POR EL CAMBIO ESTRUCTURAL HACIA UNA SOCIEDAD DE DERECHOS, INTEGRACION E INCLUSION
El terrorismo de estado en el Paraguay se implantó en forma planificada desde el exterior y fue sustentada por las élites conservadoras internas aferradas al poder a sangre y fuego. La totalidad de los altos mandos militares del golpe de 1954, ya habían pasado por el Canal de Panamá y tuvieron fuerte apoyo político. El golpe perfeccionó un estado policíaco preexistente que había comenzado a estructurarse desde 1947, sometiendo a la sociedad a un férreo control mediante una concentración rápida, creciente y violenta del poder arbitrario que incluía la violación sistemática de los derechos humanos. Paraguay se transformó en un aliado automático del plan neocolonial norteamericano. Había un libreto. Había carta blanca. Había terreno fértil.
Este estado totalitario fue un ejecutor eficaz de los planes de control para ser aplicados sobre la población civil y sus liderazgos sociales más genuinos, emergentes o potenciales, para sostener un orden conservador y evitar el cambio de sistema político y económico. Desde 1989, durante la transición, el maquillaje cambió, se mantuvo la cultura de muerte y exclusión, sobreviviendo sus prácticas hasta la actualidad, en un estado que si bien formalmente no lo tolera, aún no ha podido sustituir su saber hacer consuetudinario e iniciar un cambio hacia un modelo que respete los derechos humanos fundamentales y conexos en toda la extensión de su territorio y abarque a todos los ciudadanos de la República y sea promovido por todos los funcionarios del estado.
Si nos situamos en clave actual, veremos que muchas de las características del particular régimen stronista desde 1954 en adelante, ni están superadas, ni podemos considerarlas del pasado resuelto, puesto que sus métodos siguieron utilizándose en la transición de 19 años hasta la actualidad, con más sigilo, menor intensidad, mayor selectividad, pero en igual dirección.
TERRORISMO DE ESTADO COMO PROYECTO COLONIAL
Dentro del plan ideológico, el régimen dictatorial obstruyó la conciencia crítica y por ende buscó anular la ciudadanía en forma forzosa, instalando el miedo y la división hasta la actualidad. Estos son dos puntos pendientes a superar desde el campo popular. Este elemento ideológico de la dictadura no fue independiente del terror ejercido con un carácter ejemplarizante sobre las víctimas directas, el terror se extendió a toda la población hasta doblegarla e integrarla a un sistema de delación permanente, imposición del pesimismo, la resignación y la complicidad.
En su aspecto económico y social, el modus operandi represivo fue funcional a la conservación de la pirámide de concentración de riqueza y exclusión de la mayoría ciudadana. El poder de la dictadura se basó en el aparato militar, policial y partidario oficial en la cúspide, acompañado y acompañando a las grandes corporaciones de intereses económicos y sociales, que obtenían beneficios por encima del mercado con la cercanía al poder. El sistema de delación y control horizontal integrado al sistema represivo, vigiló todo intento de organización del colectivo mayoritario excluido y oprimido de la población del país. El control sobre los ciudadanos paraguayos en el exterior fueron emplazadas, como una prioridad de estado. Los paraguayos de la migración son la segunda fuente de remesas, pero constitucionalmente no tienen derecho a voto. Los terratenientes y ganaderos no son más que el 0,01 de la población, pero ocupan más del 60 por ciento del parlamento.
El régimen utilizó los distintos intentos de organizar resistencias armadas y/o clandestinas contra la dictadura como excusa válida ante la población y la comunidad internacional, para emprender en forma expansiva campañas punitivas sobre grandes sectores de la población civil.
El aparato represivo manipuló la ley y al poder judicial en su totalidad a su favor. Anuló todas las garantías formales, promulgó leyes represivas, e instaló tribunales especiales. Proscribió la actividad de los partidos y asociaciones políticas en forma general, algunos de ellos hasta su aniquilamiento, y dejó algunos movimientos restringidos, pero plenamente vigilados. Ilegalizó, reprimió y destruyó innumerables asociaciones políticas, sociales, gremiales, estudiantiles. Hoy el estado paraguayo firmó todos los tratados y convenciones, consciente de que no los respetará. En la CIDH hay condenas sin cumplir y varios juicios en trámite. Si bien no hay leyes de impunidad explícitas, la impunidad se ha impuesto como regla. Sólo hay tres torturadores de la dictadura cumpliendo sentencias. Ni un sólo alto responsable de crímenes de lesa humanidad ha sido condenado y encarcelado hasta la actualidad.
La existencia de un estado de sitio permanente que nunca fue reglamentado ni levantado durante 35 años, -acompañado de leyes represivas, sino que además, ostentando arbitrariedad plena, permitía al propio régimen desconocerlas o aplicarlas cuando les fuera útil, para aumentar sin límites los grados de sufrimiento, humillación y degradación humana, siempre con uso desproporcionado de la fuerza. El terrorismo de Estado aplicado por el régimen stronista, se desplegó y atacó siempre en forma excesiva y ejemplarizante, cuyos movimientos fueron propagandizados oficial y ejemplarmente, extendiendo el terror hacia grupos sociales, políticos o religiosos que objetivamente no constituían ninguna amenaza real para el sistema, pero debían recibir el mensaje, de que podían y serían los próximos. Hoy, la participación activa en la vida pública social es un riesgo. La política electoral es un negocio de ricos, y el electorado un mercado a capturar en forma prebendaria.
El aparato represivo recurrió de manera excepcional al sistema judicial, puesto que la mayoría de las privaciones de la libertad se practicaron sin orden de juez interviniente, y muy pocos detenidos contaron con un proceso, y en esos escasos, no se respetaron las más mínimas garantías, hasta el punto que el proceso penal se transformó en un brazo más del aparato represivo, sin excepciones. Abogados y funcionarios judiciales de ese período fueron luego en la transición, fiscales, jueces, camaristas, senadores, diputados y llegaron a ocupar los más altos cargos del poder ejecutivo transicional hasta la actualidad. Las acciones represivas en la actualidad están aún llenas de “excesos” similares cuando de sectores sociales se trata.
El régimen dictatorial, tuvo la capacidad de ser tomado en cuenta por otros gobiernos para articular sus acciones y coordinar su inteligencia, logística y operaciones de manera clandestina con los aparatos represivos de las dictaduras regionales mediante la Operación Cóndor entre 1975 y 1980. Un número importante de paraguayos fueron desaparecidos en Argentina y algunos extranjeros fueron desaparecidos en el Paraguay. Hoy es imperioso rearticular la solidaridad horizontal latinoamericana para crecer, apoyarnos y protegernos juntos.
Estas consideraciones permiten concluir que el régimen stronista a través de su aparato represivo aplicó el terrorismo de Estado con planes diseñados previamente, con órdenes genéricas y específicas asumidas y cumplidas como política de estado. Las acciones emprendidas revelan en forma meridiana la existencia de metodologías, patrones de conducta y modus operando ordenados y cumplidos en forma sistemática, siendo de conocimiento general, que las mismas incluían reglas y arbitrariedades explícitas y consentidas por todos sus integrantes. Por estas razones se puede calificar el caso paraguayo como un caso de “responsabilidad internacional estatal agravada por crímenes de Estado”, y de violación de todas las normas del derecho nacional e internacional tal como sentencia la Corte Interamericana de Derechos Humanasen el caso Goiburú y otros.
TRANSICION: CONTINUISMO DE LA IMPUNIDAD
El golpe tardío de 1989, significó un enroque y cambio de guardia, para cambiar personas y lavar la cara ante el nuevo escenario del mundo unipolar con una democracia electoral limitada, pero que tuvo especial cuidado en no modificar los fundamentales del sistema político y económico terrateniente y conservador, peor aún, sirvió para darles blindaje constitucional. La orden general de Rodríguez en 1991 fue destruir todo vestigio clave, todo archivo clave, hasta el punto que los Estados Unidos reclasificaron documentos para favorecer a los nuevos buenos aliados automáticos.
La crítica principal al proceso de transición fue el proceso de concentración de la tierra que incluso agravó con la expansión criminal de la soja, cuyas consecuencias aún no se pueden entender ni cuantificar con claridad, elevando gravemente la cantidad de campesinos “sin tierras”, elevando artificialmente el precio de la tierra y los alimentos, que ha generado y generará cada vez mayores enfrentamientos. Por otro lado coexiste la práctica de la criminalización de la lucha social con acciones que condujeron a más de un centenar de campesinos ejecutados extrajudicialmente, y varios miles de dirigentes procesados, desde 1989 hasta el 2009, existiendo un subregistro importante, por la reaparición crítica de muertes selectivas a cargo de sicarios y escuadrones de parapoliciales. Estos graves casos están parados en los estrados judiciales y a sentencia no llegaron ni el 3 por ciento.
A pesar de los cambios realizados y los esfuerzos desplegados por constituir un Estado social de Derecho, muchas instituciones, y principalmente las que tienen que ver con la justicia, el derecho, la seguridad y las garantías ciudadanas, han sido maquilladas democráticamente pero siguen manteniendo muchas de las características de un sistema represor y arbitrario.
En este marco, desde el 2005 al 2008, ha desarrollado sus funciones la Comisión de Verdad y Justicia, que fue integrada por presión de las organizaciones sociales y de derechos humanos. Sus conclusiones están, sus recomendaciones están, pero el estado formalmente aún no las ha internalizado. Esta es una tarea pendiente que debe ser socialmente impulsada. No habrá otra forma.
CAMBIO TARDIO
Desde el 15 de agosto de 2008, ha caído luego de 60 años el último partido hegemónico de la guerra fría, por tanto, para nosotros, el pasado aún es presente a transformar, y un presente activo donde amplios sectores conservadores y prodictatoriales, ocupan preeminentes espacios de poder dentro de lo que llamamos una democracia tutelada, con enormes e históricas deudas con la sociedad, donde existen garantías individuales limitadas, muy expresas y duras en relación a la protección de la apertura unilateral de mercados, a la seguridad jurídica del capital transnacional, el respeto de la propiedad privada en términos absolutos, especialmente la terrateniente, con rango constitucional, y con una pobre contrapartida acerca de las obligaciones del estado en acceso a la tierra por parte de campesinos e indígenas, respecto a las obligaciones en salud, educación, vivienda, trabajo, derechos humanos fundamentales en su amplia y más actual acepción, que igualmente tienen rango constitucional desde 1992, pero sin aplicación efectiva y plena en todo el territorio.
Paraguay nunca convivió bajo un sistema democrático pleno, y el mismo, hoy no pasa de ser visto por la ciudadanía como un conjunto de garantías individuales que no todos podemos gozar en igualdad de condiciones. Las garantías se observan más en los centros urbanos y menos en los rurales; más a favor de las clases medias y altas y menos a favor de las clases trabajadoras y rurales. Hoy la injusticia tiene la cara de la pobreza y del campesinado, y dentro de ellas se tornan críticas la falta de protección de las mujeres, los niños, los adultos mayores, el casi abandono absoluto de nuestras ancestrales comunidades indígenas. Aún contamos con un poder judicial criminalizador de la pobreza, caro y lento. Y un parlamento que sólo encuentra consensos cuando de la protección de la extrema desigualdad social se trata.
La dictadura en el Paraguay, tuvo un status que lo acercó gravemente al de un protectorado, vestido de democracia sin comunismo desde 1954, vestido de estado social de derecho desde 1989, siempre con autonomía limitada y soberanía sesgada. Pero no todo ha sido voluntad exógena. Pues el conservadorismo en el Paraguay es de larga data. Al día de la fecha el estado paraguayo no ejerce soberanía en todo su territorio.
El "saber hacer", el conjunto de conocimientos, así como elementos inscrutados en diversos huecos del estado nacional, permiten la subsistencia de las prácticas arbitrarias que antes eran la regla, y que aunque hoy formalmente ilegales, y corren riesgo de extenderse bajo la forma de escuadrones de la muerte, ejércitos privados, justificando su actuación por diversas razones artificialmente magnificadas: inseguridad, fronteras débiles, pérdida de soberanía, etc.
SIN DERECHOS HUMANOS NO HAY DEMOCRACIA
Por tanto, no vemos mejor instrumento para la construcción de una sociedad democrática, que la organización social ciudadana genuina, utilizando los recursos que aporta la recuperación de la memoria de lucha de nuestro propio pueblo y de los pueblos latinoamericanos, la creación de redes sociales horizontales y solidarias, nacionales, regionales e internacionales, como las únicas garantías válidas de no retorno, las únicas garantías válidas para la construcción de una sociedad de pleno disfrute de todos los derechos fundamentales, políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales, con el ser humano como eje.
La dictadura se fue en 1989 pero sus prácticas y el sistema para el cual estaba diseñado, subsistieron. La dictadura pudo tener todos los apoyos del exterior, pero la supervivencia de ayer y la sobrevida de sus integrantes en espacios importantes de la estructura del estado paraguayo, especialmente el poder judicial, la corte suprema, el jurado de enjuiciamiento de magistrados, el consejo de la magistratura, el superior tribunal de justicia electoral, el parlamento nacional, muchas gobernaciones y municipios, tiene componentes estrictamente endógenos y es nuestra responsabilidad desde el sector popular, cambiar definitivamente este status quo conservador por un nuevo contrato social superador, esta vez, también endógenamente democrático y social, inclusivo, solidario, que respete en forma absoluta toda nuestra rica historia, identidad y diversidad, en un nuevo escenario regional y mundial.
CREEMOS REDES HORIZONTALES SOLIDARIAS
La promoción y defensa de los derechos humanos en forma integral pueden y debe ser una herramienta estratégica para el cambio desde la sociedad y el estado. Aquellos pueblos, naciones, colectivos que han recuperado, protegido su memoria de lucha, mantuvieron o reconstruyeron su tejido social solidario a pesar de las específicas políticas de división, cuadriculación, control interno del terrorismo de estado del pasado reciente y sus secuelas. Estas naciones y colectivos estuvieron y están hoy mejor preparadas para enfrentar las nuevas versiones de intervención neocolonial, a la vez que mejor posicionados para plantar banderas más dignas de autodeterminación, reparto soberano e igualitario de la riqueza social internamente generada, así como la protección del medio ambiente y social, heredad y patrimonio de toda nación que se precie de seguir existiendo como tal.
Material presentado para el debate en el Seminario sobre la Operación Cóndor y su proyección en el presente, realizado en la Sala Bicameral del Parlamento Nacional, Asunción del Paraguay, entre los días 4 y 5 de diciembre de 2009, organizado por La Comuna de Paraguay y la Liga Argentina por los Derechos Hombre.
