POR UN BICENTENARIO POR LA VERDAD, JUSTICIA Y MEMORIA

Foto: infografía de ABC Color, Paraguay.

CONTRA TODA FORMA DE IMPUNIDAD Y DISCRIMINACION EN EL PARAGUAY

El Informe Final de la Comisión de Verdad y Justicia del Paraguay “Anivé Agua Oikó – Para que no vuelva a ocurrir”, fue presentado a los tres poderes del estado paraguayo el 28 de agosto de 2008, a 14 días de la toma de posesión del ciudadano Fernando Lugo como Presidente de la República del Paraguay. La presentación coincidió con un proceso inédito de alternancia en el Paraguay, de quiebre de la hegemonía de más de 60 años de un partido hegemónico, el último partido anticomunista de la guerra fría que en el poder implantó el terrorismo de estado, a casi 20 años de un proceso de transición a la democracia tutelado y restringido, que ha vivido y vive aún, estancamientos y contramarchas, con latentes riesgos y proyectos muy definidos de retornar al pasado dictatorial, cuya fase más cruda duró nada menos que 35 años con Alfredo Stroessner a la cabeza, entre el 4 de mayo 1954 y el 3 de febrero de 1989.

Este Informe Final, está compuesto de 8 tomos, y aún así es una síntesis de tanto horror relatado por quienes directa o indirectamente lo sufrieron. Por tanto, también es necesariamente perfectible y actualizable en forma permanente. Logró salir a la luz pública en una primera edición gracias a diversas cooperaciones institucionales en diciembre de 2008, tanto en versión impresa como en versión digital. La versión digital, incluye además, un video documental de 40 minutos y una versión resumida del mismo, de 15 minutos de duración. La distribución de estos documentos ha sido y es, hasta la fecha, totalmente gratuita. En esta línea, sostenemos que las nuevas ediciones ampliadas y corregidas, en el formato que fueren, de éste y otros m materiales que lo enriquezcan, precisen y amplíen, deberían ser siempre gratuitas y asumidas como responsabilidad permanente del estado paraguayo. Desde su confección hasta su difusión amplia a nivel nacional e internacional. El Informe Final completo en su primera edición, es posible obtenerlo y “bajarlo” desde Internet, en formato PDF, en el sitio web: www.verdadyjusticia-dp.gov.py

CREEMOS QUE ES UN APORTE HACIA LA VERDAD Y LA JUSTICIA, EN DEFENSA DE LA MEMORIA HISTORICA DE NUESTRO PASADO RECIENTE Y EN CAMINO HACIA UNA SOCIEDAD DE DERECHOS PARA TODOS Y PARA TODAS EN EL PARAGUAY, Y POR TANTO PARA NUESTRA REGION EN ESTE CAMINO COMPARTIDO

El Informe de la Comisión de Verdad y Justicia del Paraguay, concluyó en forma inequívoca que el terrorismo de estado en el Paraguay se implantó en forma planificada con apoyo de estados hegemónicos del exterior y sustentada por las élites conservadoras internas aferradas al poder a sangre y fuego, en el marco de la Guerra Fría y con el escenario inmediato del resultado de la Guerra Civil de 1947. La totalidad de los altos mandos militares que perpetraron el golpe de estado del 4 de mayo de 1954, ya habían pasado desde el comienzo de los cincuentas por diversas academias norteamericanas y en forma preferencial por la Escuela de las Américas, en el Canal de Panamá. Sus perpetradores tuvieron adoctrinamiento previo y el más decidido apoyo de los líderes políticos y militares norteamericanos, quienes concibieron, difundieron y ordenaron la aplicación a nivel continental de la doctrina de la seguridad nacional. Los golpistas de 1954 tenían un libreto, y los liderazgos fueron piezas intercambiables que decantaron en las luchas violentas e intestinas por el poder. Las mismas fueron intensas y permanentes, pero ninguna cuestionó el liderazgo del nuevo gendarme hemisférico. Es más, las garantías y fidelidades de alineamiento estricto brindadas por un mediocre artillero definieron la partida, y adelantaron una línea que se mantendría imperturbable por 35 años.

El golpe stronista perfeccionó un estado policíaco preexistente que había comenzado a estructurarse desde 1947, sometiendo a la sociedad a un férreo control mediante una concentración rápida, creciente y violenta del poder arbitrario que incluía la violación sistemática de los derechos humanos. Paraguay se transformó en un aliado automático del plan neocolonial norteamericano. Había carta blanca. Había terreno fértil. Había confianza en los actores.

La CVJ caracterizó a este estado, el stronista, como totalitario y ejecutor eficaz de los planes de control sobre la población civil y sus liderazgos sociales más genuinos, emergentes o potenciales (el enemigo interno), para sostener un orden conservador y evitar cualquier cambio de signo político y económico. Desde 1989, y durante la transición, a pesar de muchos avances gracias la resistencia popular y la solidaridad internacional en términos de derechos políticos y libertades individuales básicas, los cambios cosméticos o superficiales estuvieron a la orden del día, permitiendo la supervivencia de muchas perversas prácticas por 20 años más, más selectivas, pero igualmente arbitrarias. Hoy en el 2010, el estado no tolera las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del estado, pero aún no ha podido sustituir un saber hacer consuetudinario. Aún son tenues para concluir en una tendencia sin retorno, respecto a las señales hacia un efectivo cambio de modelo democrático real. Un modelo que respete y promocione todos los derechos humanos para todos y todas en toda la extensión de su territorio y sea observado por todos los funcionarios del estado nacional

LA DICTADURA NO FUE UNA INTERRUPCION TEMPORAL ENTRE DOS PROCESOS INSTITUCIONALES: FUE LA IMPLANTACION DEL TERRORISMO DE ESTADO COMO PROYECTO DE MODELO DE CONTROL PERMANENTE CON INTENCIONES DE EXPORTACION

La llamaron “democracia sin comunismo”, “unidad granítica del partido, las fuerzas armadas y el gobierno”, e intentó mantener relaciones fuertes con similares como Taiwán, la Sudáfrica racista, Corea del Sur, y todas o casi todas las dictaduras de ultraderecha con quienes les fuera posible entablar contacto con la venia sea del gobierno o de los núcleos ultraconservadores de los Estados Unidos. Dentro del plan ideológico, el régimen dictatorial obstruyó la conciencia crítica y por ende buscó anular la ciudadanía en forma forzosa, instalando el miedo y la división. Esto se mantiene hasta la actualidad. Este elemento ideológico de la dictadura no fue independiente del terror ejercido con un carácter ejemplarizante sobre las víctimas directas, el terror se extendió a toda la población hasta doblegarla e integrarla a un sistema de delación, de imposición del pesimismo, la resignación y la complicidad.

En su aspecto económico y social, el modus operandi represivo fue funcional a la conservación de la pirámide de concentración de riqueza y exclusión de la mayoría ciudadana. Su herencia es la insostenible brecha de desigualdad heredada en la actualidad. El poder de la dictadura se basó en el aparato militar, policial y partidario oficial en la cúspide, acompañado y acompañando a las grandes corporaciones de intereses económicos y sociales, que obtenían beneficios por encima del mercado con la cercanía al poder. Cuanto más arbitrario y concentrado, mejor. El Estado es un negocio para fuertes. El sistema de delación y control horizontal integrado al sistema represivo, vigiló todo intento de organización del colectivo mayoritario excluido y oprimido de la población del país. El control sobre los ciudadanos paraguayos en el exterior, especialmente en los países y ciudades limítrofes, fueron emplazados como una prioridad de Estado. La discriminación a la migración paraguaya se mantiene y es una herencia dictatorial, pues hoy aún siendo la segunda aportante de remesas, tiene vedado constitucionalmente el derecho a voto.

El régimen, utilizó los distintos intentos de resistencias armadas y/o clandestinas contra la dictadura como excusa válida ante la población y la comunidad internacional, para emprender en forma expansiva campañas punitivas y aleccionadoras sobre grandes sectores de la población civil, como el ataque a Jejuí de 1975, la Pascua Dolorosa de 1976, o el sitio de Costa Rosado de 1980.

DOCTRINA DE LA SEGURIDAD NACIONAL COMO EJE

El aparato represivo de la dictadura manipuló la ley y el poder judicial en su totalidad a su favor. Y aquí no hay excepciones. Anuló todas las garantías formales, promulgó leyes represivas (209, 294), y hasta instaló tribunales especiales en el Caso Ortigoza y otros. Proscribió la actividad de los partidos y asociaciones políticas en forma sistemática, algunos de ellos hasta su aniquilamiento, y dejó algunos movimientos restringidos, pero fuertemente vigilados, incluso desde adentro de los mismos. Hoy el estado paraguayo firmó todos los tratados y convenciones competentes en derechos humanos, ya no quedan más que algunas ratificaciones sin reservas como la Convención Contra las Desapariciones Forzadas. Aunque en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hay condenas aún sin cumplir en forma completa. En el Paraguay formalmente no hay leyes de impunidad explícitas, la impunidad se ha impuesto y desde hace décadas como una regla del sistema de justicia en lo que a violaciones a los derechos humanos se refiere. Sólo hay tres torturadores de nivel medio de la dictadura están cumpliendo condenas. Ni un sólo alto responsable de crímenes de lesa humanidad ha sido condenado y encarcelado hasta la actualidad. Ni uno solo, y en este caso, los números cuentan.

La existencia de un estado de sitio permanente que nunca fue reglamentado ni levantado durante 35 años, permitía al propio régimen desconocer o aplicar la ley cuando le fuera útil, siempre con uso desproporcionado del poder. El terrorismo de Estado, se desplegó y atacó siempre en forma excesiva, abierta y ejemplarizante. Sus acciones antes que clandestinas, fueron propagandizadas, extendiendo el terror hacia otros grupos sociales, políticos o religiosos que objetivamente no constituyendo un blanco necesario, debían recibir el mensaje, de que podían, y muy probablemente serían los próximos. Hoy, la participación activa en la vida pública sigue siendo un riesgo, especialmente en las zonas rurales y con grave peligro en las zonas de fronteras, donde la ausencia del estado nacional paraguayo es notoria. Y donde no está el estado, además de la miseria, se instalan las mafias de todo calado. Y este es un tema a resolver en la actualidad en democracia. Tal vez con más democracia.

El aparato represivo recurrió de manera excepcional al sistema judicial, puesto que la mayoría de las privaciones de la libertad se practicaron sin orden de juez interviniente, y muy pocos detenidos contaron con un proceso, y en esos escasos, no se respetaron las más mínimas garantías, hasta el punto que el proceso penal se transformó en un brazo más del aparato represivo. Muchos abogados y funcionarios judiciales de aquel período antes que ser sancionados socialmente, continuaron durante la transición, y muchos ascendieron llegando a ser fiscales, jueces, camaristas y ministros de Corte hasta la actualidad.

COOPERACION REPRESIVA ILEGAL ENTRE DICTADURAS

Esta fue una constante. El régimen dictatorial, tuvo la capacidad de ser tomado en cuenta por otros gobiernos para articular sus acciones y coordinar su inteligencia, logística y operaciones de manera clandestina e ilegal otros aparatos represivos. Uno de los ejemplos claves es la Operación Cóndor entre 1975 y 1980. Pero hay muchos otros antes y después en su mayoría bilaterales. Un número importante de paraguayos fueron desaparecidos en Argentina y algunos extranjeros fueron desaparecidos en el Paraguay. Muchos de ellos trasladados. No obstante, antes del Cóndor la relación represiva bilateral ilegal entre elementos de los aparatos represivos de las dictaduras argentinas y la del Paraguay, tuvo momentos muy altos de cooperación, y claramente documentados en nuestra común frontera.

Un elemento no menor, el aparato fue implacable contra los sectores populares, campesinos, obreros, indígenas. Para ejercer un patrón discriminatorio contra grupos más vulnerables que fueron despreciados por los victimarios y por otra parte, con un criterio costo-beneficio, ya que la violación de derechos de una persona con mayor influencia o prestigio podría acarrear desventajas al régimen.

También se ejerció una particular y brutal represión contra los miembros de organizaciones proscriptas y clandestinas, tanto políticas como armadas, dirigentes populares opositores y militares profesionales no alineados con el régimen. El aparato represivo participó en matanzas de pueblos indígenas y permitió la trata de niños y niñas. Así mismo, la violencia sexual sobre todo contra mujeres y niñas fue una grave violación de derechos humanos fomentada por el aparato represivo, que tuvo su máxima expresión en la esclavitud sexual de niñas practicada por oficiales del Batallón Escolta Presidencial durante décadas.

Estas consideraciones permiten concluir que el régimen stronista a través de su aparato represivo aplicó el terrorismo de Estado con planes diseñados previamente, con órdenes genéricas y específicas asumidas y cumplidas como política de estado. Las acciones emprendidas revelan en forma meridiana la existencia de metodologías, patrones de conducta y modus operando ordenados y cumplidos en forma sistemática, siendo de conocimiento general, que las mismas incluían reglas y arbitrariedades explícitas y consentidas por todos sus integrantes. Por estas razones se puede calificar el caso paraguayo como un caso de “responsabilidad internacional estatal agravada por crímenes de Estado”, y de violación de todas las normas del derecho nacional e internacional tal como sentencia la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Goiburú y otros.

TRANSICION CONTROLADA BAJO EL MANTO DE LA IMPUNIDAD

La CVJ, recibió como mandato investigar 35 años de dictadura, y además, 14 años de transición hasta el 2003, totalizando 49 años de hechos de violaciones a los derechos humanos. Tarea enorme. El análisis de la transición fue posible a través de los informes y denuncias de las organizaciones y coordinadoras de derechos humanos que desde 1989 pudieron documentar y publicar todo el período.

El golpe tardío de 1989, significó un enroque y cambio de guardia, para cambiar personas y lavar la cara ante el nuevo escenario del mundo unipolar con una democracia electoral limitada, pero que tuvo especial cuidado en no modificar los fundamentales del sistema político heredado, peor aún, sirvió para darles blindaje constitucional contra una reforma agraria integral, contra el voto de los paraguayos en el exterior, como ejemplo. El general Andrés Rodríguez, en 1991, emitió una orden general de destruir todo vestigio clave, todo archivo clave, en referencia a las violaciones a los derechos humanos, en referencia al uso y abuso de los bienes del estado durante décadas especialmente a cargo de los militares y los nuevos dueños del proceso, hasta el punto que los Estados Unidos a pesar de su ley FOIA, en 1994, re-clasificaron documentos anteriormente desclasificados para favorecer la inmunidad de los nuevos buenos socios y aliados automáticos.

El proceso de transición no pudo evitar la continuidad de la salvaje concentración de la tierra que se iniciara y para la cual fue instalada la dictadura. Peor aún, se agravó en los últimos cinco años con la expansión violenta de la frontera agrícola ante el agronegocio, cuyas consecuencias sociales y medioambientales aún no se pueden cuantificar con claridad, elevando en forma abrupta la cantidad de campesinos “sin tierras”, de jóvenes “sin futuro, sin trabajo” agolpándose en las periferias urbanas, elevando artificialmente el precio de la tierra y los alimentos. Por otro lado, en el período de transición, de 1989 a 2009, la criminalización de la lucha social continuó siendo política de estado, con más de centenar de campesinos ejecutados extrajudicialmente, y varios cientos de dirigentes sociales procesados. En este tema aún hay un gran subregistro, debido a la recurrencia de muertes selectivas a cargo de sicarios y escuadrones de parapoliciales, muchos no denunciados por temor, especialmente en zonas rurales y de frontera. Estos casos no son prioridad para la investigación fiscal, y a nivel judicial, los casos resueltos y con sentencias no llegan ni el 2 por ciento.

En este marco de contradicciones, desde el 2005 al 2008, ha desarrollado sus funciones la Comisión de Verdad y Justicia, que fue instalada solamente por presión de las organizaciones sociales, de derechos humanos, de víctimas y familiares. Hoy sus conclusiones están, sus recomendaciones están, pero el estado formalmente aún no las ha internalizado como debería. Esta es una tarea que la estamos impulsando desde diversos ángulos, pues la consideramos estratégica para terminar de cambiar el estado conservador heredado e instalar uno nuevo de raíz democrática y progresista.

TRANSICION TARDIA

Desde el 15 de agosto de 2008, ha caído luego de 60 años el último partido hegemónico de la guerra fría, se abrió un escenario inmejorable para instalar cambios de fondo, aunque debamos convivir dentro de las estructuras del estado, con amplios sectores conservadores y abiertamente pro-dictatoriales, que ocupan preeminentes espacios de poder dentro de lo que llamamos una democracia tutelada, con enormes e históricas deudas con la sociedad. Hoy existen garantías individuales formales pero limitadas en la práctica y disfrute plenos, muy expresas y duras en relación a la protección de la apertura unilateral de mercados, a la seguridad jurídica de grandes capitales, el respeto de la propiedad privada en términos absolutos, especialmente la terrateniente, con rango constitucional, y con una pobre contrapartida de cumplimiento de también constitucionales obligaciones en garantizar el acceso a la tierra, la salud, la educación, vivienda, trabajo, para todos y todas en todo el territorio nacional.

SIN DERECHOS HUMANOS NO HAY DEMOCRACIA

Por tanto, no vemos mejor instrumento para la construcción de una sociedad democrática de pleno disfrute de derechos, que la recuperación de la memoria de lucha de nuestro pueblo y de los pueblos latinoamericanos, a través de la creación y sostenimiento de redes sociales horizontales y solidarias, nacionales y regionales, como las mejores garantías válidas de no retorno, las mejores para la construcción de un estado social de derecho, con el ser humano como eje, para todos y todas en su inmensa diversidad y en todo el territorio.

Hoy es posible terminar de cambiar definitivamente este status quo conservador por un nuevo contrato social superador, endógenamente democrático, inclusivo, solidario, que asuma nuestra rica historia, identidad y diversidad, en un nuevo escenario regional y mundial. Durante el año 2009, y como primer resultado del Informe de la CVJ, a través del equipo jurídico del CIPAE se han presentado 10 querellas y denuncias, y es posible presentar durante el 2010, otras diez querellas más. La verdad cuando es completa es una herramienta que permite acercarnos a formas casi parecidas a la justicia. Pero, como efecto ejemplar, como efectiva garantía de no retorno, nada sustituye a la judicialización, a la punición de los crímenes de lesa humanidad.

DERECHOS HUMANOS COMO HERRAMIENTA DE CAMBIO

La promoción y defensa de los derechos humanos en forma integral pueden y deben ser una herramienta estratégica para el cambio desde la sociedad y el estado. Aquellos pueblos, naciones, colectivos que han recuperado, protegido su memoria de lucha, mantuvieron o reconstruyeron su tejido social solidario a pesar de las específicas políticas de represión, división, control interno del terrorismo de estado del pasado reciente. Estas naciones y colectivos estuvieron y están hoy mejor preparadas para enfrentar las nuevas versiones de intervención neocolonial, a la vez que están mejor posicionados para levantar las banderas más dignas de autodeterminación con distribución equitativa de la riqueza socialmente generada. Por un Bicentenario sin impunidad para ningún genocida. Por un Bicentenario sin discriminaciones. Por un Bicentenario con pleno disfrute y protección de los derechos humanos para todos y todas con verdad, justicia y memoria.