A PROPOSITO DE LA DEBIDA MEMORIA...
En los laberintos de la Justicia
Una causa judicial apunta por primera vez a los bancos privados que prestaron dinero a la Argentina entre 1976 y 1983. Fue impulsada hace un año por dos hijos de desaparecidos. Está paralizada y podría terminar en la Corte Suprema
Un conflicto de competencia dilata el inicio de la primera investigación sobre el último eslabón en la cadena de complicidades que permitió sostener a la dictadura militar: el financiamiento por parte de la banca privada extranjera. La causa podría por primera vez en la historia acusar de complicidad a los bancos que prestaron dinero a sabiendas de que colaboraban para el sostenimiento de un Estado que perpetraba delitos de lesa humanidad. El caso puede escalar a la Corte Suprema de Justicia, que deberá expedirse además sobre la imprescriptibilidad de los resarcimientos derivados de delitos contra los derechos humanos. El CELS presentará un recurso judicial para apoyar la investigación.
El expediente 95.019/2009 deambuló por tres juzgados desde el 18 de marzo de 2009, cuando Leandro Manuel Ibáñez y María Elena Perdighe –ambos hijos de desaparecidos– realizaron la presentación ante la Justicia Civil y Comercial federal. La carátula del expediente consigna que se trata de una “diligencia preliminar” para que el Banco Central informe acerca de los montos que entidades financieras internacionales prestaron al Estado argentino entre 1976 y 1983.
Ese pedido se sustenta en la investigación de Juan Pablo Bohoslavsky –director de la Maestría en Derecho Administrativo Global de la Universidad Nacional de Río Negro–, que junto a la investigadora de la Universidad de Nueva York Veerle Opgenhaffen logró establecer el nexo entre los préstamos de bancos comerciales y el mantenimiento del aparato represivo interno que llevaba adelante la dictadura.
Ese trabajo fue presentado por Bohoslavsky en la Universidad de Harvard el pasado 18 de febrero, en el marco de un simposio sobre derechos humanos. Entre los asistentes estaba John Ruggie, representante de Naciones Unidas para el área de Negocios y Derechos Humanos. El caso argentino cobró relevancia porque, basándose en esa experiencia, la ONU podría fijar los estándares globales que regularán en el futuro la responsabilidad de las empresas cuando de violaciones a los derechos humanos se trate. “Hasta ahora se habían concentrado en las contribuciones no financieras que facilitan violaciones a los derechos humanos, pero no en aportes de dinero”, afirmó Bohoslavsky en diálogo con Página/12.
Con la llegada a la presidencia del demócrata Jimmy Carter en 1977, la política de los Estados Unidos con respecto a la ayuda financiera a gobiernos dictatoriales dio un vuelco: los préstamos a países con conocidas violaciones a los derechos humanos como la Argentina fueron negados. La banca privada vio entonces la puerta abierta para ofrecer préstamos a altas tasas. Esa financiación permitió que la Junta Militar ampliara la deuda externa de 6648 millones de dólares en 1977 a 31.709 millones en 1983. El crecimiento exponencial del déficit entre ingresos y egresos estuvo acompañado de un aumento del porcentaje del PBI destinado al gasto militar, que creció del 2,04 al 4,39 por ciento durante esos años. La tesis de Bohoslavsky se sustenta en el derecho internacional y en las políticas que regulan la actividad financiera a nivel global. Es imposible que los bancos que prestaron dinero a los dictadores argentinos desconocieran que se producían crímenes de lesa humanidad, tras la postura explícita de la administración Carter y los informes sobre la Argentina publicados en ese momento por organismos de derechos humanos. Los bancos cuanto menos “incumplieron el deber de evaluar adecuadamente el riesgo crediticio del prestatario” al no respetar las reglas básicas que rigen la actividad financiera, donde no sólo se analiza la capacidad de pago sino el destino de los fondos. Las entidades “sabían” o “debían haber sabido” que los préstamos que giraron “permitieron, facilitaron o exacerbaron” los abusos a los derechos humanos, afirma el análisis. Esto los convierte en “responsables por complicidad”, remata.
El expediente está paralizado. El juez civil y comercial Luis María Márquez se declaró incompetente. Lo mismo hicieron las juezas María Gabriela Vasallo y Graciela González Echeverría. La Cámara en lo Civil y Comercial debe resolver ahora qué hacer con la causa. Si ratifica la incompetencia de ese fuero, la Corte Suprema tendrá que dirimir el asunto.
La causa es un hierro candente. El pedido de resarcimiento podría apuntar, entre otros, al Bank of America, Republic Bank of Dallas, Unión de Bancos Arabes y Franceses, Banco de la Sociedad Financiera Europea, D. G. Bank, Banco Europeo de Crédito, Unión de Bancos Suizos, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), Citibank, Banco de Boston, Chase Manufactures, Lloyds Bank, Wells Fargo, Marine Midland, Banco di Roma y Citicorp. El listado corresponde a los registros asentados en el fallo de la denominada sentencia Olmos, que prueba que las entidades facilitaron dinero a través de YPF, fachada tras la que se escondía el verdadero sistema de financiamiento a la Junta Militar.
El CELS, con la colaboración de la universidad británica de Essex, presentará en los próximos un recurso judicial con nuevos argumentos para la investigación, donde citará jurisprudencia internacional que avala la acusación por complicidad. Los abogados no descartan elaborar un listado propio de bancos y avanzar con la demanda civil contra ellos en base a sus antecedentes o recurrir a tribunales internacionales.
En un despacho de prensa de la Dirección de Verdad y Justicia y Reparación, programa autónomo de la Defenosría del Pueblo, consigna un nuevo hallazgo de restos humanos óseos en la zona de excavaciones de la Agrupación Especializada en el barrio de Tamcumbú, ciudad de Asunción. Y dice cuanto sigue: "En el día de la fecha, jueves 25 de marzo de 2010, se ha producido un nuevo hallazgo de restos óseos en el predio de la Agrupación Especializada; esto gracias al trabajo que viene desarrollando la Dirección General de Verdad Justicia y Reparación (DGVJR) a través de su área de Investigación de Desapariciones Forzadas y Ejecuciones Extrajudiciales, conjuntamente con el Ministerio del Interior y el Ministerio Público.
Son restos humanos óseos confirmados, es el cuatro localizado fehacientemente, y para ello es de destacar la importancia que esta investigación se encuadra en el marco de los trabajos sistemáticos de excavaciones, implementado desde finales del año 2009 por la DGVJR-DP, a fin de realizar una búsqueda exhaustiva de tumbas clandestinas, habida cuenta los numerosos testimonios que indican que el citado predio fue utilizado durante la dictadura stronista como lugar de entierros clandestinos de opositores del régimen que fueron asesinados en el período 1954-1989.
Cabe recordar que durante el año 2009 se produjo el hallazgo de 3 esqueletos humanos, uno de ellos mediante este sistema que fuera propuesto por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) a ésta Dirección, en el marco del programa de cooperación suscripto entre la DGVJR y el EAAF. Todas las fotos estarán a disposición en la página web de la institución: www.verdadyjusticia-dp.gov.py Cabe recordar que los anteriores tres restos humanos óseos completos se hallan en la República Argentina, para su análisis, extracción de ADN, y posible identificación, en tanto que de acuerdo a las investigaciones la casi totalidad de los restos allí enterrados en forma ilegal y clandestinas podrían corresponder a opositores al régimen dictatorial del general Alfredo Stroessner entre los años 1954 y 1989. Estos restos se encontraron gracias a un plan sistemático de barrido en trincheras, cada medio metro. Este cuarto conjunto de restos está localizado en la zona conocida como "la huerta" de la ex Guardia de Seguridad, hoy Agrupación Especializada, donde solamente tenían acceso un grupo de élite integrado por seleccionados militares y policías conocidos por los "verde mate".
