REPRESION EN BUENA VISTA DE YHU, CAAGUAZUHACE 35 AÑOS

En la Colonia Buena Vista de Yhú, Departamento de Caaguazú, entre el 4 y el 5 de abril de 1975, hace 35 años, fuerzas militares de la II División de Infantería realizaron un ataque militar a la Colonia, quemando y destruyendo alrededor de 57 viviendas. La comunidad estaba constituida por unos 1.300 pequeños lotes para familias campesinas que estaban en gestión de compra con la intervención del Instituto de Bienestar Rural a la firma internacional de capital español denominada “Compañía Forestal Hispano Paraguaya SRL”. Luego de la quema de ranchos, y a partir del 10 de mayo de 1975, se desató una represión militar-policial con detenciones arbitrarias de familias campesinas que fueron trasladadas a un campamento militar de infantería en Caaguazú, y luego a la II División de Infantería con asiento en la ciudad de Villarrica, departamento del Guairá, y a la Comisaría de la ciudad de Caaguazú, cabecera del departamento de Caaguazú.
Posterior a esta acción, se perpetró la ejecución extrajudicial de Doroteo Grandel en Carrera-í, Departamento de Caaguazú a manos de sicarios en 1978. A raíz de la denuncias realizadas, el Doctor Miguel Ángel Martínez Yaryes fue detenido en la Comisaría 1ra. (luego con el triste nombre de Comisaría 3ra. En la calle Chile), y directamente remitido a la Penitenciaría de Tacumbú, procesado y condenado. También, del caso, se desprendieron las posibles ejecuciones extrajudiciales de familiares de Doroteo Grandel (su Suegro de apellido Zacarías, y los cuñados Mario y Sixto Gamarra), el 15 de agosto de 1981, en Yuquyry, Caaguazú, en confuso episodio.
Las amenazas de las fuerzas militares, a instancias de la empresa “Compañía Forestal Hispano Paraguaya SRL” tenían ya antecedentes desde 1974 en la propia Colonia, buscando deshacer el trato de compra-venta, con hostigamiento para el retiro de los pobladores.
Entre el 4 y 5 de abril de 1975, se produce un ataque militar con quema de viviendas y apropiación de bienes, con similares características de acto de guerra contrainsurgente al anterior Caso Jejuí (febrero de 1975).
A partir del 10 de mayo de 1975, se produjeron detenciones arbitrarias en la Colonia Yhú con traslados al campamento militar de infantería en Caaguazú, y otros directamente a la II División de Infantería en la ciudad de Villarrica, departamento de Guairá, así también las detenciones arbitrarias se concretaron en la Comisaría de la Ciudad de Caaguazú, departamento del mismo nombre.
Posteriormente a las detenciones arbitrarias, las fuerzas represivas procedieron a interrogatorios y torturas durante todo el período de las detenciones. Los detenidos no tuvieron ninguna posibilidad de obtener auxilio legal, ni existió verificación de que se hayan abierto procesos judiciales a los mismos. Las extensión del tiempo de las detenciones arbitrarias sin proceso, ni derecho a defensa, fueron variables. En el caso de la detención arbitraria de Doroteo Grandel, primero en el destacamento militar del RI II en Caaguazú, y luego en el cuartel general de Villarrica, las torturas fueron atroces y permanentes. La detención fue desconocida por las fuerzas militares, ante la presentación de Habeas Corpus a favor de Doroteo Grandel, constituyéndose inmediatamente el caso en una desaparición forzada. Doroteo Grandel es liberado de su cautiverio, como ex desaparecido, el 13 de julio de 1978, para ser finalmente ejecutado extrajudicialmente a manos de sicarios, un mes y medio después, el 28 de agosto de 1978, en Carrera-í, Departamento de Caaguazú.
Directamente relacionado el caso, se produjo la detención arbitraria en la Penitenciaría de Tacumbú y persecución judicial, a través del Juez Bernabé Valdez Martínez, del director del periódico “El Radical” del Partido Liberal Radical (PLR), Doctor Miguel Ángel Martínez Yaryes, seguida de la clausura arbitraria del semanario en forma temporal, así como la instalación de una querella por difamación y calumnias, en 1975, por parte del principal ejecutor de los ataques militares, el General de Brigada Otello Carpinelli Yegros, contando con alta complicidad judicial, en un proceso que culminó con una sentencia, confirmada en dos instancias, estancándose en la Corte Suprema, nunca cumplida finalmente, pero que solamente extinguida después del golpe militar del 3 de febrero de 1989, doce años después. En este caso, y aunque es una derivación, el entramado judicial operó en la misma línea del aparato represivo, apoyando las acciones bélicas sobre la población civil, e instruyendo procesos judiciales viciados de nulidad, que fueron más bien parte integrante de la campaña represiva sobre sectores y políticos y periodísticos que elevaron la denuncia de los actos de violación a los derechos humanos sobre la Colonia Yhú de Caaguazú a nivel nacional e internacional. La detención arbitraria, la desaparición forzada de Doroteo Grandel, y su posterior ejecución extrajudicial a manos de sicarios, se relacionaron a que el mismo compareció como testigo en la causa abierta al Doctor Martínez Yaryes.
La complicidad judicial continuó con la clausura arbitraria del semanario “El Radical” y el procesamiento judicial por violación de la Ley 209 de Defensa de la democracia del nuevo director Juan Carlos Zaldívar.
Fuente: Fragmentos documentos de investigación de la Comisión de Verdad y Justicia, Paraguay, 2008. La foto es del ex general Otello Carpinelli Yegros, ya fallecido.

Tribunal Permanente de los Pueblos, TPP: “Hay que juzgar con vistas al futuro”

Comparto esta breve entrevista cargada de contenidos que pueden y hasta merecerían una profundización, para una nueva mirada a aquello que consideramos como la lucha por la vigencia y protección de los derechos humanos con visión histórica, transversal, simultánea y universal... que se supone cualitativamente diferente de los enfoques parciales, minimizados, subalternados, segmentados, y pero aún, a-históricos...

"Entrevista con Gianni Tognoni sobre la política de derechos humanos"

El especialista italiano en políticas sanitarias elogia los procesos abiertos en Argentina para juzgar el terrorismo de Estado y advierte que, si se sostiene un modelo de desigualdad, se perpetúa “el virus más importante de la ideología genocida”.

Por Adriana Meyer para Página 12. Tognoni es secretario general del Tribunal Permanente de los Pueblos y dirige el Instituto Mario Negri Sud.

“Un modelo de desigualdad mantiene el virus de la ideología genocida”, define Gianni Tognoni, italiano, doctor en filosofía y en medicina, uno de los mayores especialistas mundiales en políticas sanitarias. Tognoni dirige el Instituto Mario Negri Sud, que realiza investigaciones independientes sobre la industria farmacéutica. En los ’70 mostró cuáles son los medicamentos que mejoran el pronóstico de las enfermedades y cuáles son sólo herramientas de mercado, y siguió propiciando legislaciones en todo el mundo tendientes a que “la salud sea un derecho y no un capítulo del mercado”, según describe en diálogo con Página/12. “Hay que crear redes de epidemiología comunitaria, como estamos haciendo en Argentina, que practiquen una cultura médica vinculada con la gente, y lo mismo debería ocurrir con el sistema judicial”, apunta. A su criterio, los juicios por delitos de lesa humanidad no deben quedar en las paredes de los tribunales, sino estar “dedicados a toda la sociedad”.

Tognoni conoce la realidad argentina desde antes del inicio de la última dictadura, una relación que profundizó cuando empezó a recibir en su casa a exiliados. Trabajó en el Tribunal Russell II, donde el caso argentino fue presentado a partir del impacto de las transnacionales en la doctrina de seguridad nacional. A poco de haber sido creado, en 1979, el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), del que Tognoni es secretario general, tuvo como uno de sus primeros casos al argentino. Fue la primera vez que se presentaba en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra.

“Argentina mira su historia no sólo para enjuiciarla, sino también para articular sus planes de futuro, donde la memoria fue experimentación del terror y ahora la sociedad coincide en que los protagonistas siguen en ella y que las consecuencias dejan huellas no sólo de culpabilidad, sino también culturales y sociales”, afirma al abordar la temática del seminario que lo convocó, organizado por el Centro de Estudios sobre Genocidio de la Universidad de Tres de Febrero. “No estamos discutiendo sólo el punto de vista penal de las condenas, sino también sobre un derecho propositivo y preventivo para evitar que las consecuencias de lo que pasó sigan violentando hoy la vida de las personas. Estamos viendo cómo comunicar sin prolongar la contaminación de violencia de la dictadura, para salir de la parálisis que pretende el terror, que golpea a uno para frenar a miles. Por eso, además de juzgar a los victimarios por las víctimas, hay que pensar en las mayorías, en las nuevas generaciones, a las que hay que contar esta historia con un criterio de lectura del presente. Los juicios deben servir para transformar la doctrina jurídica, por eso deben seguir articulados con todos los ejercicios de la memoria que se están haciendo. Lo jurídico no debe quedar en los juicios, sino ser dedicado a toda la sociedad”, afirma Tognoni.

–La Federación Internacional de Derechos Humanos consideró que Argentina es el mayor tribunal juzgando delitos contra la humanidad, pero marcó problemas prácticos que prolongan los juicios y hacen que los victimarios mueran antes de ser juzgados.

–Es una probabilidad muy alta. A nivel internacional es peor. Para garantizar los derechos de los imputados los juicios se retrasan de manera infinita sin tomar en cuenta los derechos de las víctimas, y eso es un desafío. No se trata sólo de los juicios de los tribunales. Argentina en este sentido es una escuela pública de derecho, un modelo para muchos países. En el debate sobre la calificación de estos delitos estoy de acuerdo con que se los llame genocidio, no se trata de juzgar actos separados, sino un proceso. La verdadera culpabilidad es haber hecho de la eliminación de muchas personas un proyecto. El concepto de genocidio es más que una categoría penal, explica un proceso en el que fue posible y tolerable eliminar a una parte de nosotros, que una sociedad declare a algunos de sus miembros como enemigos o terroristas, algunos humanos y otros no, y ese riesgo sigue. Hoy, en nombre de una seguridad global, se pretende discutir la pena de muerte. O, como en Italia, declaran a los migrantes clandestinos criminales que ponen en riesgo la civilización.

–¿No es un retroceso civilizatorio?

–Claro, por eso la memoria debe servir para la prevención, como dice la Convención sobre Genocidio. Mi experiencia en el Tribunal de los Pueblos es que hay que juzgar con vistas al futuro. Los juicios no deben ser sólo la propaganda contra alguien, sino la herramienta para que esos hechos no se repitan. El derecho de existencia de las personas no puede ser puesto en discusión, cada vida debe ser sagrada. El mensaje de las Abuelas y de las Madres es que cada vida es imprescindible.

–¿En Argentina, entonces, hubo un genocidio?

–Esa es mi opinión. De hecho, el Tribunal de los Pueblos en su primera sentencia, en 1980, había discutido formalmente esto, pero una definición académica no permitía hablar de genocidio. Una vez que se pudo documentar mejor, no quedaron dudas. Era la legislación que venía detrás de la realidad, cuando debe ser al revés. Por eso, ahora un grupo de juristas tiene que proponer una modificación formal de la definición de genocidio que existe en Naciones Unidas, que era intocable por razones políticas. Tiene que ser más amplia y coincidente con lo que ocurre en la realidad. En la actualidad se violan derechos humanos ya no torturando, sino con mecanismos económicos y sociales que producen los mismos efectos.

–¿Se trata de crear los anticuerpos para que esto no vuelva a pasar?

–Frente a otros países, Argentina desarrolla una capacidad de inmunización importante. La inmunización sirve si se hace sobre la mayoría de la población, si no, la infección permanece y puede volver aún más dañina. Argentina tiene que decidir qué modelo de sociedad quiere. Si sigue siendo de desigualdad se mantiene el virus más importante de la ideología genocida. Cuando las desigualdades aumentan, se corre el riesgo de que algunos se consideren más importantes que otros. Si las distancias culturales y socioeconómicas se consideran normales, esto significa que la gente no reconoce los derechos universales de todos y de todas. El pasaje del derecho a la economía, del derecho a la cultura, del derecho a la organización social sigue siendo el principal problema. De hecho, todavía la Corte Penal Internacional no reconoce los crímenes económicos como algo a enjuiciar. En Argentina están siendo enjuiciados los ejecutores de quienes garantizaban el modelo de venta del país.

–Si hay algo emblemático de la representación del pasado en el presente es la desaparición de Jorge Julio López. ¿Conoce el caso?

–Es la demostración de que, a pesar de todo, el pasado continúa. Desaparece un testigo que cumplió su deber en uno de los juicios más originales, y que no se pueda hacer nada es dramático, es un criterio de no credibilidad. Uno pretende tener testigos y luego no puede protegerlos. Significa que hay un sistema como la mafia en Italia. Es impresionante porque no pasó con (el ex presidente Carlos) Menem, pasó ahora. Y a pesar de cambiar las cúpulas militares, no se sabe o se dice no saber. Es difícil conmemorarlo, no parece pertenecer al Estado, aunque fue un testigo clave. Lo recuerda la población, pero el Estado no se responsabiliza.

–¿Es posible juzgar a todos los represores por todas las víctimas?

–Más allá del juicio penal, hay que juzgar el genocidio. Cada individuo es expresión de un pueblo que desapareció, y eso debe entrar en la conciencia de la gente, si no quedarían como juicios comunes a simples ladrones. Así son los mecanismos de impunidad del mundo, pretender que sólo los casos condenables son aquellos donde se dan todos los elementos de juicio. En 1991 hicimos un tribunal de los pueblos en América latina y vimos que las dictaduras saben que el derecho existente no puede demostrar su culpabilidad. Al final se quedan impunes, lo cual infecta a la sociedad con un no respeto de las normas. Aunque (el represor Alfredo) Astiz no hable, hay evidencias históricas más importantes que su palabra.

–¿Qué es el Tribunal de los Pueblos?

–Una iniciativa nacida a mediados de los ’70, cuando se comprueba que el derecho de los Estados no tenía la voluntad de enfrentar violaciones masivas a los derechos humanos. Nació como consecuencia del Tribunal Russell II sobre dictaduras en América latina, con la idea de que lo que ocurría allí podía repetirse con formas diferentes en otras partes del mundo. Es una oportunidad para los pueblos de tomar la palabra, con testigos y documentación, y poder juzgar bajo una interpretación del derecho internacional las violaciones denunciadas. Además del caso argentino, trabajamos con la dictadura de Marcos en Filipinas, la invasión soviética a Afganistán, el genocidio en Guatemala, el caso del Tíbet y el de Argelia, entre otros. Denunciamos que los programas de asistencia dicen que los niños son prioridad y en los hechos esto no ocurre.

–Dado que sus decisiones no son vinculantes, ¿cuál es la eficacia del Tribunal de los Pueblos?

–Podemos dejar constancia de los hechos, por eso las sentencias son herramientas para los pueblos, pasan a formar parte de procesos de concientización. Medir eso no es fácil. La presión que pusimos en París con los desaparecidos argelinos fue grande e hizo que el gobierno lo publicara por primera vez y permitiera a las familias pedir por ellos.

Link a la nota: http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/elpais/1-142987-2010-03-31.html

PARAGUAY: A 34 AÑOS DE LA PASCUA DOLOROSA

El próximo 9 de abril de 2010, en el Ex Campo de Concentración de Abraham Cué, en la ciudad de San Juan Bautista de las Misiones, cabecera departamental de Misiones, se llevará a cabo un acto de memoria a los 34 años de la gran represión a movimientos antidictatoriales y campesinos, que conocemos como la Pascua Dolorosa, por haberse desatado en plena celebración de la Semana Santa en los primeros días de abril de 1976, desde Asunción y extendiéndose rápidamente a los departamentos de Central, Paraguarí, Misiones, Caaguazú, Itapúa, y finalmente a todo el país. Fragmentos del Informe Final de la Comisión de Verdad y Justicia del Paraguay, dan cuenta de los hechos. La foto corresponde al casco histórico del Ex Campo de Concentración de Abraham Cué, en momentos de realizar en el sitio excavaciones en búsqueda de desaparecidos que presumiblemente fueron enterrados clandestinamente en el predio.

Todo el Informe Final es posible bajarlo en PDF desde el sitio:

http://www.verdadyjusticia-dp.gov.py/

La Pascua Dolorosa, Misiones, Paraguay, abril de 1976. Represión masiva y dimensión de la crueldad:

“…Yo, si le voy contar verdaderamente. Yo ya estaba marcado hacía mucho tiempo. Ya no nos llamaban por nuestros nombres, sino comunistas nomás ya. En el interrogatorio la primera pregunta fue si era comunista o no. Aunque él ya decía que éramos comunista. Luego ya nos pregunta quién era el padre que estaba con nosotros y de donde nos venía la plata, y mientras eso nos golpeaban y nos torturaban”. Celestino Alcaraz Benítez, Misiones, 1976.

A primeros de abril, con la detención de algunos miembros de la OPM y posteriormente el hallazgo del archivo de la organización, se llevó a cabo un operativo masivo que se inició en la ciudad de Asunción y se trasladó inmediatamente al interior especialmente en el Departamento de las Misiones donde se materializó la llamada “Pascua Dolorosa”, un operativo represivo masivo que se llevó a cabo en la Semana Santa de 1976 y conllevó un enorme impacto en las comunidades afectadas, la región de Misiones y otras a las que se extendió la violencia contra líderes campesinos y comunidades.

Los hechos comenzaron en la semana del 5 abril siendo su epicentro la Delegación de Gobierno de San Juan Bautista, la cabecera departamental, y la habilitación de un cuartel como centro de detención, conocido como Abrahán Cué. Otros lugares de detención en el caso de Misiones citados en los testimonios son: Delegación de San Juan Bautista, Comisaría de Santa Rosa, Comisaría de San Patricio, Comisaría de Santa María, todos ubicados en Misiones y posteriormente el penal de Emboscada y el Departamento de Investigaciones (Vigilancia y Delitos) en Asunción.

Se registraron numerosos casos de personas procedentes de Misiones que vinieron a relatar sus experiencias como víctimas directas de aquel suceso, o como familiares que daban testimonios en nombre de la víctima ya fallecida.

“…En 1976 fue la represión más fuerte, como para que desaparezca la organización, allí fue que a nivel nacional, a muchos les agarraron, les apresaron, les torturaron, les mataron. Aquí a quince por ahí mataron. La desinformación para confundirle a la opinión pública era mucha, decían que eran guerrilleros, comunistas, como para justificar su represión. Luego reprimieron a niños y mujeres que no tenían nada que ver. El objetivo de eso era que la gente no quiera organizarse, ni que sepa ningún derecho”. Guillermo Jaquet, Misiones, 1976.

Durante los meses que duró la represión en la zona, como parte de ese operativo, se llevaron a cabo numerosas violaciones de derechos humanos, detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, además de violaciones sexuales contra las mujeres y violencia colectiva contra comunidades, con destrucción de bienes y propiedades. Desde los primeros momentos la gente desconocía las atrocidades que iban a cometerse aunque existían ya mensajes de amenaza y destrucción contra toda la población considerada sospechosa.

“…Habían colorados que hacía propaganda de que iban a matar a todas las familias comunistas que se quedaban, y esa vez mi esposa vino en el almacén de Vicente Cáceres, que quedaba dos kilómetros de casa, y le dice está fea esta situación, porque hoy llegaron Camilo Almada Morel, “Sapriza”, entre otros y dijeron que van a matar a todas familias comunistas que están acá”. Juan Carlos López, Misiones, 1976.
Según nuestras estimaciones durante las primeras semanas se llevaron a cabo centenares de detenciones, que algunas fuentes sitúan en más de mil personas. Se tomaron 496 testimonios de detenciones arbitrarias en 1976, la inmensa mayoría relacionadas con estos hechos, lo que supone que una de cada cuatro detenciones registradas proviene de la Pascua Dolorosa. Todo ello confirma el enorme impacto de estos hechos en general y específicamente en la región más afectada de Misiones. La CVJ pudo documentar la ejecución extrajudicial o desaparición forzada de 27 personas en estos hechos.

El operativo fue masivo y contó con la participación de todo un equipo de miembros de la policía y militares de apoyo provenientes de Asunción. Campesinos de los distritos de San Juan Bautista, San Ignacio, Santa María, Santa Rosa y San Patricio, pertenecientes a la organización Ligas Agrarias Cristianas, fueron detenidos y conducidos a Abraham Cué. Lo que comenzó en Semana Santa en Misiones se extendería posteriormente al resto del país: Paraguarí, Cordillera, Coronel Oviedo, Caaguazú.
“…Después empezaron a juntar a más gente para llevarles en la Alcaldía de Santa Rosa-Misiones. Ahí nos juntó a todos a las diez de la noche más o menos. Nos esposó y nos dijo que cuando terminaba de contar tres teníamos que estar ya en la camioneta. Nos habremos ido entre sesenta personas. Después en el camino se subieron unos cuantos militares y nos dijeron, “levanten la cabeza, ¡respondan animales!”. Nosotros no sabíamos dónde nos íbamos, después llegamos a Abraham Cué y el guardia de ahí nos trató de la misma manera”. Juan Carlos López, Misiones, 1976.
También la represión se orientó hacia sectores religiosos progresistas. Varios centros educativos fueron allanados, profesores detenidos y religiosos amenazados o expulsados del país. Entre ellos se produjo la expulsión de diez jesuitas. (Caravias, Munarriz, Meliá, SI, Gelpi, SJ, Ortega y otros)

Detenciones masivas, tortura y muerte.

Centenares de personas fueron recluidas en Abraham Cué convertido en centro de detención y tortura. Los relatos de los sobrevivientes incluyen una descripción pormenorizada de la tortura sufrida en dicho lugar, siguiendo patrones muy similares, implicando a los mismos perpetradores y mostrando un modo de acción coordinado y totalmente planificado...

Fuente: Informe Final de la CVJ. http://www.verdadyjusticia-dp.gov.py/

Los abusos cercan al Vaticano - EL PAIS DE ESPAÑA -

COMPARTO ESTE REPORTAJE PUBLICADO EN EL PAIS DE ESPAÑA A CARGO DE MIGUEL ROMA DESDE ROMA, ITALIA EL 28 DE MARZO DE 2010. REPORTAJE: El escándalo de los abusos. La jerarquía católica considera que sufre una "campaña radical y demencial" - Las víctimas exigen que se acabe con la política de ocultamiento y reclaman justicia.

El cardenal Tarcisio Bertone, secretario de Estado de la Santa Sede y número dos del Vaticano, ha dicho esta semana que un "anticristianismo radical y demencial se está difundiendo por Europa de una forma rastrera". El grito desesperado ante las informaciones de los escándalos de pederastia que la Iglesia ha ocultado en el pasado (Alemania, Austria, Estados Unidos) revela la angustia de la Curia ante la crisis de credibilidad generada por la plaga de la pederastia.

La consigna de tolerancia cero, transparencia y justicia para las víctimas lanzada por el Papa en la carta a los católicos de Irlanda ha topado con la testaruda realidad. La cúpula de la Iglesia católica, según muestran los últimos casos, ha sido tolerante con los abusos. El Vaticano no ha reaccionado lo suficiente, mientras un infierno arruinaba la vida a miles de niños. Y tanto el compromiso de Ratzinger con las víctimas como su astucia política para liderar el cambio que la Iglesia necesita están siendo erosionados.

¿Podrá el Papa cambiar la línea de silencio que ha marcado históricamente la actitud de la Iglesia hacia los abusos clericales en particular? ¿Podrán los obispos y cardenales habituados a lavar durante décadas los trapos sucios en casa, con una simple firma del traslado del culpable a otra diócesis, llevar los casos a los tribunales?

La semana trágica de Ratzinger parece demostrar que la cultura del silencio marca todavía la actitud de la Iglesia hacia los abusos. Bertone, que en 2001 reivindicaba el secreto profesional frente a las denuncias a la justicia, elige una vez más el victimismo. En plena batalla por la verdad, el Papa deja caer que se condena el pecado pero no el pecador.

La pederastia clerical es antigua. De hecho, el Concilio de Elvira ya la censuró en una época, años 300 a 324, en que la gente se casaba adolescente y moría a los 40. Pese a ello, el miedo al escándalo y las enormes garantías que ofrece a los acusados el Código Canónico han impedido que la Iglesia frenara o castigara eficazmente la pederastia.

El fiscal del ex Santo Oficio, Charles J. Scicluna, encargado de procesar a los pederastas y hombre afable al que algunos curas y víctimas conocen por su pasividad, arguye en su defensa que el sistema legal y la costumbre dificultan su trabajo. "La cultura del silencio, sobre todo en Italia, está muy extendida", explica. "El derecho canónico nos obliga a ser muy cautos y garantistas, porque protege al máximo los derechos y la intimidad de los acusados. Aunque eso no significa que hayamos evitado que en los casos más graves actuara la justicia civil, no es justo decir eso".

Pero la asociación italiana de víctimas de la pederastia Caramelo Bueno asegura que el fiscal falsea la realidad. Su presidente, Roberto Mirabile, un tipo templado que se declara creyente y trabaja desde hace 13 años en Reggio Emilia con jóvenes objeto de abusos, ha señalado cómo, en 2007, Scicluna y otros jerarcas vaticanos toleraron sin mover un dedo que un cura de Roma, Ruggero Conti, acusado por siete testigos y hoy arrestado y bajo proceso por prostituir y abusar de menores, continuara violentando a sus víctimas. Un caso gravísimo y lleno de implicaciones ideológicas, amenazas y violencia, que se ha sumado al del difunto padre Lawrence Murphy, de Wisconsin, que murió perdonado por el silencio de Ratzinger y Bertone en 1998 tras abusar de 200 niños sordos.

Sería injusto negar al Vaticano algunas tímidas señales de apertura. El viejo Santo Oficio, en un gesto insólito de transparencia que intentaba minimizar la sensación general de que el fenómeno es masivo, ha hecho públicas las cifras de casos que ha manejado desde 2001: de los 3.000 acusados de abusos analizados (14 de ellos procedían de España, explica el fiscal), solo hubo 600 procesados, 300 expulsados del clero, y otros 300 pidieron la dispensa del sacerdocio.

Algunos vaticanistas expertos, como Marco Politi, han dicho que Ratzinger solo tiene una forma de recuperar credibilidad: abrir de verdad los archivos de los abusos que la congregación guarda bajo llave y explicar a quiénes absolvieron y a cuáles condenaron. Será difícil si no imposible, porque Ratzinger ordenó en 2001 que, para los casos de pederastia e insinuaciones turbias bajo confesión, los participantes en el proceso canónico destruyeran las actas y guardaran silencio perpetuo, so pena de excomunión fulminante.

El sigilo es ley en el Vaticano. Quizá por eso, las explicaciones de los jerarcas suenan en estos días entre tibias y balbucientes. Se detecta una mezcla de pavor ante la posible aparición de nuevos casos, angustia por los cadáveres en el armario que algunos guardan e inquietud por el futuro de la institución.

El Vaticano se asemeja a un fortín asediado. La suciedad de la que habló Ratzinger antes de ser nombrado Papa ha desbordado las previsiones y el fango emerge libre por todas partes: Alemania, Holanda, Austria, Suiza y, para colmo, la catoliquísima Italia...

Era un secreto a voces, pero esta vez los medios se están entregando a fondo al filón y los cardenales y obispos sufren, revisan su memoria y temen las posibles consecuencias, penales y económicas. La complicidad es un delito. La denegación de socorro, otro. Filippo di Giacomo, sacerdote, experto en derecho canónico y colaborador de EL PAÍS, hace este análisis: "La desvergüenza y la corrupción religiosa, moral y sexual de muchos miembros de la Curia ha alentado en Roma, sobre todo desde la época del papa Wojtyla, Stanislaw Dziwisz y Camillo Ruini, un clima de oposición contra quienes intentan denunciarlo, incluido Ratzinger".

Las promesas de Ratzinger de colaborar con la justicia chocan con la piedad corporativa, que siempre ha preocupado mucho en Roma.

Federico Lombardi, portavoz del Vaticano, dijo ayer que los ataques mediáticos de las últimas semanas han provocado sin duda daños, pero no han tocado la autoridad del Papa, que sale reforzada. "La reciente carta a la Iglesia de Irlanda es un testimonio intenso que contribuye a preparar el futuro a través de un camino de curación, renovación y reparación". Lombardi ve numerosas señales positivas en las conferencias episcopales.
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