969, organizó su propia red de inteligencia militar, con seccionaleros, comisarios rurales y docentes, todos del partido de estado, sobre las incipientes ligas agrarias campesinas, mucho antes de la gran represión de 1976, y fue quien acompañó el golpe palaciego de 1989, reemplazó a Alcibíades Brítez Borges, otro gran aficionado a las tierras ajenas, para transformarse en el primer jefe de policía del poststronismo, quien tuvo a su cargo la guarda y depuración de los archivos de la represión política de Pastor Coronel, para su parcial destrucción y eventual hallazgo de los vestigios que conocemos como “del terror”.
Parte del contenido del documento. Y hablando del terror, de acuerdo a las deliberaciones, los diversos representantes de los ejércitos americanos, expresaron “el terror”, a toda forma de democracia real, en el proyecto de acuerdo número 4, de la página 27 que expresó textualmente: “Que la libertad irrestricta de los medios de comunicación establecida constitucionalmente para servir a los intereses nacionales de un país es aprovechada directa o indirectamente por la subversión para socabar los fundamentos de la sociedad, en su clara intensión de destruirla y reemplazarla por otra presuntamente más justa” (sic). Quedó muy claro, que cualquier escenario de pseudo democracia o democracia simulada, podría tolerarse por el temperamento militar, siempre y cuando, estuvieran los medios de comunicación bajo estricto control. (Haga un repaso del caso paraguayo, medio por medio, corporación por corporación).
Es lógico que los familiares de desaparecidos, tuvieran expresos recaudos al caracterizar el llamado proceso de transición en el Paraguay luego de 1989, sus peligros y enormes contradicciones, para alcanzar un real proceso de verdad, justicia y memoria.
En Paraguay, hay militares que no resisten a los archivos. Por ello, han recurrido a "limpiezas parciales" y enredos con archivos. ¿Le suena?
Federico Tatter.
18 de octubre de 2015. Asunción, Paraguay.
Corregido por Eugenia de Amoriza.
CASOS DE GABINETE
El ministerio de Relaciones Exteriores de la dictadura, a cargo de Carlos Augusto Saldívar, en los años ochentas, recibió órdenes de Alfredo Stroessner de prestar especial dedicación al seguimiento de las actividades de los ciudadanos contestatarios y opositores al stronismo en diversas partes del mundo donde la dictadura los exilió. En realidad, todos los ministros anteriores recibieron idénticas órdenes. El seguimiento de paraguayos en el exterior, fue una constante durante 35 años.
Pero este es el caso de los paraguayos exiliados en la Argentina, quienes desde 1983, acompañaron la recuperación de la democracia en ese país hermano, luego de siete años de terrorismo de estado atroz.
Desde sus inicios, el gobierno del doctor Raúl Alfonsín, apoyó con decisión la democratización en Paraguay y obviamente, apoyó todas las acciones de la comunidad paraguaya exiliada en ese país, quienes habían tenido sobre sus cabezas, dos dictaduras.
Tal dedicación le prestó el ministro Saldívar, que cuentan que tenía archivos bien ordenados en su propio gabinete para seguir paso a paso el Asunto. Una de sus carpetas llevaba el título: “Ministerio de Relaciones Exteriores, Gabinete del Ministro. Asunto: República Argentina. Actividades de Opositores. Misiones”.
Cuentan, que en ella fue hallada una copia de la comunicación V.P. N° 11, del 27 de febrero de 1985, enviada por el embajador paraguayo en la Argentina, Luis González Arias, dirigida directamente al ministro del Interior, doctor Sabino Augusto Montanaro, con una grave preocupación de estado. Textual: “Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia para informarle que día 8 de marzo próximo, se realizará una manifestación en frente a nuestra Embajada para celebrar (sic) el quinto aniversario del atraco a Caaguazú”.
Cabe aclarar. No fue una celebración, fue una demostración de protesta por la masacre de campesinos de Acaray-mi, donde aún hay diez desaparecidos, asesinados por fuerzas militares y paramilitares del partido colorado.
Continúa la nota de González Arias: “Remito adjunta una circular de la CPT en el Exilio, donde anuncian el programa de actos para el presente año”.
La paranoia natural del dictador permeó a toda la estructura del estado, a su entero servicio. El embajador González Arias hizo lo de todos. Cargó bien la tinta para demostrar su lealtad a toda prueba. Y bien que le sirvió. Pues el ministro Carlos Augusto Saldivar, el 24 de julio de 1986, a través de su D/M N° 149, le comunicó que por decreto N° 16.657, del día anterior, 23 de julio de 1986, el dictador lo nombró como su embajador representante permanente ante los organismos de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra, Suiza. Cosas del gabinete. Compensar los servicios prestados: seguir celosamente las actividades de los opositores paraguayos a la dictadura. De cuando perseguir paraguayos en el exterior era cuestión de estado. Un hecho en absoluto ilegal en cualquier régimen democrático.
Federico Tatter.
7 de octubre de 2015. Asunción, Paraguay.
Corregido por Eugenia de Amoriza.
HOSTIGAMIENTO AL DISTINGUIDO DOCTOR BELLASAI
Por Federico Tatter @Fedetatter #relatosbreves #eranegra #paraguay #UNAnotecalles #Paraguaynotecalles #Memorianotecalles
El 13 de enero de 1987, bajo referencia del “Caso 9713”, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dentro de sus procedimientos institucionales, envió una comunicación a la dictadura stronista a través de su canal, el ministro de Relaciones Exteriores, el doctor Carlos Augusto Saldívar, para ampliar el reclamo acerca de las continuas detenciones arbitrarias hacia el movimiento social y político (Fetraban, Resk, Saguier), el movimiento estudiantil (Caso de Clínicas), y el movimiento campesino (Tavapy II), sea bajo amenaza o sospecha de infligir las leyes liberticidas 209 y 294, sea, bajo las atribuciones autoritarias del artículo 79 de la Constitución Nacional, de perpetuidad del estado de sitio.
La ampliación de la denuncia a cargo de los reclamantes, inició así: “En adición a nuestra denuncia anterior queremos informarles que entre los múltiples casos de reiteradas detenciones que se han venido sucediendo últimamente con tanta frecuencia en Paraguay para hostigar y atemorizar a quienes protestan o discrepan cívicamente de cualquier medida adoptada por el Gobierno, se encuentra el doctor José Bellasai, médico del Hospital de Clínicas de Asunción y distinguido miembro de la Asociación de Médicos”.
Las mencionadas leyes y artículos tenían bien ganado el nombre de “liberticidas”, pues su espíritu era en esencia autoritario y netamente represivo de cualquier contestación ciudadana, por más leve que fuera. Funcionaba como un garrote. Mejor aún, después del garrote real de la represión policial, los contestatarios, recibían otro, del “ámbito judicial”, con fiscales y jueces que continuaban “por otras vías”, la misma represión política arbitraria.
Pero, sigamos con la ampliación de la denuncia acercada a la CIDH el 24 de diciembre de 1986: “El doctor Bellasai detenido en abril de 1986 y poco tiempo después liberado fue apresado nuevamente, sin mandamiento judicial ni razón justificada alguna, el 23 de diciembre de 1986, por dos policías, mientras se encontraba atendiendo a sus pacientes en el Centro de Salud Oficial, es el poblado de Nueva Colombia, a unos 60 km de Asunción”.
En esta oportunidad, continúa el escrito: “...fue detenido por dos agentes de la policía los cuales se hicieron pasar por pacientes del galeno y procedieron a esposarlo y lo pasearon así públicamente por varias calles del pueblo para que todos lo vieran y después se lo llevaron a la Central de Policía en Asunción, donde permanece incomunicado. … Demandamos que se le formulen cargos oficialmente y se le ponga a la disposición del juez competente o se le ponga inmediatamente en libertad”.
Menos de un mes después, el 26 de enero de 1987, el ministerio de relaciones exteriores de la dictadura, a través de Francisco Barreiro “Poncho Pytá” Maffiodo, dió instrucciones de contestación a su embajada en Whasington a través de un lacónico telegrama: “Para embajador Martinez Mendieta Stop … Caso 9713 José Bellasai Stop Estuvo detenido en virtud del artículo 79 de la Constitución Nacional Stop Goza de perfecta salud y total libertad Stop Barreiro”. Sin dudas, la pluma filosa del diario Patria, se melló. Ya no asustó a nadie, sólo vergüenza ajena.
El “doble método policial-judicial”, acompañado de criminalización a través de la propaganda de estado, fue utilizado por el régimen dictatorial, para propalar nacional e internacionalmente, que la represión política estuvo enmarcada siempre “dentro de las leyes y la Constitución Nacional de una democracia”. No fue más que un recurso, para esquivar la acertada caracterización de “dictadura”. La "era de paz y progreso del segundo reconstructor", no pasó de ser una era negra, plagada de oscurantismo, atrocidades y farsas.
Este método de enmascaramiento de la arbitrariedad, nos servirá para realizar analogías más adelante, y entender el temperamento represor inmanente del estado paraguayo durante la transición, que se mantiene hasta la actualidad. La pulsión manifiesta del poder del estado de rodear de legalidad, sus abusos y arbitrariedades, pero sin perder el estatus de “democrático”, ante la opinión pública nacional, y ante organismos internacionales.
Federico Tatter.
4 de octubre de 2015. Asunción, Paraguay.
Corregido por Eugenia de Amoriza.
El 13 de enero de 1987, bajo referencia del “Caso 9713”, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dentro de sus procedimientos institucionales, envió una comunicación a la dictadura stronista a través de su canal, el ministro de Relaciones Exteriores, el doctor Carlos Augusto Saldívar, para ampliar el reclamo acerca de las continuas detenciones arbitrarias hacia el movimiento social y político (Fetraban, Resk, Saguier), el movimiento estudiantil (Caso de Clínicas), y el movimiento campesino (Tavapy II), sea bajo amenaza o sospecha de infligir las leyes liberticidas 209 y 294, sea, bajo las atribuciones autoritarias del artículo 79 de la Constitución Nacional, de perpetuidad del estado de sitio.
La ampliación de la denuncia a cargo de los reclamantes, inició así: “En adición a nuestra denuncia anterior queremos informarles que entre los múltiples casos de reiteradas detenciones que se han venido sucediendo últimamente con tanta frecuencia en Paraguay para hostigar y atemorizar a quienes protestan o discrepan cívicamente de cualquier medida adoptada por el Gobierno, se encuentra el doctor José Bellasai, médico del Hospital de Clínicas de Asunción y distinguido miembro de la Asociación de Médicos”.
Las mencionadas leyes y artículos tenían bien ganado el nombre de “liberticidas”, pues su espíritu era en esencia autoritario y netamente represivo de cualquier contestación ciudadana, por más leve que fuera. Funcionaba como un garrote. Mejor aún, después del garrote real de la represión policial, los contestatarios, recibían otro, del “ámbito judicial”, con fiscales y jueces que continuaban “por otras vías”, la misma represión política arbitraria.
Pero, sigamos con la ampliación de la denuncia acercada a la CIDH el 24 de diciembre de 1986: “El doctor Bellasai detenido en abril de 1986 y poco tiempo después liberado fue apresado nuevamente, sin mandamiento judicial ni razón justificada alguna, el 23 de diciembre de 1986, por dos policías, mientras se encontraba atendiendo a sus pacientes en el Centro de Salud Oficial, es el poblado de Nueva Colombia, a unos 60 km de Asunción”.
En esta oportunidad, continúa el escrito: “...fue detenido por dos agentes de la policía los cuales se hicieron pasar por pacientes del galeno y procedieron a esposarlo y lo pasearon así públicamente por varias calles del pueblo para que todos lo vieran y después se lo llevaron a la Central de Policía en Asunción, donde permanece incomunicado. … Demandamos que se le formulen cargos oficialmente y se le ponga a la disposición del juez competente o se le ponga inmediatamente en libertad”.
Menos de un mes después, el 26 de enero de 1987, el ministerio de relaciones exteriores de la dictadura, a través de Francisco Barreiro “Poncho Pytá” Maffiodo, dió instrucciones de contestación a su embajada en Whasington a través de un lacónico telegrama: “Para embajador Martinez Mendieta Stop … Caso 9713 José Bellasai Stop Estuvo detenido en virtud del artículo 79 de la Constitución Nacional Stop Goza de perfecta salud y total libertad Stop Barreiro”. Sin dudas, la pluma filosa del diario Patria, se melló. Ya no asustó a nadie, sólo vergüenza ajena.
El “doble método policial-judicial”, acompañado de criminalización a través de la propaganda de estado, fue utilizado por el régimen dictatorial, para propalar nacional e internacionalmente, que la represión política estuvo enmarcada siempre “dentro de las leyes y la Constitución Nacional de una democracia”. No fue más que un recurso, para esquivar la acertada caracterización de “dictadura”. La "era de paz y progreso del segundo reconstructor", no pasó de ser una era negra, plagada de oscurantismo, atrocidades y farsas.
Este método de enmascaramiento de la arbitrariedad, nos servirá para realizar analogías más adelante, y entender el temperamento represor inmanente del estado paraguayo durante la transición, que se mantiene hasta la actualidad. La pulsión manifiesta del poder del estado de rodear de legalidad, sus abusos y arbitrariedades, pero sin perder el estatus de “democrático”, ante la opinión pública nacional, y ante organismos internacionales.
Federico Tatter.
4 de octubre de 2015. Asunción, Paraguay.
Corregido por Eugenia de Amoriza.
CAMPOS ALUM Y LA FEDRE (II y última parte)
La dictadura stronista nunca pudo atajar el nacimiento de decenas de expresiones organizadas del estudiantado paraguayo, pero dedicó y transformó a todas las instituciones del estado para combatir con saña a todos los movimientos estudiantiles antidictatoriales, a los democráticos, y muy especialmente, a los revolucionarios. Así comenzamos la primera parte del relato. Hoy continuamos.
El riguroso informe secreto Número 14 de fecha 18 de febrero de 1963, de dos páginas de Antonio Campos Alum, director general eterno de “La Técnica”, acerca de las actividades de la Federación de Estudiantes Democráticos Revolucionarios, FEDRE, sigue así.
La FEDRE en ese año, contó con un secretariado central que incluyó a los universitarios y secundarios y contó con un secretario por cada colegio o casa de estudios, y a su vez, en cada entidad educativa, un secretario por curso o aula.
Campos Alum identifica, “La FEDRE está dirigido por el doctor Ignacio Benigno Fernández ... La principal tarea es la del reclutamiento. La afiliación de nuevos miembros para ir ensanchando la esfera de actividad...”.
A finales de 1962, sus integrantes mantuvieron reuniones con otras juventudes políticas, como las del MOPOCO, ALON, JUVENTUD FEBRERISTA y DEMOCRATAS CRISTIANOS.
Finaliza Campos Alum: “En esta reunión, donde asistieron los representantes de los citados movimientos, cuyos nombres no conocemos porque se manejan con seudónimos, no se aceptó la propuesta del MOPOCO, de ejecutar actos de sabotajes y terrotismo (sic). Sin embargo se llegó a un acuerdo conjunto para realizar una pintada mural de carácter general contra las elecciones (de la dictadura), cuyo lema debía ser: REELECCION NO – REVOLUCION SI. Asimismo, se llegó a un acuerdo conjunto con los jóvenes del MOPOCO, FEDRE, JUVENTUD FEBRERISTA y ALON, de efectuar mítines relámpagos en los cines y teatros lo mismo que en cualquier otro espectáculo.
La FEDRE, por lo menos la fuente desconoce, no tenía planes de terrorismo, por la razón apuntada más arriba. Es decir, que el Partido Comunista consideraba a este tipo de manifestaciones apresuradas de AVENTURISTAS (sic)”.
La represión ejercida por la dictadura con cárcel prolongada, tortura, exilios prolongados y desapariciones forzadas, demostró posteriormente, que fue sistemática y utilizada como medio de control social y político. A ello se denominó terrorismo de estado, que desplegó por lo menos 120 campañas represivas, a un ritmo de casi 4 campañas por año, una cada tres meses. Por tanto fue terrorismo desde el estado, el sistema dictatorial stronista, 1954-1989. Y uno de sus principales ejecutores, sin dudas, Antonio Campos Alum.
Federico Tatter.
2 de octubre de 2015. Asunción, Paraguay.
Fragmento de una copia de la página 2 del informe secreto número 14 redactado por Antonio Campos Alum en 1963.
Corregido pacientemente por Eugenia de Amoriza.
CAMPOS ALUM Y LA FEDRE (I)
El movimiento estudiantil paraguayo fue protagonista político durante todo el siglo XX, a pesar del estado autoritario. Su historia aún espera un relato amplio e incluyente. Los actuales relatos que buscan compendiar apresuradamente el protagonismo del estudiantado paraguayo en la vida nacional, al margen de la buena voluntad, a veces, buscando visibilizar sólo algunas parcialidades, dejan en el camino de la invisibilidad procesos más profundos de los que buscaron destacar. A veces, oscurecen y se saltan grandes períodos, con el afán de iluminar sólo unos pocos que resultan lugares comunes y cómodos conocer. Falta aún una historia política y social del movimiento estudiantil paraguayo con rigor histórico y científico, periodización seria, sin saltos, sin agujeros negros u omisiones, que se dieron a veces por limitaciones de acceso a fuentes, o limitaciones ideológicas para interpretarlas.
La dictadura stronista, por ejemplo, nunca pudo atajar el nacimiento de decenas de expresiones organizadas del estudiantado paraguayo, pero dedicó y transformó a todas las instituciones del estado para combatir con saña a todos los movimientos estudiantiles antidictatoriales, a los democráticos, y muy especialmente, a los revolucionarios. En la misma medida, en que usó toda su fuerza para crear organismos pseudo estudiantiles “amarillos, funcionales y afines al partido-estado”, dóciles a la dictadura, con pseudo dirigentes rentados, que no pasaron de ser pyragüés a sueldo de Investigaciones, Educación o alguna otra dependencia estatal que les brindara rubro, sueldo o un contrato. (Para éstos últimos, las casas de estudiantes, el monopolio de las becas a nivel nacional e internacional vía afiliación, y un cargo en el estado como recompensa. Así, a través de la institución del “pyragüé”, generaciones enteras de jóvenes fueron financiadas por el estado, a cambio de la delación, y a veces, de la participación de éstos en actos represivos hacia otros estudiantes).
Es conocido el caso de estudiantes y recién egresados de derecho durante la dictadura, que participaron, además del pyragüereato, en indagatorias con torturas en las propias instalaciones de la policía política, como el caso de la represión al movimiento bancario, Fetraban en los años ochentas del siglo pasado.
Hasta aquí, el contexto. Ahora veamos cuán bien investigó y conoció la oficina policíaca y de inteligencia política especializada en el combate al comunismo, la temible Dirección Nacional de Asuntos Técnicos (DNAT, 1955-1992), popularmente conocida como “La Técnica”, dirigida por el agente formado por los Estados Unidos de América, Antonio Campos Alum, quien dependió directamente del Ministerio del Interior, y sobrevivió a Edgar Linneo Insfrán, a Augusto Sabino Montanaro, jubilándose tranquilamente en 1992, dos años después del golpe de estado narco-paralaciego de 1989. Vivió protegido por la comunidad de inteligencia nacional e internacional y murió impune en el Sanatorio San Roque del Paraguay, sólo hace un par de años.
Con carácter “SECRETO”, el doctor Antonio Campos Alum, redactó el Informe N° 14 de dos páginas, producido por SI-DNAT y fechado el 18 de febrero de 1963, para todas las dependencias de inteligencia, seguridad, policiales y militares, referente a la Federación de Estudiantes Democráticos Revolucionarios, FEDRE. Iniciativa estudiantil invisibilizada de entre los invisibles.
Inició así: “Según informaciones suministradas por fuentes responsables, la FEDRE (Federación de Estudiantes Democráticos Revolucionarios) es un organismos de “frentes”, que trata de aglutinar a todos los estudiantes de izquierda. No tiene dependencia del FULNA, pero sí mantiene estrecho contacto con el Partido Comunista Paraguayo. Vale decir, que es un órgano colateral del Partido, con igual equivalencia al FULNA. Ambos dependen del Partido Comunista”.
Continúa Campos Alum, “La FEDRE está en período de crecimiento … ha mantenido desde 1961, conversaciones con los dirigentes de los movimientos juveniles: MOPOCO, ALON, JUVENTUD FEBRERISTA Y DEMÓCRATAS CRISTIANOS. Se ha llegado a un acuerdo entre ellos para la preparación de una campaña de agitación sobre la base de oponerse a la reelección de (Alfredo) Stroessner”.
Según Campos Alum, Inmediatamente y a raíz de procedimientos policiales, se produjo la dispersión de los dirigentes de la FEDRE y los propósitos no pudieron cumplirse. Pero a fines de 1962, se reorganizaron y volvieron a los contactos “por arriba” con los dirigentes de otros movimientos. No estuvieron de acuerdo a la propuesta del MOPOCO de realizar actos de sabotajes a la reelección, pero sí la FEDRE, les propuso a los demás acciones de movilización hacia un levantamiento general contra “el gobierno dictatorial”, y por la formación de un gobierno provisorio de democratización nacional.
Cuando el informe de inteligencia policial dice "dispersión", debemos entender que ello se concretó a través de detenciones arbitrarias, tortura y muy fuerte, amenazas de muerte, exilio incluso hasta nuestros días, prisión prolongada hasta de 11 años sin juicio de muchos de sus integrantes, y la desaparición forzada de otros. Marcó la vida y la muerte de muchos paraguayos y paraguayas.
(Continuará en segunda entrega).
Federico Tatter.
28 de setiembre de 2015. Asunción, Paraguay.
* La foto que acompaña el relato, es un fragmento de una copia de la primera página del Informe secreto N° 14, del 18 de febrero de 1963 redactado por Antonio Campos Alum, acerca de la FEDRE.
** Relato corregido con denuedo por Eugenia de Amoriza.
EL DESVIADO PÉREZ BARQUIN
Por Federico Tatter @Fedetatter #relatosbreves #eranegra #paraguay
El 4 de agosto de 1977, el director de Culto de la dictadura, Manfredo Ramírez Russo, informó como era su regla, al profesor Juan Livieres Argaña, embajador del Paraguay ante la Santa Sede, acerca de un asunto muy importante y delicado relacionado a la línea de la pedagogía de la liberación. Según sus informes, ésta había asentado sus reales en el área de la enseñanza de la catequesis en el Colegio San José.
La dirección de Culto, actuó por insistencia de un padre de familia, quien denunció expresamente la utilización de la Biblia Latinoamericana.
El ministerio de Educación realizó un rápido trabajo sobre los directores del colegio. La inquisición estuvo a cargo de Ramírez Russo, quien ya se había entrenado con la intervención al Colegio Cristo Rey con anterioridad. Se sumó el departamento de Investigaciones, a cargo de Pastor Coronel y el inspector Alberto Buenaventura Cantero, con un trabajo directamente represivo sobre la humanidad del coordinador de la catequesis del nivel primario, de nacionalidad española, de nombre Andrés Pérez Barquin. (Había ingresado al Paraguay como hermano Lasalle, estuvo trabajando en la localidad de Pozo Colorado, Chaco Paraguayo, durante muchos años, luego se retiró de la congregación, para finalmente ingresar como docente al Colegio San José).
Ramírez Russo fue categórico: éste docente, “...estaba desviado tanto desde el punto de vista religioso como desde el punto de vista de los requerimientos y objetivos de la educación nacional”.
El proceso fue rápido. Durante una semana lo mantuvieron detenido en Investigaciones. Tiempo suficiente para un allanamiento de su vivienda, coordinadas entre Investigaciones y la Dirección de Culto. Revolvieron toda la casa, bibliografía, gran parte de los trabajos, libros, y demás documentos. La sentencia final, llegó como un rayo.
El ministro de Educación Raúl Peña, determinó que Andrés Pérez Barquin, fuera expulsado del Paraguay en el plazo de 24 horas. La orden se cumplió con religiosa puntualidad.
Federico Tatter.
24 de setiembre de 2015. Asunción, Paraguay.
Corregido por Eugenia de Amoriza.
LOS DIEZ DE CAAGUAZÚ
@Fedetatter #relatosbreves #eranegra #paraguay
El 10 de marzo de 1980, el Ministerio del Interior dio a conocer el comunicado: ”En la madrugada del sábado 8 del corriente, a la altura del kilómetro 37 de la ruta que conduce a Ciudad Presidente Stroessner a nuestra capital, un grupo de maleantes armados de revólveres y armas blancas, asaltó un ómnibus de pasajeros de la empresa Rápido Caaguazú. Los asaltantes, por medios violentos, despojaron de joyas y dinero a los viajeros. Los delincuentes, perseguidos por las autoridades de represión del contrabando del Ministerio de Hacienda que actúan en la zona, abandonaron el ómnibus luego de herir al inspector de Hacienda, Angel Stucemeider y al sub-alcalde Alejandro Moreno, internándose en los montes a la altura del camino que conduce a la Colonia Tobatí. Los pobladores de la zona que colaboran con las autoridades han identificado a algunos de los asaltantes.
Este ministerio ha encomendado a las autoridades civiles de la jurisdicción a adoptar las medidas conducentes a aclarar debidamente los hechos y a la detención de los delincuentes. Colaboran estrechamente autoridades militares. Oportunamente serán ampliadas estas informaciones”. (José María Blanch, 1991).
El 15 de marzo de 1980, el Ministerio del Interior emitió un segundo comunicado:
“En relación con el asalto a mano armada al ómnibus de la Empresa Caaguazú, hecho ocurrido el día sábado 8 pasado, la Secretaría de Prensa del Ministerio del Interior formula las siguientes ampliaciones a la información que fuera dada a conocer en fecha 9 del corriente mes:
1. En conocimiento de lo ocurrido, las autoridades a cuya jurisdicción corresponde tomar las medidas del caso, se abocaron a realizar las investigaciones para esclarecer lo ocurrido e identificar y detener a los autores del asalto. Las fuerzas de seguridad se vieron asistidas por miembros de las seccionales coloradas de Juan Manuel Frutos y de Campo 9, con cuya espontánea colaboración se contó desde el primer momento al igual que con los pobladores y agricultores del lugar que decididamente cooperaron con los representantes del orden, manifestando su repulsa ante este inusual suceso. Igualmente, los miembros de la seccional colorada de Caaguazú se agruparon rápidamente junto a las autoridades cuando los maleantes se desplazaron hacia este último sector, prestando su valioso concurso para localizar a los delincuentes, que en número de veinte habían perpetrado estos hechos y se hallaban ocultos en el monte, donde fueron rodeados .
2. Al encontrarse en esta situación, los maleantes abrieron fuego contra las fuerzas del orden, produciéndose un enfrentamiento armado del que resultaron heridos el mayor DEM Carlos Alberto Ayala González, de la II División de Infantería, que se encontraba al mando de tropas regulares, y el alcalde policial de la Delegación de Gobierno de Caaguazú, Romualdo Rolón. También resultaron heridos los milicianos colorados Felipe Giménez y César Duré y el conscripto Arístides Ortigoza.
3. En la misma refriega cayeron muertos los asaltantes: Estanislao Sotelo, Mario Ruiz Díaz, Secundino Segovia Brítez, Feliciano Verdún, Federico Gutiérrez, Adolfo César Britos, Concepción González, Fulgencio Castillo Uliambre, Gumercindo Brítez y Reinaldo Gutiérrez y
heridas las mujeres Apolinaria González y Apolonia Flores. Esta última se halla internada en el Policlínico policial de Asunción. Se encuentran detenidos Felipe Flores, Arcadio Flores, Mariano o Marciano Martínez y Arnaldo Flores, a más de las dos citadas mujeres.
4. Las fuerzas de seguridad y quienes cooperan con ellas continúan la persecución de los prófugos: Victoriano Centurión, Gill Santos Duré, Francisco Solano Duré y Vidal Martínez, con el propósito de detenerlos. Todos los antecedentes serán elevados, oportunamente a la justicia ordinaria” (José María Blanch, 1991).
Contrastando con la versión de la dictadura acerca de los hechos del “Caso Caaguazú”, se remontaronn a principios de 1970, cuando un grupo de campesinos decidió poblar terrenos fiscales situados en la orilla izquierda del río Acaray, a unos 40 kilómetros de Puerto Presidente Stroessner (hoy Ciudad del Este). Aunque la ocupación de las tierras se hizo con permiso del Instituto de Bienestar Rural (IBR), esta institución no expidió títulos a la colonia, en la inteligencia de que cuando hubiera producción iba a encargarse de dar los títulos, según refiere uno de los líderes del grupo, Victoriano Centurión. Pero pasó el tiempo y el título no se expidió, al mismo tiempo que la esposa de un general, Muquí de Ramos Giménez, reclamó la propiedad de las tierras. Para sorpresa de los colonos, se extravió el único comprobante que tenían del antiguo compromiso del IBR: la contraseña número 5859, del 30 de julio de 1976. En 1978, la abogada de los colonos, Mercedes Vergara de Heydel, pidió al IBR, inútilmente, el reconocimiento de los derechos de los campesinos sobre la tierra que habían desmontado y cultivado. En 1980, las fuerzas armadas sitiaron la colonia Acaray, y la situación se volvió tan angustiosa para los pobladores, que decidieron viajar a la capital para reclamar sus derechos y buscar el apoyo de la opinión pública. Tardíamente, el IBR produjo el título solicitado, recién en 1982 (Testimonio de Victoriano Centurión, Caaguazú, 1980).
Nunca hubo justicia para los campesinos de Acaray-Mí. Los diez asesinados, hasta hoy, siguen desaparecidos. El estado sigue en deuda con Caaguazú y sus víctimas. Deudas nuevas sobre otras más antiguas, mientras la simulación buscó y busca cubrir la precipitada fuga de la impunidad.
Federico Tatter.
21 de setiembre de 2015. Asunción, Paraguay.
El 10 de marzo de 1980, el Ministerio del Interior dio a conocer el comunicado: ”En la madrugada del sábado 8 del corriente, a la altura del kilómetro 37 de la ruta que conduce a Ciudad Presidente Stroessner a nuestra capital, un grupo de maleantes armados de revólveres y armas blancas, asaltó un ómnibus de pasajeros de la empresa Rápido Caaguazú. Los asaltantes, por medios violentos, despojaron de joyas y dinero a los viajeros. Los delincuentes, perseguidos por las autoridades de represión del contrabando del Ministerio de Hacienda que actúan en la zona, abandonaron el ómnibus luego de herir al inspector de Hacienda, Angel Stucemeider y al sub-alcalde Alejandro Moreno, internándose en los montes a la altura del camino que conduce a la Colonia Tobatí. Los pobladores de la zona que colaboran con las autoridades han identificado a algunos de los asaltantes.
Este ministerio ha encomendado a las autoridades civiles de la jurisdicción a adoptar las medidas conducentes a aclarar debidamente los hechos y a la detención de los delincuentes. Colaboran estrechamente autoridades militares. Oportunamente serán ampliadas estas informaciones”. (José María Blanch, 1991).
El 15 de marzo de 1980, el Ministerio del Interior emitió un segundo comunicado:
“En relación con el asalto a mano armada al ómnibus de la Empresa Caaguazú, hecho ocurrido el día sábado 8 pasado, la Secretaría de Prensa del Ministerio del Interior formula las siguientes ampliaciones a la información que fuera dada a conocer en fecha 9 del corriente mes:
1. En conocimiento de lo ocurrido, las autoridades a cuya jurisdicción corresponde tomar las medidas del caso, se abocaron a realizar las investigaciones para esclarecer lo ocurrido e identificar y detener a los autores del asalto. Las fuerzas de seguridad se vieron asistidas por miembros de las seccionales coloradas de Juan Manuel Frutos y de Campo 9, con cuya espontánea colaboración se contó desde el primer momento al igual que con los pobladores y agricultores del lugar que decididamente cooperaron con los representantes del orden, manifestando su repulsa ante este inusual suceso. Igualmente, los miembros de la seccional colorada de Caaguazú se agruparon rápidamente junto a las autoridades cuando los maleantes se desplazaron hacia este último sector, prestando su valioso concurso para localizar a los delincuentes, que en número de veinte habían perpetrado estos hechos y se hallaban ocultos en el monte, donde fueron rodeados .
2. Al encontrarse en esta situación, los maleantes abrieron fuego contra las fuerzas del orden, produciéndose un enfrentamiento armado del que resultaron heridos el mayor DEM Carlos Alberto Ayala González, de la II División de Infantería, que se encontraba al mando de tropas regulares, y el alcalde policial de la Delegación de Gobierno de Caaguazú, Romualdo Rolón. También resultaron heridos los milicianos colorados Felipe Giménez y César Duré y el conscripto Arístides Ortigoza.
3. En la misma refriega cayeron muertos los asaltantes: Estanislao Sotelo, Mario Ruiz Díaz, Secundino Segovia Brítez, Feliciano Verdún, Federico Gutiérrez, Adolfo César Britos, Concepción González, Fulgencio Castillo Uliambre, Gumercindo Brítez y Reinaldo Gutiérrez y
heridas las mujeres Apolinaria González y Apolonia Flores. Esta última se halla internada en el Policlínico policial de Asunción. Se encuentran detenidos Felipe Flores, Arcadio Flores, Mariano o Marciano Martínez y Arnaldo Flores, a más de las dos citadas mujeres.
4. Las fuerzas de seguridad y quienes cooperan con ellas continúan la persecución de los prófugos: Victoriano Centurión, Gill Santos Duré, Francisco Solano Duré y Vidal Martínez, con el propósito de detenerlos. Todos los antecedentes serán elevados, oportunamente a la justicia ordinaria” (José María Blanch, 1991).
Contrastando con la versión de la dictadura acerca de los hechos del “Caso Caaguazú”, se remontaronn a principios de 1970, cuando un grupo de campesinos decidió poblar terrenos fiscales situados en la orilla izquierda del río Acaray, a unos 40 kilómetros de Puerto Presidente Stroessner (hoy Ciudad del Este). Aunque la ocupación de las tierras se hizo con permiso del Instituto de Bienestar Rural (IBR), esta institución no expidió títulos a la colonia, en la inteligencia de que cuando hubiera producción iba a encargarse de dar los títulos, según refiere uno de los líderes del grupo, Victoriano Centurión. Pero pasó el tiempo y el título no se expidió, al mismo tiempo que la esposa de un general, Muquí de Ramos Giménez, reclamó la propiedad de las tierras. Para sorpresa de los colonos, se extravió el único comprobante que tenían del antiguo compromiso del IBR: la contraseña número 5859, del 30 de julio de 1976. En 1978, la abogada de los colonos, Mercedes Vergara de Heydel, pidió al IBR, inútilmente, el reconocimiento de los derechos de los campesinos sobre la tierra que habían desmontado y cultivado. En 1980, las fuerzas armadas sitiaron la colonia Acaray, y la situación se volvió tan angustiosa para los pobladores, que decidieron viajar a la capital para reclamar sus derechos y buscar el apoyo de la opinión pública. Tardíamente, el IBR produjo el título solicitado, recién en 1982 (Testimonio de Victoriano Centurión, Caaguazú, 1980).
Nunca hubo justicia para los campesinos de Acaray-Mí. Los diez asesinados, hasta hoy, siguen desaparecidos. El estado sigue en deuda con Caaguazú y sus víctimas. Deudas nuevas sobre otras más antiguas, mientras la simulación buscó y busca cubrir la precipitada fuga de la impunidad.
Federico Tatter.
21 de setiembre de 2015. Asunción, Paraguay.
COMO EN CUALQUIER PAIS DEL MUNDO LIBRE
Aclaraciones. Este relato abordará sólo un aspecto del llamado “Caso Caaguazú” iniciado entre el 7 y el 8 de marzo de 1980, porque el mismo es vasto, y aún hoy existe una gran impunidad a 35 años de los hechos y muchos de sus perpetradores siguen siendo perpetradores a la fecha.
No abordaremos la lucha campesina ante el IBR, las maniobras dilatorias y los intentos de jerarcas arrimados al stronismo para quedarse con las tierras de Acaray-mi, los responsables de la tragedia. No abordaremos el tema Costa Rosado, donde milicianos de la ANR con uniforme y parque paramilitar la sitiaron por meses sometiendo a esclavitud a más de 70 niños y niñas. Tampoco escribiremos acerca de la obligación a cadetes de la Academia Militar Mariscal Francisco Solano López para realizar su bautismo de fuego sobre campesinos paraguayos en pleno 1980. Tampoco acerca del ataque comandado por el general “Ayalita” y sus pares, que produjeron más de 300 detenciones, diez ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Todo ello, y más, precisarán de otros relatos ¿Entonces, de qué parte del caso Caaguazú escribiremos ahora?
Será acerca de parte de la defensa del régimen antes instancias internacionales, como las Naciones Unidas, la Corte IDH, Amnistía Internacional y gobiernos extranjeros, que habían establecido una red de observación mundial puntual sobre el stronismo. En 1980, al montaje de las acciones represivas militares, policiales y milicianas partidarias, considerada como una “caza de peligrosos guerrilleros”, siguió otro montaje judicial a cargo de jueces, fiscales y abogados alineados, para validar la matanza y el despojo.
Sobre esos dos montajes, otros agentes gubernamentales de “pechos fríos”, montaron un esquema de engaño a la comunidad internacional para propalar que se cumplía el debido proceso que en plena dictadura. Vamos a los hechos.
En la represión detuvieron a varios menores de edad, Apolinaria González, de 16 años, embarazada de tres meses, Apolonia Flores Rotela, de tan sólo 12 años, quien fue herida con arma de fuego, Arnaldo Flores, y días después, el 12 de marzo en la ciudad de San Lorenzo, Andrés Centurión Dávalos. El saldo mortal del ataque, fue el asesinato de diez campesinos, hasta hoy considerados como desaparecidos, enterrados en fosas clandestinas. Ellos eran Gumercindo Brítez, Estanislao Sotelo, Mario Ruiz Díaz, Secundino Segovia Brítez, Feliciano Verdún, Reinaldo Gutiérrez, Concepción González, Fulgencio Castillo Uliambre, Federico Gutiérrez y Adolfo César Brítez. Todos habrían sido enterrados en la zona de San Antonio-Mí.
Luego de 20 meses de los hechos, el 10 de noviembre de 1981, el ascendido subsecretario de relaciones exteriores, Francisco “Poncho Pytá” Barreiro Maffiodo, redactó una carta copiada del expediente judicial, dirigida al entonces secretario ejecutivo de la CIDH-OEA, Edmundo Vargas Carreño. Lo hizo en respuesta a la nota requisitoria de la propia CIDH del 29 de setiembre de 1981, acerca del llamado Caso 6812, conocido como “Caso Caaguazú”. Informó que el proceso judicial llevó la carátula de “asalto a mano armada, robo, homicidio frustrado, herida, usurpación de autoridad, tenencia ilegal de arma de fuego en Caaguazú”, sobre 14 campesinos y campesinas, incluidos los cuatro menores de edad, y que a todos, les confirmaron la reclusión en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. Absolutamente ni una sola palabra sobre investigación fiscal alguna acerca de los 10 campesinos asesinados y desaparecidos por agentes de estado y milicianos paramilitares. Dejà vu Curuguaty.
Textual escribió: “Entiende en estos autos el Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal del Quinto Turno a cargo del Juez doctor José Francisco Appleyard, secretaría número 9, a cargo de María Angélica de Sarubbi y el Agente Fiscal en lo Criminal del Sexto Turno doctor Edgar Stanley”.
Luego, que los detenidos nombraron diversos abogados defensores, la mayoría del Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia, CIPAE (que había sido creado precisamente ante las masivas detenciones arbitrarias). Ellos fueron los abogados Francisco José de Vargas, Digno Brítez Pérez, Heriberto Alegre, Alejandro Ladalardo, Juan Manuel Benítez y Miguel Abdón Saguier.
Siguió informando acerca de los menores detenidos, y que fueron designados varios “tutores apud acta”. Por Andrés Centurión, Arnaldo Flores y Apolinaria González el abogado Francisco José de Vargas; por Apolonia Flores, la madre superiora Sor Venancia Ramírez.
Continuó conque por el un auto interlocutorio del 22 de noviembre de 1980, el juzgado levantó la prisión preventiva a Apolonia Flores (12 años de edad), recién después de ocho meses de prisión. También, que a través de otro auto interlocutorio de fecha 26 de enero de 1981, el mismo juzgado, concedió un incidente de imputabilidad a Apolinaria González (16 años de edad), y por tanto, el levantamiento de la preventiva, sólo después de diez meses de prisión. Más celeridad para el juzgado tuvieron los diez querellantes de los campesinos, quienes tuvieron un sólo abogado. Justamente el relacionado en varios casos al departamento de Investigaciones de la Policía de la Capital, Diógenes Martínez.
El subsecretario de relaciones exteriores se esforźo al máximo en hacer pasar gato por liebre a diestra y siniestra. Buscó hacer pasar un régimen criminal y represivo, como un estado de derecho, obviamente sin suerte. Repitió el mismo slogan a todas las cartas movilizadas por la comunidad internacional exigiendo respuestas por la detención de tantos menores de edad por tiempo tan prolongado. Sobre la persistencia de la detención de Andrés Centurión Dávalos a casi dos años de los hechos, el bate del diario Patria, respondió en un telegrama del 20 de noviembre de 1981: “El proceso sigue su curso normal como en cualquier país del mundo libre”. Dejà vu recargado.
Federico Tatter.
15 de setiembre de 2015. Asunción, Paraguay.
Foto. Fragmento de un telegrama respondiendo que las detenciones de menores son normales, como en cualquier país del mundo libre. Caso Caaguazú, 1980-1981.
Corrección de estilo y ortografia a cargo de Eugenia de Amoriza. Gracias.
ESE DOLOR SUBTERRÁNEO
@Fedetatter #relatosbreves #eranegra #paraguay
El domingo 13 de mayo de 1977, el semanario católico norteamericano “El Visitante”, de la diócesis portorriqueña, editado en español en la ciudad de Huntington, Indiana, publicó una crónica, referente a la grave situación del Paraguay, en base al despacho de una misteriosa agencia de noticias, LP, que incluso, tendría corresponsales en el propio Paraguay.
Este hecho puso en alerta los músculos inquisitoriales oficiales, y fue tomado como una cuestión de estado. Además, una bofetada a la capacidad investigadora de toda disidencia, que ostentaba la Misión Permanente del Paraguay ante las Naciones Unidas de la dictadura stronista, con sede en Nueva York.
Los entrenados y muy astutos pyragüés que tenían todo bajo control, en realidad, no tenían la menor idea de qué se trataba la tal agencia de noticias, que en sus policíacas narices, estaba enviando despachos a diarios y semanarios a los que estos mismos agentes estatales estaban suscritos, como el propio alto representante permanente, Francisco “Poncho Pytá” Barreiro Maffiodo, que ostentaba el número de suscripción 150BRR 7T4035596 Q124 6-77.
Este agente, dedicó sus días neoyorquinos a exigir derecho a réplica a toda publicación que no dijera la única verdad oficial de su único líder, al cual él representaba sin posibilidad de discusión alguna y hasta las últimas consecuencias (Fue uno de los creadores del famoso sello identitario de la "militancia stronista"). Pero vayamos a la nota que desató la ira de tan alta representación.
El semanario, que decía ser premiado por la Sociedad Intermaericana de Prensa, tituló: “Paraguay. Procesos contra subversivos”. Y en su volanta, citando la enigmática agencia, LP, decía en negritas: “El régimen militar más antiguo de Latinoamérica anunció procesos de prisioneros políticos, que sin tener precedentes parecen ser más un exhibicionismo que el ejercicio de la justicia”.
Y en el cuerpo, el artículo inició sin rodeos: “Ante la corte civil comparecen 45 de unos 350 prisioneros políticos en el campamento cerca de Emboscada, a 24 millas al nordeste de la capital. … Los procesos son una acción del gobierno del General Alfredo Stroessner aparentemente para acabar con la presión puesta por organismos de derechos humanos, Iglesias y hasta del mismo gobierno de EEUU”.
Sigue el artículo con palabras que señalan conocimiento profundo del momento histórico paraguayo, y que se mantendrá con el tiempo: “En Paraguay se ha vuelto costumbre encarcelar a los acusados de crímenes políticos sin cargos formales y sin que se les siga un juicio. Desde que Stroessner subió al poder en 1954, el estado de sitio vuelto constitucional permite que el gobierno prohíba demostraciones y reuniones públicas, suprima ciertos derechos civiles, arreste y haga prohibiciones arbitrarias, haga redadas y se apodere de propiedad privada y haga detenciones sin orden del juez”.
Continúa la crónica: “El año pasado solamente dos personas -entre 150 prisioneros, recluidos por mucho tiempo- fueron juzgadas: el profesor Antonio Maidana y Alfredo Alcorta. Dieciocho años antes, ambos fueron sentenciados a dos años y medio el primero y a un año en la cárcel el segundo por haber participado de una huelga general en 1958. Solamente en febrero pasado (1977), fueron puestos en libertad junto con Julio Rojas, otro de los prisioneros políticos que ha pasado muchísimo tiempo en la cárcel, batiendo records en la historia de Latinoamérica en este respecto”.
Finaliza “El Visitante”: “No es un secreto que la Jerarquía Católica del Paraguay se halla en conflicto con estos procederes de Stroessner durante los últimos años. Los jesuitas especialmente han sido objeto de persecuciones en Paraguay. Mientras tanto, Stroessner mantiene el control inteligente del contrabando de narcóticos y mantiene negocios con compañías extranjeras que controlan el 84% de la economía del país. Los procesos 'de burla' actuales no van a acabar con el sistema feudal en que se halla Paraguay”.
Fue lógico que la alta Misión Paraguaya ante las Naciones Unidas reaccionara informando a través de la nota 161/77/MR a su ministro Alberto Nogués, diciendo: “Qué origen tienen estos despachos de prensa? En los tiempos presentes ellos están menudeando. Pertenecen realmente a alguna agencia de noticias responsable? … O tienen otro origen más parcializado y hasta más subterráneo?”.
El término finalmente fue correcto. El dolor paraguayo que va y viene en círculos, fue y sigue siendo subterráneo y hasta invisible. Ayer y hoy conectados en el mismo dolor. ¿Te animas a trazar analogías entre el pasado reciente y la rumiante actualidad? Te sorprenderán las similitudes.
Federico Tatter.
11 de setiembre de 2015. Asunción, Paraguay.
Corregido por Eugenia de Amoriza.
Este hecho puso en alerta los músculos inquisitoriales oficiales, y fue tomado como una cuestión de estado. Además, una bofetada a la capacidad investigadora de toda disidencia, que ostentaba la Misión Permanente del Paraguay ante las Naciones Unidas de la dictadura stronista, con sede en Nueva York.
Los entrenados y muy astutos pyragüés que tenían todo bajo control, en realidad, no tenían la menor idea de qué se trataba la tal agencia de noticias, que en sus policíacas narices, estaba enviando despachos a diarios y semanarios a los que estos mismos agentes estatales estaban suscritos, como el propio alto representante permanente, Francisco “Poncho Pytá” Barreiro Maffiodo, que ostentaba el número de suscripción 150BRR 7T4035596 Q124 6-77.
Este agente, dedicó sus días neoyorquinos a exigir derecho a réplica a toda publicación que no dijera la única verdad oficial de su único líder, al cual él representaba sin posibilidad de discusión alguna y hasta las últimas consecuencias (Fue uno de los creadores del famoso sello identitario de la "militancia stronista"). Pero vayamos a la nota que desató la ira de tan alta representación.
El semanario, que decía ser premiado por la Sociedad Intermaericana de Prensa, tituló: “Paraguay. Procesos contra subversivos”. Y en su volanta, citando la enigmática agencia, LP, decía en negritas: “El régimen militar más antiguo de Latinoamérica anunció procesos de prisioneros políticos, que sin tener precedentes parecen ser más un exhibicionismo que el ejercicio de la justicia”.
Y en el cuerpo, el artículo inició sin rodeos: “Ante la corte civil comparecen 45 de unos 350 prisioneros políticos en el campamento cerca de Emboscada, a 24 millas al nordeste de la capital. … Los procesos son una acción del gobierno del General Alfredo Stroessner aparentemente para acabar con la presión puesta por organismos de derechos humanos, Iglesias y hasta del mismo gobierno de EEUU”.
Sigue el artículo con palabras que señalan conocimiento profundo del momento histórico paraguayo, y que se mantendrá con el tiempo: “En Paraguay se ha vuelto costumbre encarcelar a los acusados de crímenes políticos sin cargos formales y sin que se les siga un juicio. Desde que Stroessner subió al poder en 1954, el estado de sitio vuelto constitucional permite que el gobierno prohíba demostraciones y reuniones públicas, suprima ciertos derechos civiles, arreste y haga prohibiciones arbitrarias, haga redadas y se apodere de propiedad privada y haga detenciones sin orden del juez”.
Continúa la crónica: “El año pasado solamente dos personas -entre 150 prisioneros, recluidos por mucho tiempo- fueron juzgadas: el profesor Antonio Maidana y Alfredo Alcorta. Dieciocho años antes, ambos fueron sentenciados a dos años y medio el primero y a un año en la cárcel el segundo por haber participado de una huelga general en 1958. Solamente en febrero pasado (1977), fueron puestos en libertad junto con Julio Rojas, otro de los prisioneros políticos que ha pasado muchísimo tiempo en la cárcel, batiendo records en la historia de Latinoamérica en este respecto”.
Finaliza “El Visitante”: “No es un secreto que la Jerarquía Católica del Paraguay se halla en conflicto con estos procederes de Stroessner durante los últimos años. Los jesuitas especialmente han sido objeto de persecuciones en Paraguay. Mientras tanto, Stroessner mantiene el control inteligente del contrabando de narcóticos y mantiene negocios con compañías extranjeras que controlan el 84% de la economía del país. Los procesos 'de burla' actuales no van a acabar con el sistema feudal en que se halla Paraguay”.
Fue lógico que la alta Misión Paraguaya ante las Naciones Unidas reaccionara informando a través de la nota 161/77/MR a su ministro Alberto Nogués, diciendo: “Qué origen tienen estos despachos de prensa? En los tiempos presentes ellos están menudeando. Pertenecen realmente a alguna agencia de noticias responsable? … O tienen otro origen más parcializado y hasta más subterráneo?”.
El término finalmente fue correcto. El dolor paraguayo que va y viene en círculos, fue y sigue siendo subterráneo y hasta invisible. Ayer y hoy conectados en el mismo dolor. ¿Te animas a trazar analogías entre el pasado reciente y la rumiante actualidad? Te sorprenderán las similitudes.
Federico Tatter.
11 de setiembre de 2015. Asunción, Paraguay.
Corregido por Eugenia de Amoriza.
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