Por Federico Tatter @Fedetatter #relatosbreves #eranegra #paraguay #UNAnotecalles #Paraguaynotecalles #Memorianotecalles
Desde el Consulado de la República del Paraguay, situado en la calle San Lorenzo 179 de la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, Argentina, el cónsul y “agente secreto especial de enlace” de Alfredo Stroessner con los militares argentinos, Francisco Ortíz Téllez, condenado hoy en primer instancia en jurisdicción paraguaya por conocimiento necesario del secuestro del paraguayo opositor Agustín Goiburú, y señalado en la causa por los crímenes de la Operación Cóndor tramitada en la República Argentina, despachó una larga carta “confidencial” al secretario privado de la presidencia de la dictadura stronista, don Mario Abdo Benítez, en su despacho del Palacio de López, con fecha 20 de julio de 1984.
Saltarse los canales institucionales en la dictadura stronista, donde no había institucionalidad, o la que existía, era tan viscosa y arbitraria como las de cualquiera de las dictaduras totalitarizantes, más que una excepción era regla. Saltarse reglas, para pyragüerear, era en el stronismo, casi un acto patriótico. Aunque en el caso de Ortíz Téllez, para saltarse canales, había por lo menos dos razones de importancia.
La primera, la vinculación con los guiones rojos, y la larga amistad, incluso el padrinazgo de Mario Abdo Benítez, sobre su pupilo, el ex seminarista Francisco Ortíz Téllez, desde antes de los años setentas, en que éste militaba en la Seccional Colorada de Barrero Grande, hoy Eusebio Ayala, de importante rol en las acciones represivas a las contestaciones campesinas, revolucionarias y religiosas en los años sesentas en el departamento de Cordillera (Ortíz Téllez junto a otros seccionaleros, por sus acciones represivas contra sacerdotes, catequistas y el atraco a la iglesia de Eusebio Ayala, habían sido excomulgados en forma temporal por un naciente hombre de la Iglesia paraguaya, Ismael Rolón).
Así las cosas, a tal punto creció la empatía, que fue el propio Mario Abdo Benítez quien recomendó a Alfredo Stroessner, para que desde 1971 se nombrara a Francisco Ortíz Téllez como cónsul en la ciudad de Posadas, Argentina, con una misión especial, considerada como un premio para los más leales: espiar a los paraguayos exiliados y entablar contacto reservado con órganos represivos argentinos para identificar y hacer la vida más difícil a los paraguayos antistronistas.
La segunda, es que el propio dictador encomendó una tarea secretísima a Ortíz Téllez, ya un comprobado represor. Ser un correo preferencial directo con los militares argentinos afines y todos sus órganos represivos, legales e ilegales, función que cumplió con toda la extralimitación que tales prerrogativas le permitieron, desde 1971 hasta 1989. A tal punto que el propio Téllez reconoció que en forma periódica, su consulado recibía un “dossier secreto” de todas las actividades de los paraguayos en la Argentina, y de argentinos que realizaran actividades en relación a la lucha antidictatorial y prodemocrática solidaria con el pueblo paraguayo, redactado rutinariamente por el servicio de inteligencia del ejército argentino, como una “deferencia” entre militares autoritarios y anticomunistas. Cuando el dossier secreto, era de alta relevancia, el propio cónsul se dirigía a Buenos Aires, recibía en propias manos el documento, y él mismo lo llevaba para entregar también en propias manos al propio dictador Stroessner en su casa o en el Palacio de López. Máximo secreto, máxima confianza. Todo ello, desde 1971, antes de la llamada Operación Cóndor. En cierta forma vergonzante, Ortíz Téllez con el tiempo, no negó la existencia de la Operación Cóndor, aunque se dedicó a minimizar su participación, como simple correo entre represores, con una ironía: “...si el Cóndor existió, yo habré sido sólo un gorrión”. Todo indicaba que habría sido algo más que un "simple gorrión del terrorismo de estado". En próximo relato. El contenido de esta carta confidencial del 20 de julio de 1984.
Federico Tatter.
8 de noviembre de 2015. Asunción, Paraguay.
Corregido por Eugenia de Amoriza.
domingo, 8 de noviembre de 2015
NO RESISTEN ARCHIVOS
El documento. Durante el mes de noviembre de 1987, se llevó a cabo la XVII Conferencia de Ejércitos Americanos, CEA, en la balnearia ciudad de Mar del Plata, Argentina. En ese momento, la mayoría de los países estaban transitando procesos de democratización limitada tutelada bajo el Consenso de Washington, otros estaban en vías de ingresar a procesos más profundos de transición, y el Paraguay, vivía aún bajo la misma dictadura terrorista de estado, que mantenía a la nación paraguaya sojuzgada desde 1954. Sin dejar de anotar que en estricto sentido, con la sola excepción de una breve primavera democrática de escasos seis meses en el año 1946, el Paraguay nunca vivió un proceso democrático liberal formal real.
La Secretaría Ejecutiva Permanente de la CEA, produjo un documento bajo la carátula de “reservado”, que contenía incluso en su interior, algunos fragmentos, calificados de “secreto”. Un puñado de militares y exmilitares que no comulgaron con el terrorismo de estado cívico-militar en el cono sur, filtró el mismo y pasó de mano en mano por el movimiento de derechos humanos y de familiares de desaparecidos. Muchas madres de desaparecidos rescataron el informe, que en pleno 1987, los seguía considerando como “enemigos internos”, como el punto 4 de la probable evolución de la coyuntura que sentenciaba, en carácter de secreto: “La subversión tratará por todos los medios de buscar la unidad dentro de los distintos grupos, que orientados por tendencias distintas operan independientemente”.
El valor del rescate del documento. Muchos años después, varios investigadores y académicos, reconocieron que los familiares de desaparecidos políticos, encararon con seriedad su labor de denuncia y hasta tuvieron la posibilidad de realizar inteligencia sobre las características fundamentales de los ejércitos de las dictaduras latinoamericanas que decidieron en Whasington, el Canal de Panamá, y en varias embajadas extracontinentales, considerar a las poblaciones civiles latinoamericanas y sus liderazgos sociales, como objetivos militares a controlar y destruir.
Algunos redactores del documento. Por parte de la dictadura cívico-militar stronista, participaron el general de división don Andrés Rodríguez, el general de brigada don Rafael Benito Guanes Serrano, y el general de brigada don Francisco Sánchez González. El primero, Andrés Rodriguez, comandante de la Caballería, relacionado familiarmente al dictador, integró el primer anillo de la dictadura desde sus inicios y se consolidó luego de la purga de los capitanes en 1962, conocido por hacerse multimillonario dejando solamente de fumar, fue cabeza de varios grupos de enriquecimiento, y también, cabeza de un golpe cívico-militar palaciego en 1989 bajo recomendación norteamericana. El segundo, Rafael Benito Guanes Serrano, considerado principal planificador y ejecutor de la Operación Cóndor en Paraguay junto a Alejandro Fretes Dávalos, fue un aficionado a la acumulación de tierras paraguayas para la reforma agraria, y conocido por sus artes en el mundo de la inteligencia militar. El tercero, Francisco Sánchez, fue conocido como el hombre fuerte de la III división de infantería con asiento en San Juan Bautista de las Misiones, quien desde 1969, organizó su propia red de inteligencia militar, con seccionaleros, comisarios rurales y docentes, todos del partido de estado, sobre las incipientes ligas agrarias campesinas, mucho antes de la gran represión de 1976, y fue quien acompañó el golpe palaciego de 1989, reemplazó a Alcibíades Brítez Borges, otro gran aficionado a las tierras ajenas, para transformarse en el primer jefe de policía del poststronismo, quien tuvo a su cargo la guarda y depuración de los archivos de la represión política de Pastor Coronel, para su parcial destrucción y eventual hallazgo de los vestigios que conocemos como “del terror”.
Parte del contenido del documento. Y hablando del terror, de acuerdo a las deliberaciones, los diversos representantes de los ejércitos americanos, expresaron “el terror”, a toda forma de democracia real, en el proyecto de acuerdo número 4, de la página 27 que expresó textualmente: “Que la libertad irrestricta de los medios de comunicación establecida constitucionalmente para servir a los intereses nacionales de un país es aprovechada directa o indirectamente por la subversión para socabar los fundamentos de la sociedad, en su clara intensión de destruirla y reemplazarla por otra presuntamente más justa” (sic). Quedó muy claro, que cualquier escenario de pseudo democracia o democracia simulada, podría tolerarse por el temperamento militar, siempre y cuando, estuvieran los medios de comunicación bajo estricto control. (Haga un repaso del caso paraguayo, medio por medio, corporación por corporación).
Es lógico que los familiares de desaparecidos, tuvieran expresos recaudos al caracterizar el llamado proceso de transición en el Paraguay luego de 1989, sus peligros y enormes contradicciones, para alcanzar un real proceso de verdad, justicia y memoria.
En Paraguay, hay militares que no resisten a los archivos. Por ello, han recurrido a "limpiezas parciales" y enredos con archivos. ¿Le suena?
Federico Tatter.
18 de octubre de 2015. Asunción, Paraguay.
Corregido por Eugenia de Amoriza.
CASOS DE GABINETE
El ministerio de Relaciones Exteriores de la dictadura, a cargo de Carlos Augusto Saldívar, en los años ochentas, recibió órdenes de Alfredo Stroessner de prestar especial dedicación al seguimiento de las actividades de los ciudadanos contestatarios y opositores al stronismo en diversas partes del mundo donde la dictadura los exilió. En realidad, todos los ministros anteriores recibieron idénticas órdenes. El seguimiento de paraguayos en el exterior, fue una constante durante 35 años.
Pero este es el caso de los paraguayos exiliados en la Argentina, quienes desde 1983, acompañaron la recuperación de la democracia en ese país hermano, luego de siete años de terrorismo de estado atroz.
Desde sus inicios, el gobierno del doctor Raúl Alfonsín, apoyó con decisión la democratización en Paraguay y obviamente, apoyó todas las acciones de la comunidad paraguaya exiliada en ese país, quienes habían tenido sobre sus cabezas, dos dictaduras.
Tal dedicación le prestó el ministro Saldívar, que cuentan que tenía archivos bien ordenados en su propio gabinete para seguir paso a paso el Asunto. Una de sus carpetas llevaba el título: “Ministerio de Relaciones Exteriores, Gabinete del Ministro. Asunto: República Argentina. Actividades de Opositores. Misiones”.
Cuentan, que en ella fue hallada una copia de la comunicación V.P. N° 11, del 27 de febrero de 1985, enviada por el embajador paraguayo en la Argentina, Luis González Arias, dirigida directamente al ministro del Interior, doctor Sabino Augusto Montanaro, con una grave preocupación de estado. Textual: “Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia para informarle que día 8 de marzo próximo, se realizará una manifestación en frente a nuestra Embajada para celebrar (sic) el quinto aniversario del atraco a Caaguazú”.
Cabe aclarar. No fue una celebración, fue una demostración de protesta por la masacre de campesinos de Acaray-mi, donde aún hay diez desaparecidos, asesinados por fuerzas militares y paramilitares del partido colorado.
Continúa la nota de González Arias: “Remito adjunta una circular de la CPT en el Exilio, donde anuncian el programa de actos para el presente año”.
La paranoia natural del dictador permeó a toda la estructura del estado, a su entero servicio. El embajador González Arias hizo lo de todos. Cargó bien la tinta para demostrar su lealtad a toda prueba. Y bien que le sirvió. Pues el ministro Carlos Augusto Saldivar, el 24 de julio de 1986, a través de su D/M N° 149, le comunicó que por decreto N° 16.657, del día anterior, 23 de julio de 1986, el dictador lo nombró como su embajador representante permanente ante los organismos de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra, Suiza. Cosas del gabinete. Compensar los servicios prestados: seguir celosamente las actividades de los opositores paraguayos a la dictadura. De cuando perseguir paraguayos en el exterior era cuestión de estado. Un hecho en absoluto ilegal en cualquier régimen democrático.
Federico Tatter.
7 de octubre de 2015. Asunción, Paraguay.
Corregido por Eugenia de Amoriza.
HOSTIGAMIENTO AL DISTINGUIDO DOCTOR BELLASAI
Por Federico Tatter @Fedetatter #relatosbreves #eranegra #paraguay #UNAnotecalles #Paraguaynotecalles #Memorianotecalles
El 13 de enero de 1987, bajo referencia del “Caso 9713”, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dentro de sus procedimientos institucionales, envió una comunicación a la dictadura stronista a través de su canal, el ministro de Relaciones Exteriores, el doctor Carlos Augusto Saldívar, para ampliar el reclamo acerca de las continuas detenciones arbitrarias hacia el movimiento social y político (Fetraban, Resk, Saguier), el movimiento estudiantil (Caso de Clínicas), y el movimiento campesino (Tavapy II), sea bajo amenaza o sospecha de infligir las leyes liberticidas 209 y 294, sea, bajo las atribuciones autoritarias del artículo 79 de la Constitución Nacional, de perpetuidad del estado de sitio.
La ampliación de la denuncia a cargo de los reclamantes, inició así: “En adición a nuestra denuncia anterior queremos informarles que entre los múltiples casos de reiteradas detenciones que se han venido sucediendo últimamente con tanta frecuencia en Paraguay para hostigar y atemorizar a quienes protestan o discrepan cívicamente de cualquier medida adoptada por el Gobierno, se encuentra el doctor José Bellasai, médico del Hospital de Clínicas de Asunción y distinguido miembro de la Asociación de Médicos”.
Las mencionadas leyes y artículos tenían bien ganado el nombre de “liberticidas”, pues su espíritu era en esencia autoritario y netamente represivo de cualquier contestación ciudadana, por más leve que fuera. Funcionaba como un garrote. Mejor aún, después del garrote real de la represión policial, los contestatarios, recibían otro, del “ámbito judicial”, con fiscales y jueces que continuaban “por otras vías”, la misma represión política arbitraria.
Pero, sigamos con la ampliación de la denuncia acercada a la CIDH el 24 de diciembre de 1986: “El doctor Bellasai detenido en abril de 1986 y poco tiempo después liberado fue apresado nuevamente, sin mandamiento judicial ni razón justificada alguna, el 23 de diciembre de 1986, por dos policías, mientras se encontraba atendiendo a sus pacientes en el Centro de Salud Oficial, es el poblado de Nueva Colombia, a unos 60 km de Asunción”.
En esta oportunidad, continúa el escrito: “...fue detenido por dos agentes de la policía los cuales se hicieron pasar por pacientes del galeno y procedieron a esposarlo y lo pasearon así públicamente por varias calles del pueblo para que todos lo vieran y después se lo llevaron a la Central de Policía en Asunción, donde permanece incomunicado. … Demandamos que se le formulen cargos oficialmente y se le ponga a la disposición del juez competente o se le ponga inmediatamente en libertad”.
Menos de un mes después, el 26 de enero de 1987, el ministerio de relaciones exteriores de la dictadura, a través de Francisco Barreiro “Poncho Pytá” Maffiodo, dió instrucciones de contestación a su embajada en Whasington a través de un lacónico telegrama: “Para embajador Martinez Mendieta Stop … Caso 9713 José Bellasai Stop Estuvo detenido en virtud del artículo 79 de la Constitución Nacional Stop Goza de perfecta salud y total libertad Stop Barreiro”. Sin dudas, la pluma filosa del diario Patria, se melló. Ya no asustó a nadie, sólo vergüenza ajena.
El “doble método policial-judicial”, acompañado de criminalización a través de la propaganda de estado, fue utilizado por el régimen dictatorial, para propalar nacional e internacionalmente, que la represión política estuvo enmarcada siempre “dentro de las leyes y la Constitución Nacional de una democracia”. No fue más que un recurso, para esquivar la acertada caracterización de “dictadura”. La "era de paz y progreso del segundo reconstructor", no pasó de ser una era negra, plagada de oscurantismo, atrocidades y farsas.
Este método de enmascaramiento de la arbitrariedad, nos servirá para realizar analogías más adelante, y entender el temperamento represor inmanente del estado paraguayo durante la transición, que se mantiene hasta la actualidad. La pulsión manifiesta del poder del estado de rodear de legalidad, sus abusos y arbitrariedades, pero sin perder el estatus de “democrático”, ante la opinión pública nacional, y ante organismos internacionales.
Federico Tatter.
4 de octubre de 2015. Asunción, Paraguay.
Corregido por Eugenia de Amoriza.
El 13 de enero de 1987, bajo referencia del “Caso 9713”, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dentro de sus procedimientos institucionales, envió una comunicación a la dictadura stronista a través de su canal, el ministro de Relaciones Exteriores, el doctor Carlos Augusto Saldívar, para ampliar el reclamo acerca de las continuas detenciones arbitrarias hacia el movimiento social y político (Fetraban, Resk, Saguier), el movimiento estudiantil (Caso de Clínicas), y el movimiento campesino (Tavapy II), sea bajo amenaza o sospecha de infligir las leyes liberticidas 209 y 294, sea, bajo las atribuciones autoritarias del artículo 79 de la Constitución Nacional, de perpetuidad del estado de sitio.
La ampliación de la denuncia a cargo de los reclamantes, inició así: “En adición a nuestra denuncia anterior queremos informarles que entre los múltiples casos de reiteradas detenciones que se han venido sucediendo últimamente con tanta frecuencia en Paraguay para hostigar y atemorizar a quienes protestan o discrepan cívicamente de cualquier medida adoptada por el Gobierno, se encuentra el doctor José Bellasai, médico del Hospital de Clínicas de Asunción y distinguido miembro de la Asociación de Médicos”.
Las mencionadas leyes y artículos tenían bien ganado el nombre de “liberticidas”, pues su espíritu era en esencia autoritario y netamente represivo de cualquier contestación ciudadana, por más leve que fuera. Funcionaba como un garrote. Mejor aún, después del garrote real de la represión policial, los contestatarios, recibían otro, del “ámbito judicial”, con fiscales y jueces que continuaban “por otras vías”, la misma represión política arbitraria.
Pero, sigamos con la ampliación de la denuncia acercada a la CIDH el 24 de diciembre de 1986: “El doctor Bellasai detenido en abril de 1986 y poco tiempo después liberado fue apresado nuevamente, sin mandamiento judicial ni razón justificada alguna, el 23 de diciembre de 1986, por dos policías, mientras se encontraba atendiendo a sus pacientes en el Centro de Salud Oficial, es el poblado de Nueva Colombia, a unos 60 km de Asunción”.
En esta oportunidad, continúa el escrito: “...fue detenido por dos agentes de la policía los cuales se hicieron pasar por pacientes del galeno y procedieron a esposarlo y lo pasearon así públicamente por varias calles del pueblo para que todos lo vieran y después se lo llevaron a la Central de Policía en Asunción, donde permanece incomunicado. … Demandamos que se le formulen cargos oficialmente y se le ponga a la disposición del juez competente o se le ponga inmediatamente en libertad”.
Menos de un mes después, el 26 de enero de 1987, el ministerio de relaciones exteriores de la dictadura, a través de Francisco Barreiro “Poncho Pytá” Maffiodo, dió instrucciones de contestación a su embajada en Whasington a través de un lacónico telegrama: “Para embajador Martinez Mendieta Stop … Caso 9713 José Bellasai Stop Estuvo detenido en virtud del artículo 79 de la Constitución Nacional Stop Goza de perfecta salud y total libertad Stop Barreiro”. Sin dudas, la pluma filosa del diario Patria, se melló. Ya no asustó a nadie, sólo vergüenza ajena.
El “doble método policial-judicial”, acompañado de criminalización a través de la propaganda de estado, fue utilizado por el régimen dictatorial, para propalar nacional e internacionalmente, que la represión política estuvo enmarcada siempre “dentro de las leyes y la Constitución Nacional de una democracia”. No fue más que un recurso, para esquivar la acertada caracterización de “dictadura”. La "era de paz y progreso del segundo reconstructor", no pasó de ser una era negra, plagada de oscurantismo, atrocidades y farsas.
Este método de enmascaramiento de la arbitrariedad, nos servirá para realizar analogías más adelante, y entender el temperamento represor inmanente del estado paraguayo durante la transición, que se mantiene hasta la actualidad. La pulsión manifiesta del poder del estado de rodear de legalidad, sus abusos y arbitrariedades, pero sin perder el estatus de “democrático”, ante la opinión pública nacional, y ante organismos internacionales.
Federico Tatter.
4 de octubre de 2015. Asunción, Paraguay.
Corregido por Eugenia de Amoriza.
CAMPOS ALUM Y LA FEDRE (II y última parte)
La dictadura stronista nunca pudo atajar el nacimiento de decenas de expresiones organizadas del estudiantado paraguayo, pero dedicó y transformó a todas las instituciones del estado para combatir con saña a todos los movimientos estudiantiles antidictatoriales, a los democráticos, y muy especialmente, a los revolucionarios. Así comenzamos la primera parte del relato. Hoy continuamos.
El riguroso informe secreto Número 14 de fecha 18 de febrero de 1963, de dos páginas de Antonio Campos Alum, director general eterno de “La Técnica”, acerca de las actividades de la Federación de Estudiantes Democráticos Revolucionarios, FEDRE, sigue así.
La FEDRE en ese año, contó con un secretariado central que incluyó a los universitarios y secundarios y contó con un secretario por cada colegio o casa de estudios, y a su vez, en cada entidad educativa, un secretario por curso o aula.
Campos Alum identifica, “La FEDRE está dirigido por el doctor Ignacio Benigno Fernández ... La principal tarea es la del reclutamiento. La afiliación de nuevos miembros para ir ensanchando la esfera de actividad...”.
A finales de 1962, sus integrantes mantuvieron reuniones con otras juventudes políticas, como las del MOPOCO, ALON, JUVENTUD FEBRERISTA y DEMOCRATAS CRISTIANOS.
Finaliza Campos Alum: “En esta reunión, donde asistieron los representantes de los citados movimientos, cuyos nombres no conocemos porque se manejan con seudónimos, no se aceptó la propuesta del MOPOCO, de ejecutar actos de sabotajes y terrotismo (sic). Sin embargo se llegó a un acuerdo conjunto para realizar una pintada mural de carácter general contra las elecciones (de la dictadura), cuyo lema debía ser: REELECCION NO – REVOLUCION SI. Asimismo, se llegó a un acuerdo conjunto con los jóvenes del MOPOCO, FEDRE, JUVENTUD FEBRERISTA y ALON, de efectuar mítines relámpagos en los cines y teatros lo mismo que en cualquier otro espectáculo.
La FEDRE, por lo menos la fuente desconoce, no tenía planes de terrorismo, por la razón apuntada más arriba. Es decir, que el Partido Comunista consideraba a este tipo de manifestaciones apresuradas de AVENTURISTAS (sic)”.
La represión ejercida por la dictadura con cárcel prolongada, tortura, exilios prolongados y desapariciones forzadas, demostró posteriormente, que fue sistemática y utilizada como medio de control social y político. A ello se denominó terrorismo de estado, que desplegó por lo menos 120 campañas represivas, a un ritmo de casi 4 campañas por año, una cada tres meses. Por tanto fue terrorismo desde el estado, el sistema dictatorial stronista, 1954-1989. Y uno de sus principales ejecutores, sin dudas, Antonio Campos Alum.
Federico Tatter.
2 de octubre de 2015. Asunción, Paraguay.
Fragmento de una copia de la página 2 del informe secreto número 14 redactado por Antonio Campos Alum en 1963.
Corregido pacientemente por Eugenia de Amoriza.
CAMPOS ALUM Y LA FEDRE (I)
El movimiento estudiantil paraguayo fue protagonista político durante todo el siglo XX, a pesar del estado autoritario. Su historia aún espera un relato amplio e incluyente. Los actuales relatos que buscan compendiar apresuradamente el protagonismo del estudiantado paraguayo en la vida nacional, al margen de la buena voluntad, a veces, buscando visibilizar sólo algunas parcialidades, dejan en el camino de la invisibilidad procesos más profundos de los que buscaron destacar. A veces, oscurecen y se saltan grandes períodos, con el afán de iluminar sólo unos pocos que resultan lugares comunes y cómodos conocer. Falta aún una historia política y social del movimiento estudiantil paraguayo con rigor histórico y científico, periodización seria, sin saltos, sin agujeros negros u omisiones, que se dieron a veces por limitaciones de acceso a fuentes, o limitaciones ideológicas para interpretarlas.
La dictadura stronista, por ejemplo, nunca pudo atajar el nacimiento de decenas de expresiones organizadas del estudiantado paraguayo, pero dedicó y transformó a todas las instituciones del estado para combatir con saña a todos los movimientos estudiantiles antidictatoriales, a los democráticos, y muy especialmente, a los revolucionarios. En la misma medida, en que usó toda su fuerza para crear organismos pseudo estudiantiles “amarillos, funcionales y afines al partido-estado”, dóciles a la dictadura, con pseudo dirigentes rentados, que no pasaron de ser pyragüés a sueldo de Investigaciones, Educación o alguna otra dependencia estatal que les brindara rubro, sueldo o un contrato. (Para éstos últimos, las casas de estudiantes, el monopolio de las becas a nivel nacional e internacional vía afiliación, y un cargo en el estado como recompensa. Así, a través de la institución del “pyragüé”, generaciones enteras de jóvenes fueron financiadas por el estado, a cambio de la delación, y a veces, de la participación de éstos en actos represivos hacia otros estudiantes).
Es conocido el caso de estudiantes y recién egresados de derecho durante la dictadura, que participaron, además del pyragüereato, en indagatorias con torturas en las propias instalaciones de la policía política, como el caso de la represión al movimiento bancario, Fetraban en los años ochentas del siglo pasado.
Hasta aquí, el contexto. Ahora veamos cuán bien investigó y conoció la oficina policíaca y de inteligencia política especializada en el combate al comunismo, la temible Dirección Nacional de Asuntos Técnicos (DNAT, 1955-1992), popularmente conocida como “La Técnica”, dirigida por el agente formado por los Estados Unidos de América, Antonio Campos Alum, quien dependió directamente del Ministerio del Interior, y sobrevivió a Edgar Linneo Insfrán, a Augusto Sabino Montanaro, jubilándose tranquilamente en 1992, dos años después del golpe de estado narco-paralaciego de 1989. Vivió protegido por la comunidad de inteligencia nacional e internacional y murió impune en el Sanatorio San Roque del Paraguay, sólo hace un par de años.
Con carácter “SECRETO”, el doctor Antonio Campos Alum, redactó el Informe N° 14 de dos páginas, producido por SI-DNAT y fechado el 18 de febrero de 1963, para todas las dependencias de inteligencia, seguridad, policiales y militares, referente a la Federación de Estudiantes Democráticos Revolucionarios, FEDRE. Iniciativa estudiantil invisibilizada de entre los invisibles.
Inició así: “Según informaciones suministradas por fuentes responsables, la FEDRE (Federación de Estudiantes Democráticos Revolucionarios) es un organismos de “frentes”, que trata de aglutinar a todos los estudiantes de izquierda. No tiene dependencia del FULNA, pero sí mantiene estrecho contacto con el Partido Comunista Paraguayo. Vale decir, que es un órgano colateral del Partido, con igual equivalencia al FULNA. Ambos dependen del Partido Comunista”.
Continúa Campos Alum, “La FEDRE está en período de crecimiento … ha mantenido desde 1961, conversaciones con los dirigentes de los movimientos juveniles: MOPOCO, ALON, JUVENTUD FEBRERISTA Y DEMÓCRATAS CRISTIANOS. Se ha llegado a un acuerdo entre ellos para la preparación de una campaña de agitación sobre la base de oponerse a la reelección de (Alfredo) Stroessner”.
Según Campos Alum, Inmediatamente y a raíz de procedimientos policiales, se produjo la dispersión de los dirigentes de la FEDRE y los propósitos no pudieron cumplirse. Pero a fines de 1962, se reorganizaron y volvieron a los contactos “por arriba” con los dirigentes de otros movimientos. No estuvieron de acuerdo a la propuesta del MOPOCO de realizar actos de sabotajes a la reelección, pero sí la FEDRE, les propuso a los demás acciones de movilización hacia un levantamiento general contra “el gobierno dictatorial”, y por la formación de un gobierno provisorio de democratización nacional.
Cuando el informe de inteligencia policial dice "dispersión", debemos entender que ello se concretó a través de detenciones arbitrarias, tortura y muy fuerte, amenazas de muerte, exilio incluso hasta nuestros días, prisión prolongada hasta de 11 años sin juicio de muchos de sus integrantes, y la desaparición forzada de otros. Marcó la vida y la muerte de muchos paraguayos y paraguayas.
(Continuará en segunda entrega).
Federico Tatter.
28 de setiembre de 2015. Asunción, Paraguay.
* La foto que acompaña el relato, es un fragmento de una copia de la primera página del Informe secreto N° 14, del 18 de febrero de 1963 redactado por Antonio Campos Alum, acerca de la FEDRE.
** Relato corregido con denuedo por Eugenia de Amoriza.
EL DESVIADO PÉREZ BARQUIN
Por Federico Tatter @Fedetatter #relatosbreves #eranegra #paraguay
El 4 de agosto de 1977, el director de Culto de la dictadura, Manfredo Ramírez Russo, informó como era su regla, al profesor Juan Livieres Argaña, embajador del Paraguay ante la Santa Sede, acerca de un asunto muy importante y delicado relacionado a la línea de la pedagogía de la liberación. Según sus informes, ésta había asentado sus reales en el área de la enseñanza de la catequesis en el Colegio San José.
La dirección de Culto, actuó por insistencia de un padre de familia, quien denunció expresamente la utilización de la Biblia Latinoamericana.
El ministerio de Educación realizó un rápido trabajo sobre los directores del colegio. La inquisición estuvo a cargo de Ramírez Russo, quien ya se había entrenado con la intervención al Colegio Cristo Rey con anterioridad. Se sumó el departamento de Investigaciones, a cargo de Pastor Coronel y el inspector Alberto Buenaventura Cantero, con un trabajo directamente represivo sobre la humanidad del coordinador de la catequesis del nivel primario, de nacionalidad española, de nombre Andrés Pérez Barquin. (Había ingresado al Paraguay como hermano Lasalle, estuvo trabajando en la localidad de Pozo Colorado, Chaco Paraguayo, durante muchos años, luego se retiró de la congregación, para finalmente ingresar como docente al Colegio San José).
Ramírez Russo fue categórico: éste docente, “...estaba desviado tanto desde el punto de vista religioso como desde el punto de vista de los requerimientos y objetivos de la educación nacional”.
El proceso fue rápido. Durante una semana lo mantuvieron detenido en Investigaciones. Tiempo suficiente para un allanamiento de su vivienda, coordinadas entre Investigaciones y la Dirección de Culto. Revolvieron toda la casa, bibliografía, gran parte de los trabajos, libros, y demás documentos. La sentencia final, llegó como un rayo.
El ministro de Educación Raúl Peña, determinó que Andrés Pérez Barquin, fuera expulsado del Paraguay en el plazo de 24 horas. La orden se cumplió con religiosa puntualidad.
Federico Tatter.
24 de setiembre de 2015. Asunción, Paraguay.
Corregido por Eugenia de Amoriza.
LOS DIEZ DE CAAGUAZÚ
@Fedetatter #relatosbreves #eranegra #paraguay
El 10 de marzo de 1980, el Ministerio del Interior dio a conocer el comunicado: ”En la madrugada del sábado 8 del corriente, a la altura del kilómetro 37 de la ruta que conduce a Ciudad Presidente Stroessner a nuestra capital, un grupo de maleantes armados de revólveres y armas blancas, asaltó un ómnibus de pasajeros de la empresa Rápido Caaguazú. Los asaltantes, por medios violentos, despojaron de joyas y dinero a los viajeros. Los delincuentes, perseguidos por las autoridades de represión del contrabando del Ministerio de Hacienda que actúan en la zona, abandonaron el ómnibus luego de herir al inspector de Hacienda, Angel Stucemeider y al sub-alcalde Alejandro Moreno, internándose en los montes a la altura del camino que conduce a la Colonia Tobatí. Los pobladores de la zona que colaboran con las autoridades han identificado a algunos de los asaltantes.
Este ministerio ha encomendado a las autoridades civiles de la jurisdicción a adoptar las medidas conducentes a aclarar debidamente los hechos y a la detención de los delincuentes. Colaboran estrechamente autoridades militares. Oportunamente serán ampliadas estas informaciones”. (José María Blanch, 1991).
El 15 de marzo de 1980, el Ministerio del Interior emitió un segundo comunicado:
“En relación con el asalto a mano armada al ómnibus de la Empresa Caaguazú, hecho ocurrido el día sábado 8 pasado, la Secretaría de Prensa del Ministerio del Interior formula las siguientes ampliaciones a la información que fuera dada a conocer en fecha 9 del corriente mes:
1. En conocimiento de lo ocurrido, las autoridades a cuya jurisdicción corresponde tomar las medidas del caso, se abocaron a realizar las investigaciones para esclarecer lo ocurrido e identificar y detener a los autores del asalto. Las fuerzas de seguridad se vieron asistidas por miembros de las seccionales coloradas de Juan Manuel Frutos y de Campo 9, con cuya espontánea colaboración se contó desde el primer momento al igual que con los pobladores y agricultores del lugar que decididamente cooperaron con los representantes del orden, manifestando su repulsa ante este inusual suceso. Igualmente, los miembros de la seccional colorada de Caaguazú se agruparon rápidamente junto a las autoridades cuando los maleantes se desplazaron hacia este último sector, prestando su valioso concurso para localizar a los delincuentes, que en número de veinte habían perpetrado estos hechos y se hallaban ocultos en el monte, donde fueron rodeados .
2. Al encontrarse en esta situación, los maleantes abrieron fuego contra las fuerzas del orden, produciéndose un enfrentamiento armado del que resultaron heridos el mayor DEM Carlos Alberto Ayala González, de la II División de Infantería, que se encontraba al mando de tropas regulares, y el alcalde policial de la Delegación de Gobierno de Caaguazú, Romualdo Rolón. También resultaron heridos los milicianos colorados Felipe Giménez y César Duré y el conscripto Arístides Ortigoza.
3. En la misma refriega cayeron muertos los asaltantes: Estanislao Sotelo, Mario Ruiz Díaz, Secundino Segovia Brítez, Feliciano Verdún, Federico Gutiérrez, Adolfo César Britos, Concepción González, Fulgencio Castillo Uliambre, Gumercindo Brítez y Reinaldo Gutiérrez y
heridas las mujeres Apolinaria González y Apolonia Flores. Esta última se halla internada en el Policlínico policial de Asunción. Se encuentran detenidos Felipe Flores, Arcadio Flores, Mariano o Marciano Martínez y Arnaldo Flores, a más de las dos citadas mujeres.
4. Las fuerzas de seguridad y quienes cooperan con ellas continúan la persecución de los prófugos: Victoriano Centurión, Gill Santos Duré, Francisco Solano Duré y Vidal Martínez, con el propósito de detenerlos. Todos los antecedentes serán elevados, oportunamente a la justicia ordinaria” (José María Blanch, 1991).
Contrastando con la versión de la dictadura acerca de los hechos del “Caso Caaguazú”, se remontaronn a principios de 1970, cuando un grupo de campesinos decidió poblar terrenos fiscales situados en la orilla izquierda del río Acaray, a unos 40 kilómetros de Puerto Presidente Stroessner (hoy Ciudad del Este). Aunque la ocupación de las tierras se hizo con permiso del Instituto de Bienestar Rural (IBR), esta institución no expidió títulos a la colonia, en la inteligencia de que cuando hubiera producción iba a encargarse de dar los títulos, según refiere uno de los líderes del grupo, Victoriano Centurión. Pero pasó el tiempo y el título no se expidió, al mismo tiempo que la esposa de un general, Muquí de Ramos Giménez, reclamó la propiedad de las tierras. Para sorpresa de los colonos, se extravió el único comprobante que tenían del antiguo compromiso del IBR: la contraseña número 5859, del 30 de julio de 1976. En 1978, la abogada de los colonos, Mercedes Vergara de Heydel, pidió al IBR, inútilmente, el reconocimiento de los derechos de los campesinos sobre la tierra que habían desmontado y cultivado. En 1980, las fuerzas armadas sitiaron la colonia Acaray, y la situación se volvió tan angustiosa para los pobladores, que decidieron viajar a la capital para reclamar sus derechos y buscar el apoyo de la opinión pública. Tardíamente, el IBR produjo el título solicitado, recién en 1982 (Testimonio de Victoriano Centurión, Caaguazú, 1980).
Nunca hubo justicia para los campesinos de Acaray-Mí. Los diez asesinados, hasta hoy, siguen desaparecidos. El estado sigue en deuda con Caaguazú y sus víctimas. Deudas nuevas sobre otras más antiguas, mientras la simulación buscó y busca cubrir la precipitada fuga de la impunidad.
Federico Tatter.
21 de setiembre de 2015. Asunción, Paraguay.
El 10 de marzo de 1980, el Ministerio del Interior dio a conocer el comunicado: ”En la madrugada del sábado 8 del corriente, a la altura del kilómetro 37 de la ruta que conduce a Ciudad Presidente Stroessner a nuestra capital, un grupo de maleantes armados de revólveres y armas blancas, asaltó un ómnibus de pasajeros de la empresa Rápido Caaguazú. Los asaltantes, por medios violentos, despojaron de joyas y dinero a los viajeros. Los delincuentes, perseguidos por las autoridades de represión del contrabando del Ministerio de Hacienda que actúan en la zona, abandonaron el ómnibus luego de herir al inspector de Hacienda, Angel Stucemeider y al sub-alcalde Alejandro Moreno, internándose en los montes a la altura del camino que conduce a la Colonia Tobatí. Los pobladores de la zona que colaboran con las autoridades han identificado a algunos de los asaltantes.
Este ministerio ha encomendado a las autoridades civiles de la jurisdicción a adoptar las medidas conducentes a aclarar debidamente los hechos y a la detención de los delincuentes. Colaboran estrechamente autoridades militares. Oportunamente serán ampliadas estas informaciones”. (José María Blanch, 1991).
El 15 de marzo de 1980, el Ministerio del Interior emitió un segundo comunicado:
“En relación con el asalto a mano armada al ómnibus de la Empresa Caaguazú, hecho ocurrido el día sábado 8 pasado, la Secretaría de Prensa del Ministerio del Interior formula las siguientes ampliaciones a la información que fuera dada a conocer en fecha 9 del corriente mes:
1. En conocimiento de lo ocurrido, las autoridades a cuya jurisdicción corresponde tomar las medidas del caso, se abocaron a realizar las investigaciones para esclarecer lo ocurrido e identificar y detener a los autores del asalto. Las fuerzas de seguridad se vieron asistidas por miembros de las seccionales coloradas de Juan Manuel Frutos y de Campo 9, con cuya espontánea colaboración se contó desde el primer momento al igual que con los pobladores y agricultores del lugar que decididamente cooperaron con los representantes del orden, manifestando su repulsa ante este inusual suceso. Igualmente, los miembros de la seccional colorada de Caaguazú se agruparon rápidamente junto a las autoridades cuando los maleantes se desplazaron hacia este último sector, prestando su valioso concurso para localizar a los delincuentes, que en número de veinte habían perpetrado estos hechos y se hallaban ocultos en el monte, donde fueron rodeados .
2. Al encontrarse en esta situación, los maleantes abrieron fuego contra las fuerzas del orden, produciéndose un enfrentamiento armado del que resultaron heridos el mayor DEM Carlos Alberto Ayala González, de la II División de Infantería, que se encontraba al mando de tropas regulares, y el alcalde policial de la Delegación de Gobierno de Caaguazú, Romualdo Rolón. También resultaron heridos los milicianos colorados Felipe Giménez y César Duré y el conscripto Arístides Ortigoza.
3. En la misma refriega cayeron muertos los asaltantes: Estanislao Sotelo, Mario Ruiz Díaz, Secundino Segovia Brítez, Feliciano Verdún, Federico Gutiérrez, Adolfo César Britos, Concepción González, Fulgencio Castillo Uliambre, Gumercindo Brítez y Reinaldo Gutiérrez y
heridas las mujeres Apolinaria González y Apolonia Flores. Esta última se halla internada en el Policlínico policial de Asunción. Se encuentran detenidos Felipe Flores, Arcadio Flores, Mariano o Marciano Martínez y Arnaldo Flores, a más de las dos citadas mujeres.
4. Las fuerzas de seguridad y quienes cooperan con ellas continúan la persecución de los prófugos: Victoriano Centurión, Gill Santos Duré, Francisco Solano Duré y Vidal Martínez, con el propósito de detenerlos. Todos los antecedentes serán elevados, oportunamente a la justicia ordinaria” (José María Blanch, 1991).
Contrastando con la versión de la dictadura acerca de los hechos del “Caso Caaguazú”, se remontaronn a principios de 1970, cuando un grupo de campesinos decidió poblar terrenos fiscales situados en la orilla izquierda del río Acaray, a unos 40 kilómetros de Puerto Presidente Stroessner (hoy Ciudad del Este). Aunque la ocupación de las tierras se hizo con permiso del Instituto de Bienestar Rural (IBR), esta institución no expidió títulos a la colonia, en la inteligencia de que cuando hubiera producción iba a encargarse de dar los títulos, según refiere uno de los líderes del grupo, Victoriano Centurión. Pero pasó el tiempo y el título no se expidió, al mismo tiempo que la esposa de un general, Muquí de Ramos Giménez, reclamó la propiedad de las tierras. Para sorpresa de los colonos, se extravió el único comprobante que tenían del antiguo compromiso del IBR: la contraseña número 5859, del 30 de julio de 1976. En 1978, la abogada de los colonos, Mercedes Vergara de Heydel, pidió al IBR, inútilmente, el reconocimiento de los derechos de los campesinos sobre la tierra que habían desmontado y cultivado. En 1980, las fuerzas armadas sitiaron la colonia Acaray, y la situación se volvió tan angustiosa para los pobladores, que decidieron viajar a la capital para reclamar sus derechos y buscar el apoyo de la opinión pública. Tardíamente, el IBR produjo el título solicitado, recién en 1982 (Testimonio de Victoriano Centurión, Caaguazú, 1980).
Nunca hubo justicia para los campesinos de Acaray-Mí. Los diez asesinados, hasta hoy, siguen desaparecidos. El estado sigue en deuda con Caaguazú y sus víctimas. Deudas nuevas sobre otras más antiguas, mientras la simulación buscó y busca cubrir la precipitada fuga de la impunidad.
Federico Tatter.
21 de setiembre de 2015. Asunción, Paraguay.
COMO EN CUALQUIER PAIS DEL MUNDO LIBRE
Aclaraciones. Este relato abordará sólo un aspecto del llamado “Caso Caaguazú” iniciado entre el 7 y el 8 de marzo de 1980, porque el mismo es vasto, y aún hoy existe una gran impunidad a 35 años de los hechos y muchos de sus perpetradores siguen siendo perpetradores a la fecha.
No abordaremos la lucha campesina ante el IBR, las maniobras dilatorias y los intentos de jerarcas arrimados al stronismo para quedarse con las tierras de Acaray-mi, los responsables de la tragedia. No abordaremos el tema Costa Rosado, donde milicianos de la ANR con uniforme y parque paramilitar la sitiaron por meses sometiendo a esclavitud a más de 70 niños y niñas. Tampoco escribiremos acerca de la obligación a cadetes de la Academia Militar Mariscal Francisco Solano López para realizar su bautismo de fuego sobre campesinos paraguayos en pleno 1980. Tampoco acerca del ataque comandado por el general “Ayalita” y sus pares, que produjeron más de 300 detenciones, diez ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Todo ello, y más, precisarán de otros relatos ¿Entonces, de qué parte del caso Caaguazú escribiremos ahora?
Será acerca de parte de la defensa del régimen antes instancias internacionales, como las Naciones Unidas, la Corte IDH, Amnistía Internacional y gobiernos extranjeros, que habían establecido una red de observación mundial puntual sobre el stronismo. En 1980, al montaje de las acciones represivas militares, policiales y milicianas partidarias, considerada como una “caza de peligrosos guerrilleros”, siguió otro montaje judicial a cargo de jueces, fiscales y abogados alineados, para validar la matanza y el despojo.
Sobre esos dos montajes, otros agentes gubernamentales de “pechos fríos”, montaron un esquema de engaño a la comunidad internacional para propalar que se cumplía el debido proceso que en plena dictadura. Vamos a los hechos.
En la represión detuvieron a varios menores de edad, Apolinaria González, de 16 años, embarazada de tres meses, Apolonia Flores Rotela, de tan sólo 12 años, quien fue herida con arma de fuego, Arnaldo Flores, y días después, el 12 de marzo en la ciudad de San Lorenzo, Andrés Centurión Dávalos. El saldo mortal del ataque, fue el asesinato de diez campesinos, hasta hoy considerados como desaparecidos, enterrados en fosas clandestinas. Ellos eran Gumercindo Brítez, Estanislao Sotelo, Mario Ruiz Díaz, Secundino Segovia Brítez, Feliciano Verdún, Reinaldo Gutiérrez, Concepción González, Fulgencio Castillo Uliambre, Federico Gutiérrez y Adolfo César Brítez. Todos habrían sido enterrados en la zona de San Antonio-Mí.
Luego de 20 meses de los hechos, el 10 de noviembre de 1981, el ascendido subsecretario de relaciones exteriores, Francisco “Poncho Pytá” Barreiro Maffiodo, redactó una carta copiada del expediente judicial, dirigida al entonces secretario ejecutivo de la CIDH-OEA, Edmundo Vargas Carreño. Lo hizo en respuesta a la nota requisitoria de la propia CIDH del 29 de setiembre de 1981, acerca del llamado Caso 6812, conocido como “Caso Caaguazú”. Informó que el proceso judicial llevó la carátula de “asalto a mano armada, robo, homicidio frustrado, herida, usurpación de autoridad, tenencia ilegal de arma de fuego en Caaguazú”, sobre 14 campesinos y campesinas, incluidos los cuatro menores de edad, y que a todos, les confirmaron la reclusión en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. Absolutamente ni una sola palabra sobre investigación fiscal alguna acerca de los 10 campesinos asesinados y desaparecidos por agentes de estado y milicianos paramilitares. Dejà vu Curuguaty.
Textual escribió: “Entiende en estos autos el Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal del Quinto Turno a cargo del Juez doctor José Francisco Appleyard, secretaría número 9, a cargo de María Angélica de Sarubbi y el Agente Fiscal en lo Criminal del Sexto Turno doctor Edgar Stanley”.
Luego, que los detenidos nombraron diversos abogados defensores, la mayoría del Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia, CIPAE (que había sido creado precisamente ante las masivas detenciones arbitrarias). Ellos fueron los abogados Francisco José de Vargas, Digno Brítez Pérez, Heriberto Alegre, Alejandro Ladalardo, Juan Manuel Benítez y Miguel Abdón Saguier.
Siguió informando acerca de los menores detenidos, y que fueron designados varios “tutores apud acta”. Por Andrés Centurión, Arnaldo Flores y Apolinaria González el abogado Francisco José de Vargas; por Apolonia Flores, la madre superiora Sor Venancia Ramírez.
Continuó conque por el un auto interlocutorio del 22 de noviembre de 1980, el juzgado levantó la prisión preventiva a Apolonia Flores (12 años de edad), recién después de ocho meses de prisión. También, que a través de otro auto interlocutorio de fecha 26 de enero de 1981, el mismo juzgado, concedió un incidente de imputabilidad a Apolinaria González (16 años de edad), y por tanto, el levantamiento de la preventiva, sólo después de diez meses de prisión. Más celeridad para el juzgado tuvieron los diez querellantes de los campesinos, quienes tuvieron un sólo abogado. Justamente el relacionado en varios casos al departamento de Investigaciones de la Policía de la Capital, Diógenes Martínez.
El subsecretario de relaciones exteriores se esforźo al máximo en hacer pasar gato por liebre a diestra y siniestra. Buscó hacer pasar un régimen criminal y represivo, como un estado de derecho, obviamente sin suerte. Repitió el mismo slogan a todas las cartas movilizadas por la comunidad internacional exigiendo respuestas por la detención de tantos menores de edad por tiempo tan prolongado. Sobre la persistencia de la detención de Andrés Centurión Dávalos a casi dos años de los hechos, el bate del diario Patria, respondió en un telegrama del 20 de noviembre de 1981: “El proceso sigue su curso normal como en cualquier país del mundo libre”. Dejà vu recargado.
Federico Tatter.
15 de setiembre de 2015. Asunción, Paraguay.
Foto. Fragmento de un telegrama respondiendo que las detenciones de menores son normales, como en cualquier país del mundo libre. Caso Caaguazú, 1980-1981.
Corrección de estilo y ortografia a cargo de Eugenia de Amoriza. Gracias.
ESE DOLOR SUBTERRÁNEO
@Fedetatter #relatosbreves #eranegra #paraguay
El domingo 13 de mayo de 1977, el semanario católico norteamericano “El Visitante”, de la diócesis portorriqueña, editado en español en la ciudad de Huntington, Indiana, publicó una crónica, referente a la grave situación del Paraguay, en base al despacho de una misteriosa agencia de noticias, LP, que incluso, tendría corresponsales en el propio Paraguay.
Este hecho puso en alerta los músculos inquisitoriales oficiales, y fue tomado como una cuestión de estado. Además, una bofetada a la capacidad investigadora de toda disidencia, que ostentaba la Misión Permanente del Paraguay ante las Naciones Unidas de la dictadura stronista, con sede en Nueva York.
Los entrenados y muy astutos pyragüés que tenían todo bajo control, en realidad, no tenían la menor idea de qué se trataba la tal agencia de noticias, que en sus policíacas narices, estaba enviando despachos a diarios y semanarios a los que estos mismos agentes estatales estaban suscritos, como el propio alto representante permanente, Francisco “Poncho Pytá” Barreiro Maffiodo, que ostentaba el número de suscripción 150BRR 7T4035596 Q124 6-77.
Este agente, dedicó sus días neoyorquinos a exigir derecho a réplica a toda publicación que no dijera la única verdad oficial de su único líder, al cual él representaba sin posibilidad de discusión alguna y hasta las últimas consecuencias (Fue uno de los creadores del famoso sello identitario de la "militancia stronista"). Pero vayamos a la nota que desató la ira de tan alta representación.
El semanario, que decía ser premiado por la Sociedad Intermaericana de Prensa, tituló: “Paraguay. Procesos contra subversivos”. Y en su volanta, citando la enigmática agencia, LP, decía en negritas: “El régimen militar más antiguo de Latinoamérica anunció procesos de prisioneros políticos, que sin tener precedentes parecen ser más un exhibicionismo que el ejercicio de la justicia”.
Y en el cuerpo, el artículo inició sin rodeos: “Ante la corte civil comparecen 45 de unos 350 prisioneros políticos en el campamento cerca de Emboscada, a 24 millas al nordeste de la capital. … Los procesos son una acción del gobierno del General Alfredo Stroessner aparentemente para acabar con la presión puesta por organismos de derechos humanos, Iglesias y hasta del mismo gobierno de EEUU”.
Sigue el artículo con palabras que señalan conocimiento profundo del momento histórico paraguayo, y que se mantendrá con el tiempo: “En Paraguay se ha vuelto costumbre encarcelar a los acusados de crímenes políticos sin cargos formales y sin que se les siga un juicio. Desde que Stroessner subió al poder en 1954, el estado de sitio vuelto constitucional permite que el gobierno prohíba demostraciones y reuniones públicas, suprima ciertos derechos civiles, arreste y haga prohibiciones arbitrarias, haga redadas y se apodere de propiedad privada y haga detenciones sin orden del juez”.
Continúa la crónica: “El año pasado solamente dos personas -entre 150 prisioneros, recluidos por mucho tiempo- fueron juzgadas: el profesor Antonio Maidana y Alfredo Alcorta. Dieciocho años antes, ambos fueron sentenciados a dos años y medio el primero y a un año en la cárcel el segundo por haber participado de una huelga general en 1958. Solamente en febrero pasado (1977), fueron puestos en libertad junto con Julio Rojas, otro de los prisioneros políticos que ha pasado muchísimo tiempo en la cárcel, batiendo records en la historia de Latinoamérica en este respecto”.
Finaliza “El Visitante”: “No es un secreto que la Jerarquía Católica del Paraguay se halla en conflicto con estos procederes de Stroessner durante los últimos años. Los jesuitas especialmente han sido objeto de persecuciones en Paraguay. Mientras tanto, Stroessner mantiene el control inteligente del contrabando de narcóticos y mantiene negocios con compañías extranjeras que controlan el 84% de la economía del país. Los procesos 'de burla' actuales no van a acabar con el sistema feudal en que se halla Paraguay”.
Fue lógico que la alta Misión Paraguaya ante las Naciones Unidas reaccionara informando a través de la nota 161/77/MR a su ministro Alberto Nogués, diciendo: “Qué origen tienen estos despachos de prensa? En los tiempos presentes ellos están menudeando. Pertenecen realmente a alguna agencia de noticias responsable? … O tienen otro origen más parcializado y hasta más subterráneo?”.
El término finalmente fue correcto. El dolor paraguayo que va y viene en círculos, fue y sigue siendo subterráneo y hasta invisible. Ayer y hoy conectados en el mismo dolor. ¿Te animas a trazar analogías entre el pasado reciente y la rumiante actualidad? Te sorprenderán las similitudes.
Federico Tatter.
11 de setiembre de 2015. Asunción, Paraguay.
Corregido por Eugenia de Amoriza.
Este hecho puso en alerta los músculos inquisitoriales oficiales, y fue tomado como una cuestión de estado. Además, una bofetada a la capacidad investigadora de toda disidencia, que ostentaba la Misión Permanente del Paraguay ante las Naciones Unidas de la dictadura stronista, con sede en Nueva York.
Los entrenados y muy astutos pyragüés que tenían todo bajo control, en realidad, no tenían la menor idea de qué se trataba la tal agencia de noticias, que en sus policíacas narices, estaba enviando despachos a diarios y semanarios a los que estos mismos agentes estatales estaban suscritos, como el propio alto representante permanente, Francisco “Poncho Pytá” Barreiro Maffiodo, que ostentaba el número de suscripción 150BRR 7T4035596 Q124 6-77.
Este agente, dedicó sus días neoyorquinos a exigir derecho a réplica a toda publicación que no dijera la única verdad oficial de su único líder, al cual él representaba sin posibilidad de discusión alguna y hasta las últimas consecuencias (Fue uno de los creadores del famoso sello identitario de la "militancia stronista"). Pero vayamos a la nota que desató la ira de tan alta representación.
El semanario, que decía ser premiado por la Sociedad Intermaericana de Prensa, tituló: “Paraguay. Procesos contra subversivos”. Y en su volanta, citando la enigmática agencia, LP, decía en negritas: “El régimen militar más antiguo de Latinoamérica anunció procesos de prisioneros políticos, que sin tener precedentes parecen ser más un exhibicionismo que el ejercicio de la justicia”.
Y en el cuerpo, el artículo inició sin rodeos: “Ante la corte civil comparecen 45 de unos 350 prisioneros políticos en el campamento cerca de Emboscada, a 24 millas al nordeste de la capital. … Los procesos son una acción del gobierno del General Alfredo Stroessner aparentemente para acabar con la presión puesta por organismos de derechos humanos, Iglesias y hasta del mismo gobierno de EEUU”.
Sigue el artículo con palabras que señalan conocimiento profundo del momento histórico paraguayo, y que se mantendrá con el tiempo: “En Paraguay se ha vuelto costumbre encarcelar a los acusados de crímenes políticos sin cargos formales y sin que se les siga un juicio. Desde que Stroessner subió al poder en 1954, el estado de sitio vuelto constitucional permite que el gobierno prohíba demostraciones y reuniones públicas, suprima ciertos derechos civiles, arreste y haga prohibiciones arbitrarias, haga redadas y se apodere de propiedad privada y haga detenciones sin orden del juez”.
Continúa la crónica: “El año pasado solamente dos personas -entre 150 prisioneros, recluidos por mucho tiempo- fueron juzgadas: el profesor Antonio Maidana y Alfredo Alcorta. Dieciocho años antes, ambos fueron sentenciados a dos años y medio el primero y a un año en la cárcel el segundo por haber participado de una huelga general en 1958. Solamente en febrero pasado (1977), fueron puestos en libertad junto con Julio Rojas, otro de los prisioneros políticos que ha pasado muchísimo tiempo en la cárcel, batiendo records en la historia de Latinoamérica en este respecto”.
Finaliza “El Visitante”: “No es un secreto que la Jerarquía Católica del Paraguay se halla en conflicto con estos procederes de Stroessner durante los últimos años. Los jesuitas especialmente han sido objeto de persecuciones en Paraguay. Mientras tanto, Stroessner mantiene el control inteligente del contrabando de narcóticos y mantiene negocios con compañías extranjeras que controlan el 84% de la economía del país. Los procesos 'de burla' actuales no van a acabar con el sistema feudal en que se halla Paraguay”.
Fue lógico que la alta Misión Paraguaya ante las Naciones Unidas reaccionara informando a través de la nota 161/77/MR a su ministro Alberto Nogués, diciendo: “Qué origen tienen estos despachos de prensa? En los tiempos presentes ellos están menudeando. Pertenecen realmente a alguna agencia de noticias responsable? … O tienen otro origen más parcializado y hasta más subterráneo?”.
El término finalmente fue correcto. El dolor paraguayo que va y viene en círculos, fue y sigue siendo subterráneo y hasta invisible. Ayer y hoy conectados en el mismo dolor. ¿Te animas a trazar analogías entre el pasado reciente y la rumiante actualidad? Te sorprenderán las similitudes.
Federico Tatter.
11 de setiembre de 2015. Asunción, Paraguay.
Corregido por Eugenia de Amoriza.
domingo, 6 de septiembre de 2015
ESA RALEA INTERESADA
Desde que el 20 de enero de 1977, en los Estados Unidos de América asumió la administración de James Carter, la Misión Permanente del Paraguay ante las Naciones Unidas con sede de Nueva York, conducida por Francisco “Poncho Pytá” Barreiro Maffiodo, todo se tiñó de rojo bolchevique. En realidad, lo único rojo fue su sobrecalentamiento cerebral.
La oscura dictadura cívico militar paraguaya, 1954-1989, que tuvo vergonzante cobertura dentro de la guerra anticomunista por parte de Occidente, comenzó a oler feo al propio Occidente. Comenzó a ser visible su carácter totalitario. Ello confundió y enfureció al editorialista del diario oficial del partido colorado, la obligatoria prensa “diario Patria”, que acompañó, avaló y promovió todas las violaciones a los derechos humanos en forma sistemática, y aún, buscó defender al régimen ante el mundo, con dispar resultado.
Este relato trata sobre una defensa ejercida por “Poncho Pytá”, ante las publicaciones del semanario católico norteamericano “El Visitante”, editado en lengua española, en la ciudad de Huntington, Indiana, Estados Unidos de América y de circulación en todo el país. Hasta allí legó la espada del stronismo en su cruzada mundial antibolchevique.
Hablamos de 1977, con el Paraguay lleno de presos políticos, con un campo de concentración como el de Emboscada, con cientos de desaparecidos políticos, y con los prisioneros de conciencia más antiguos del continente. No obstante, “Poncho Pytá”, veía “idiotas útiles” por todos lados (Uno de sus términos favoritos, que forma parte del diccionario stronista de la época).
En marzo de 1977, gastó una hoja membretada de la Misión para informar al ministro de relaciones exteriores, “don Alberto Nogués” acerca de la acción de defensa al sistema stronista lograda en la Sección Línea Abierta del citado semanario.
No desperdicia papel, pues amplía informando que las denuncias que comenzaron a aparecer sobre el Paraguay “...no puede considerarse una noticia aislada y fue redactada con espíritu preconcebido contra el Gobierno de nuestro país. Es parte de una larga cadena, que en estos días está de moda”.
Con el cambio en la administración norteamericana, comenzaron a salir informes sobre graves violaciones a los derechos humanos en el Paraguay, a través de canales informativos mundiales, que antes no abordaban esos temas urticantes para la tan protegida y escondida dictadura. Se estaba cayendo uno de los tantos muros, y el stronismo no lo vio, sino como un avance del comunismo, bajo la insospechada modalidad de “cartercomunismo” (Otro término del diccionario antecitado que buscó ser una revelación de las ciencias sociales, sin éxito, claro).
En la Sección Línea Abierta del semanario “El Visitante”, del 13 de marzo de 1977, “Poncho Pytá” se dirigió al editor con vuelo cervantino: “Me apena que Uds. comulgan con ruedas de molinos. Me refiero al “cuento” (denuncias internacionales) que aparece en el número de El Visitante … ¿Qué historia es ésta del crimen del joven Filártiga? … ¿Que pueden haber cosas raras en el asunto? … Las personas incursas en un plan macabro de terrorismo y subversión están procesadas y puestas bajo juez natural. Tienen sus defensores. Se ha habilitado un nuevo penal, en Emboscada, para ellos”. En referencia al campo de concentración de presos políticos de Emboscada, todo procesados por la liberticida ley 209, y por el artículo 79 que perpetuó por 35 años el estado sitio. La forma “legal” de encarcelar arbitrariamente, por años y décadas a los opositores antidictatoriales.
Continúa “Poncho Pytá” y su termocefálica pluma: “Cuidado con los cuentos hechos a rodar por comunistas y demás ralea interesada. No sean idiotas útiles. De buenas intenciones está pavimentado el infierno”.
La escueta, pero respetuosa contestación de los redactores, no obvió, sin embargo, reírse en la cara del agente stronista: “Dejando de lado las ofensas -lo de comunistas e idiotas útiles- su carta nos recuerda el cuento del que gritaba: 'Lobo, lobo, lobo', sin razón alguna con el consiguiente resultado de que cuando de veras vino el lobo, nadie le hizo caso. En cuanto a la noticia en sí, no estamos de acuerdo con usted en que agencias de noticias, que son serias, envíen 'cuentos', como usted lo afirma. La redacción”.
Vergüenza aparte por la representación dictatorial de baja estofa a nivel internacional, es bueno, contextuar que el diferendo en cuestión versó en esos cruces, acerca del pedido mundial de libertad de los miles de presos políticos, algunos prolongados, y el pedido de democratización del Paraguay.
Si te avergonzó, creéme que es natural. Pero, guardá algo más de asombro, no lo gastes todo, pues lastimosamente, hay mucho más para conocer acerca de cómo han jugado con tú país, Paraguay. Aunque no lo creas.
Federico Tatter.
5 de setiembre de 2015. Asunción, Paraguay.
(*) El relato está acompañado de una fotocopia de un fragmento del semanario católico "El Visitante", del día 13 de marzo de 1977, editado en la ciudad de Huntington, Indiana, Estados Unidos de América. Dicho semanario fue fundado en 1975 por la Conferencia Episcopal Portorriqueña en Estados Unidos, con el apoyo del semanario Our Sunday Visitor de Huntington, Indiana, de acuerdo al historiador Reverendo P. Floyd L. McCoy Jordán.
(*)Relato corregido y revisado con denuedo, por Eugenia de Amoriza.
ZARANDAJAS DE “PONCHO PYTÁ”
@Fedetatter #relatosbreves #paraguay
La dictadura paraguaya (1954-1989), aún en forma tardía y con grandes concesiones, fue observada por órganos internacionales competentes en derechos humanos, como la CIDH de la OEA, y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en la segunda mitad de la década de los setentas.
A través de informes reservados, éstos organismos fueron elevando el tono de sus informes, al compás de la elevación del tono de la nueva política de los Estados Unidos de América bajo administración demócrata que amplió y generalizó la exigencia de los derechos humanos. Ya no solamente para los enemigos comunistas, sino ahora también, para los aliados anticomunistas en pleno patio trasero.
La dictadura anticomunista de Stroessner y la ANR, debieron poner barbas en remojo, y con el despliegue de sus agentes civiles y militares en relaciones exteriores, buscaron bloquear el impacto de estos informes para ganar tiempo, esperando que volvieran las mieles con un futuro gobierno republicano en la Casa Blanca, sus mejores viejos amigos de viejas andanzas.
El 16 de mayo de 1977, bajo el código 319/77/MR (exactamente diez días antes de la aprobación por parte de la CIDH en su 41 período de sesiones de un informe sobre los derechos humanos en el Paraguay que tardó en parir 17 años), el representante permanente de Paraguay ante las Naciones Unidas, con oficina en 211 East 43rd Street, Suite 1104, de la ciudad de Nueva York, Francisco “Poncho Pytá” Barreiro Maffiodo, informó extensamente a su ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Nogués, acerca de la respuesta verbal que él realizó como representante de la Misión Paraguaya, a la División de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza.
No olvidemos que “Poncho Pytá”, fue la segunda pluma intelectual más filosa que llenó de contenido las páginas del órgano oficial del partido, el diario “Patria” (fiel acompañante de la represión dictatorial), en compañía y sólo un peldaño por debajo del primer espadachín y soldado del partido, Ezequiel González Alsina.
“Poncho Pytá”, con la fiereza y el tacto de elefante en cristalería que siempre lo caracterizó, respondió verbalmente a un informe presentado en las Naciones Unidas por la Comisión de Investigación sobre los derechos humanos en el Paraguay fechada en setiembre de 1976, integrada por los señores Ben S. Stephansky y Robert J. Alexander (ambos integrantes de la Liga Internacional por los Derechos Humanos, con sede en Nueva York, y que entre sus autoridades se hallaba la señora Frances R. Grant, secretaria general de la Asociación Interamericana pro Democracia y Libertad), y que fue remitido por la propia ONU, a la Misión de la dictadura para su conocimiento y su pronta respuesta, bajo el código 215/1 PARAG, el 4 de mayo de 1977.
La respuesta verbal encargada a “Poncho Pytá”, número 12/NU/77, fue acompañada para ilustración de la nomenclatura de las Naciones Unidas, por copias de las leyes paraguayas número 294 de defensa de la democracia, número 323 de garantías de fueros y número 209 de la defensa de la paz pública y de las personas. Faltó poco para que les entregara también ejemplares del diario oficial del partido colorado, “Patria”, para que esas gentes de los derechos humanos de las Naciones Unidas, se enteraran, de qué se trataba el carácter de la democracia en las épocas de su general de acero.
“Poncho Pytá” defendió a su jefe, atacando. Definió a los investigadores como “...dos señores norteamericanos, que tienen muchos títulos, pero ninguno de ellos les autoriza a intervenir en las cuestiones internas del Paraguay”. Sigue, con que el informe que presentan estos dos señores, no es más que “...una larga y peregrina y torpe información … que canalizaron cuanto cuento o fábula corra por cualquier resquicio del mundo contra el Paraguay … Estamos en presencia de verdaderos escarabajos, bien pagados, tal es la pequeña diferencia, que recogen estiércol contra determinados gobiernos que no están dispuestos a transigir con el terror y la subversión, que no están dispuestos, tampoco a que se aniquile la paz, el orden y las conquistas propias de la civilización...”.
En setiembre de 1976, las cárceles del Paraguay estaban llenas de presos políticos, algunos, con sus familias enteras, como el campo de concentración de Emboscada, habilitado ese mismo mes.
Y “Poncho Pytá” sigue su defensa, atacando al informe y a los redactores del mismo cuando dice que: “Y estos señores con una soltura y diligencia increíbles hablan del Paraguay y de todas las cosas divinas humanas, como si allí hubieran vivido toda su vida. Claro que ellos no hacen sino repetir cuanta “zarandaja” se les dijo por bocas de personas interesadas en sembrar el odio y el rencor entre paraguayos”.
“Poncho Pytá” desconocía que los informes de derechos humanos tienen varias fuentes, las documentales, que negó el estado paraguayo sistemáticamente durante años, las visitas “in loco” que siempre negó el estado paraguayo y las testimoniales que dieron las víctimas de los hechos denunciados.
Y finaliza informando que: “Esta misión acompaña a esta nota el texto de la ley de defensa de la paz pública, incorporada al código penal paraguayo. Esta ley reprime las actividades comunistas y subversivas en nuestro país. En el Paraguay no se puede hacer proselitismo marxista leninista ni predicar el odio entre paraguayos. Y esta ley es simplemente la aplicación concreta de la disposición establecida claramente en la Constitución Nacional sancionada en 1967, y que fue aprobada sin discusión por los cuatro partidos políticos del Paraguay: Asociación Nacional Republicana o partido colorado (partido de gobierno) y tres partidos de oposición: Partido Liberal, Partido Liberal Radical y Partido Revolucionario Febrerista”.
Estas leyes liberticidas 294 y 209, derogadas luego de 1989, sumadas al artículo 79 de la Constitución Nacional de 1967, que validó 35 años de estado sitio, fueron los “garrotes judiciales” del terrorismo de estado, que fueron utilizados en forma simultánea al “Tejuruguái”, la “pileta”, al encierro prolongado, a las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas. El lado oscuro de la era negra del Paraguay, que estos agentes dictatoriales, conociendo los hechos, se dedicaron durante años, a mantener en la impune oscuridad. Su herencia, hoy día sigue los mismos pasos de las zarandajas de “Poncho Pytá”.
Federico Tatter.
27 de agosto de 2015. Asunción del Paraguay.
(*) Este relato está acompañado por la copia de un fragmento de la nota número 319/77/MR del 16 de mayo de 1977, de la Misión Permanente del Paraguay ante la Naciones Unidas, con sede de Nueva York, firmado por su titular, Francisco “Poncho Pytá” Barreiro Maffiodo.
(*) Relato corregido por Eugenia de Amoriza. Muchas Gracias por su inestimable e interminable paciencia.
JAMÁS LE DIERON BOLILLA A LA CIDH
#relatosbreves #paraguay
Este relato cierra la trilogía acerca de los tropiezos y complicidades en el propio seno de la CIDH, dependiente de la OEA, para elaborar un informe consistente y a la altura de la tragedia paraguaya, sobre la situación de los derechos humanos en el Paraguay en mayo de 1977. El Informe CIDH sobre Paraguay, fue aprobado en su sesión número 58, del 26 de mayo de 1977 (OEA/Ser.L/V/II.41, doc.5 rev. 1, 27 mayo 1977, Original: español, RESERVADO), asentando denuncias con más de diecisiete años de retraso, desde los primeros períodos de sesiones, en los inicios mismos de 1960.
Los tropiezos no se acotaron a la acción de los jerarcas de la dictadura tanto en el Paraguay como en la misión permanente del Paraguay ante la OEA, sino también, a la acción condescendiente de varios estados representados ante el propio organismo, en retrasar y minimizar lo que todo el mundo venía gritando, la extrema gravedad de los derechos humanos en el Paraguay de Stroessner. A la sazón, el fiel aliado en la lucha anticomunista del sur del continente americano.
Esta condescendencia, por lo menos, dio un viraje, cuando la política exterior del gobierno norteamericano viró, desde los inicios de la administración de James Carter, jamás antes. Mientras varios estados latinoamericanos caían uno tras otro en dictadura.
Este informe demostró la impotencia sistemática durante años de la Comisión para investigar a fondo y forzar a la dictadura paraguaya a detenerse en forma urgente. Y aunque aportó una lista de conclusiones pertinentes como era de esperar luego de tantos años de acumulación de denuncias, cometió el mismo error repetido cansinamente todos los años anteriores y que seguiría incluso repitiendo más adelante. Mantener la extrema reserva, presentando una “tablita de recomendaciones no vinculantes a sanción o reglamentación alguna”, que por tanto, le permitió a la dictadura, jamás darle la más mínima importancia. El escaso nivel de los representantes dictatoriales paraguayos (pyragüés y propagandistas), enviados a estas instancias internacionales así lo indica.
Este desplante de la dictadura “amiga”, no disparó consecuencias negativas para el status de condescendencia del sistema interamericano durante toda la guerra fría. Los jerarcas se pasearon por el sistema interamericano, y hasta usaron su permanencia dentro del mismo, como un reconocimiento implícito del régimen. Algunos estados, se lo permitieron en forma abierta, otros en forma encubierta.
El informe de la CIDH, en su capítulo VIII, de las conclusiones y recomendaciones inició así: “En la República del Paraguay existe un orden de cosas conforme al cual la gran mayoría de los derechos humanos reconocidos por la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre y por otros instrumentos de la índole, no solamente no son respetados en forma concordante con los compromisos internacionales adquiridos por ese país, sino que de su violación se ha hecho un hábito constante”. La historia nos demostró, que este estado de morosidad fue permanente por parte de la dictadura paraguaya. Y al no existir consecuencias políticas o jurídicas de ningún tipo, ésta fue la modalidad heredada por gran parte de los gobiernos de la llamada transición paraguaya, desde 1989 en adelante, y hasta la actualidad en pleno 2015. La regla no escrita, ha consistido en que el estado paraguayo, fingió cumplir estándares y compromisos, haciendo todo lo contrario en la realidad. Mientras, fueron y vinieron informes. Todo quedó en papeles reservados.
Pero siguen las conclusiones del Informe CIDH de 1977: “...el silencio del gobierno paraguayo ante las numerosas observaciones y recomendaciones que le ha formulado la Comisión a lo largo de los años, le permiten a ésta afirmar que al amparo del régimen de estado de sitio, vigente ininterrumpidamente allí por espacio de más de 30 años, se ha incurrido en graves y numerosos actos de violación a los derechos humanos fundamentales”. Fue una historia de morosidad sistemática, acompañada del otro lado, de condescendencia también sistemática.
Finalizó el informe, con una expresa solicitud de levantar el estado de sitio, o bien, que el mismo fuera aplicado observando los derechos fundamentales de las personas; de aplicación del recursos del “Habeas corpus”; la puesta en libertad de las personas detenidas por el estado de sitio; la asistencia a detenidas con hijos; el castigo de aquellas autoridades que incurrieran en abusos y crueldad con detenidos; la protección a abogados y jueces. Obviamente, ninguna de estas recomendaciones reservadas, fueron cumplidas a cabalidad por la dictadura. No le dieron ni cinco. Ese temperamento moroso en derechos humanos, se ha transformado en cultura antidemocrática. Hasta muestros días.
Federico Tatter
10 de agosto de 2015. Asunción del Paraguay.
Relato corregido por Eugenia de Amoriza. Muchas Gracias.
Este relato cierra la trilogía acerca de los tropiezos y complicidades en el propio seno de la CIDH, dependiente de la OEA, para elaborar un informe consistente y a la altura de la tragedia paraguaya, sobre la situación de los derechos humanos en el Paraguay en mayo de 1977. El Informe CIDH sobre Paraguay, fue aprobado en su sesión número 58, del 26 de mayo de 1977 (OEA/Ser.L/V/II.41, doc.5 rev. 1, 27 mayo 1977, Original: español, RESERVADO), asentando denuncias con más de diecisiete años de retraso, desde los primeros períodos de sesiones, en los inicios mismos de 1960.
Los tropiezos no se acotaron a la acción de los jerarcas de la dictadura tanto en el Paraguay como en la misión permanente del Paraguay ante la OEA, sino también, a la acción condescendiente de varios estados representados ante el propio organismo, en retrasar y minimizar lo que todo el mundo venía gritando, la extrema gravedad de los derechos humanos en el Paraguay de Stroessner. A la sazón, el fiel aliado en la lucha anticomunista del sur del continente americano.
Esta condescendencia, por lo menos, dio un viraje, cuando la política exterior del gobierno norteamericano viró, desde los inicios de la administración de James Carter, jamás antes. Mientras varios estados latinoamericanos caían uno tras otro en dictadura.
Este informe demostró la impotencia sistemática durante años de la Comisión para investigar a fondo y forzar a la dictadura paraguaya a detenerse en forma urgente. Y aunque aportó una lista de conclusiones pertinentes como era de esperar luego de tantos años de acumulación de denuncias, cometió el mismo error repetido cansinamente todos los años anteriores y que seguiría incluso repitiendo más adelante. Mantener la extrema reserva, presentando una “tablita de recomendaciones no vinculantes a sanción o reglamentación alguna”, que por tanto, le permitió a la dictadura, jamás darle la más mínima importancia. El escaso nivel de los representantes dictatoriales paraguayos (pyragüés y propagandistas), enviados a estas instancias internacionales así lo indica.
Este desplante de la dictadura “amiga”, no disparó consecuencias negativas para el status de condescendencia del sistema interamericano durante toda la guerra fría. Los jerarcas se pasearon por el sistema interamericano, y hasta usaron su permanencia dentro del mismo, como un reconocimiento implícito del régimen. Algunos estados, se lo permitieron en forma abierta, otros en forma encubierta.
El informe de la CIDH, en su capítulo VIII, de las conclusiones y recomendaciones inició así: “En la República del Paraguay existe un orden de cosas conforme al cual la gran mayoría de los derechos humanos reconocidos por la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre y por otros instrumentos de la índole, no solamente no son respetados en forma concordante con los compromisos internacionales adquiridos por ese país, sino que de su violación se ha hecho un hábito constante”. La historia nos demostró, que este estado de morosidad fue permanente por parte de la dictadura paraguaya. Y al no existir consecuencias políticas o jurídicas de ningún tipo, ésta fue la modalidad heredada por gran parte de los gobiernos de la llamada transición paraguaya, desde 1989 en adelante, y hasta la actualidad en pleno 2015. La regla no escrita, ha consistido en que el estado paraguayo, fingió cumplir estándares y compromisos, haciendo todo lo contrario en la realidad. Mientras, fueron y vinieron informes. Todo quedó en papeles reservados.
Pero siguen las conclusiones del Informe CIDH de 1977: “...el silencio del gobierno paraguayo ante las numerosas observaciones y recomendaciones que le ha formulado la Comisión a lo largo de los años, le permiten a ésta afirmar que al amparo del régimen de estado de sitio, vigente ininterrumpidamente allí por espacio de más de 30 años, se ha incurrido en graves y numerosos actos de violación a los derechos humanos fundamentales”. Fue una historia de morosidad sistemática, acompañada del otro lado, de condescendencia también sistemática.
Finalizó el informe, con una expresa solicitud de levantar el estado de sitio, o bien, que el mismo fuera aplicado observando los derechos fundamentales de las personas; de aplicación del recursos del “Habeas corpus”; la puesta en libertad de las personas detenidas por el estado de sitio; la asistencia a detenidas con hijos; el castigo de aquellas autoridades que incurrieran en abusos y crueldad con detenidos; la protección a abogados y jueces. Obviamente, ninguna de estas recomendaciones reservadas, fueron cumplidas a cabalidad por la dictadura. No le dieron ni cinco. Ese temperamento moroso en derechos humanos, se ha transformado en cultura antidemocrática. Hasta muestros días.
Federico Tatter
10 de agosto de 2015. Asunción del Paraguay.
Relato corregido por Eugenia de Amoriza. Muchas Gracias.
LA RESERVADA IMPOTENCIA EN DERECHOS HUMANOS
#relatosbreves #paraguay
Este relato es una continuación de otro, que versó acerca de los tropezados antecedentes que la propia CIDH, de la OEA, citó en un informe sobre la situación de los derechos humanos en el Paraguay en 1977, aprobada su sesión número 58, del 26 de mayo de 1977 (OEA/Ser.L/V/II.41, doc.5 rev. 1, 27 mayo 1977, Original: español, RESERVADO).
La Comisión, escribió en el mismo que, debió investigar con más libertad y tiempo, “in loco” (en el sitio de los hechos), denuncias graves recibidas desde sus primeras sesiones en 1960. Pero no lo pudo hacer correctamente, por continuadas sostenidas dilaciones, chicanas. Decimos nosotros, también, por obvias interferencias de la dictadura, sus agentes y aliados en la ONU y la OEA.
Esta es una historia de tropiezos, complicidades de estados y agentes varios. Es una historia de un comportamiento ondulante de las políticas de estado de democracias liberales de viejo cuño, como la norteamericana, que pusieron más interés en la guerra fría continental que en las violaciones a los derechos humanos perpetradas por los aliados y amigos. Esta condescendencia de estado, prohijó atroces dictaduras cívico-militares de oligarquías de ultraderechas, y a las que se les permitió durante décadas usar el “carnet democrático”, que en el caso particular del Paraguay stronista, fue de “democracia sin comunismo, y de unidad granítica de los fuerzas armadas, el estado y el partido”.
Como un reconocimiento explícito de la impotencia de la Comisión para investigar a fondo, su informe registra un apartado al que llama, de la Fuentes de Información.
En él dice que para la elaboración del Informe de 1977, la Comisión se ha visto privada del auxilio de varias de las más seguras y útiles fuentes de conocimiento directo, cuales son: “...la inspección u observación “in loco” y los datos, documentos, referencias e informes que suministra o que se supone debe suministrar el propio gobierno del país interesado (Paraguay)”.
Reconoce que: “Acaba de transcribirse con minuciosidad el largo proceso de las gestiones que la Comisión realizó a fin de obtener el asentimiento del gobierno del Paraguay para la visita que hubiera podido ayudar a clarificar tantos hechos, o a enfocar la situación dentro de sus rigurosas proporciones … Las comunicaciones dirigidas a través de los años, en muy pocas ocasiones merecieron una respuesta. Las solicitudes que con carácter de especial y urgente se formularon a las autoridades paraguayas, y que en algunos casos se concretaban a hechos tan modestos como el envío de un documento o una ley, tampoco fueron atendidas”.
En este punto, es preciso resaltar, que estas dilaciones de la dictadura, por años guardadas y mantenidas en el estricto ámbito diplomático de estados y organismos internacionales, al momento de ese informe de 1997, llevaban ya 17 años. Casi con la absoluta seguridad de que esa displicencia, no tendría, como en efecto ocurrió, la más mínima consecuencia política para la dictadura y sus aliados hemisféricos. Esa dilación, sólo afectó y gravemente a las miles de víctimas que en el sistema interamericano veían la única tabla de salvación a sus miserias. La guerra fría fue altamente beneficiosa para la dictadura. Desastrosa para las víctimas.
Incluso hoy, en pleno 2015, aún se sorprenden algunos visitantes del occidente europeo, cuando toman conocimiento “in loco” de las barbaridades del stronismo tantos años ocultadas, y que fuera tan “tolerado” por sus “pundonorosos” gobiernos de doble estándard, que a la sazón mantenían una alianza automática transatlántica, con la gran democracia y gran potencia militar del norte americano. Esas mismas democracias europeas, que aceptaron como “amigo de mi amigo” a las dictaduras latinoamericanas, también sostuvieron bárbaras dictaduras coloniales y neocoloniales en África, Medio Oriente, Asia, Oceanía, sin movérseles un milímetro, el pétreo rostro, sin ser cuestionadas por su “amigo americano” en lo fundamental.
La política continental de encubrimiento de la guerra fría, pudo más. Hasta que esas grandes democracias, como la del norte, dieron un viraje, especialmente a partir de la administración Carter, que inició su mandato el 20 de enero de 1977. Ella, introdujo a los derechos humanos como herramienta de presión dentro de la agenda de la política exterior interamericana y global. Así los derechos humanos, anteriormente exigidos sólo a los adversarios políticos y militares globales, comenzó a ser utilizada, también para “corregir” a las propias monstruosidades aliadas. El mundo estaba cambiando. La CIDH, traccionada por una nueva visión del mundo, con el viraje norteamericano, también cambió. Al punto que no se entendería el informe CIDH de 1977 sobre Paraguay (que se dilató 17 años), sin el viento de cola de James Carter en la Casa Blanca.
El informe culmina su parte inicial, con el registro de graves alegaciones en relación al tratamiento que la dictadura dio a la “tribu Aché”. Y dice: “Es ésta una pequeña comunidad que ha logrado mantenerse en su tradicional manera de vida y de la que se dice por consiguiente, que constituye hoy un grupo cultural característico dentro de la nación paraguaya. Las denuncias pretenden que el gobierno del Paraguay ha tolerado a sabiendas graves abusos contra dicha tribu hasta el punto de que su supervivencia como colectividad ha llegado a ponerse en peligro”.
En dos próximos relatos, abordaremos las conclusiones y recomendaciones del Informe CIDH 1977, que sobrellevara tantas impotencias en su urgente cometido original. Tardar 17 años para decir que es difícil investigar, explica en parte, por qué los mismos se elaboraron en forma “reservada”.
Federico Tatter.
2 de agosto de 2015. Asunción del Paraguay.
Relato corregido por Eugenia de Amoriza. El aguante es lo más. Gracias.
Este relato es una continuación de otro, que versó acerca de los tropezados antecedentes que la propia CIDH, de la OEA, citó en un informe sobre la situación de los derechos humanos en el Paraguay en 1977, aprobada su sesión número 58, del 26 de mayo de 1977 (OEA/Ser.L/V/II.41, doc.5 rev. 1, 27 mayo 1977, Original: español, RESERVADO).
La Comisión, escribió en el mismo que, debió investigar con más libertad y tiempo, “in loco” (en el sitio de los hechos), denuncias graves recibidas desde sus primeras sesiones en 1960. Pero no lo pudo hacer correctamente, por continuadas sostenidas dilaciones, chicanas. Decimos nosotros, también, por obvias interferencias de la dictadura, sus agentes y aliados en la ONU y la OEA.
Esta es una historia de tropiezos, complicidades de estados y agentes varios. Es una historia de un comportamiento ondulante de las políticas de estado de democracias liberales de viejo cuño, como la norteamericana, que pusieron más interés en la guerra fría continental que en las violaciones a los derechos humanos perpetradas por los aliados y amigos. Esta condescendencia de estado, prohijó atroces dictaduras cívico-militares de oligarquías de ultraderechas, y a las que se les permitió durante décadas usar el “carnet democrático”, que en el caso particular del Paraguay stronista, fue de “democracia sin comunismo, y de unidad granítica de los fuerzas armadas, el estado y el partido”.
Como un reconocimiento explícito de la impotencia de la Comisión para investigar a fondo, su informe registra un apartado al que llama, de la Fuentes de Información.
En él dice que para la elaboración del Informe de 1977, la Comisión se ha visto privada del auxilio de varias de las más seguras y útiles fuentes de conocimiento directo, cuales son: “...la inspección u observación “in loco” y los datos, documentos, referencias e informes que suministra o que se supone debe suministrar el propio gobierno del país interesado (Paraguay)”.
Reconoce que: “Acaba de transcribirse con minuciosidad el largo proceso de las gestiones que la Comisión realizó a fin de obtener el asentimiento del gobierno del Paraguay para la visita que hubiera podido ayudar a clarificar tantos hechos, o a enfocar la situación dentro de sus rigurosas proporciones … Las comunicaciones dirigidas a través de los años, en muy pocas ocasiones merecieron una respuesta. Las solicitudes que con carácter de especial y urgente se formularon a las autoridades paraguayas, y que en algunos casos se concretaban a hechos tan modestos como el envío de un documento o una ley, tampoco fueron atendidas”.
En este punto, es preciso resaltar, que estas dilaciones de la dictadura, por años guardadas y mantenidas en el estricto ámbito diplomático de estados y organismos internacionales, al momento de ese informe de 1997, llevaban ya 17 años. Casi con la absoluta seguridad de que esa displicencia, no tendría, como en efecto ocurrió, la más mínima consecuencia política para la dictadura y sus aliados hemisféricos. Esa dilación, sólo afectó y gravemente a las miles de víctimas que en el sistema interamericano veían la única tabla de salvación a sus miserias. La guerra fría fue altamente beneficiosa para la dictadura. Desastrosa para las víctimas.
Incluso hoy, en pleno 2015, aún se sorprenden algunos visitantes del occidente europeo, cuando toman conocimiento “in loco” de las barbaridades del stronismo tantos años ocultadas, y que fuera tan “tolerado” por sus “pundonorosos” gobiernos de doble estándard, que a la sazón mantenían una alianza automática transatlántica, con la gran democracia y gran potencia militar del norte americano. Esas mismas democracias europeas, que aceptaron como “amigo de mi amigo” a las dictaduras latinoamericanas, también sostuvieron bárbaras dictaduras coloniales y neocoloniales en África, Medio Oriente, Asia, Oceanía, sin movérseles un milímetro, el pétreo rostro, sin ser cuestionadas por su “amigo americano” en lo fundamental.
La política continental de encubrimiento de la guerra fría, pudo más. Hasta que esas grandes democracias, como la del norte, dieron un viraje, especialmente a partir de la administración Carter, que inició su mandato el 20 de enero de 1977. Ella, introdujo a los derechos humanos como herramienta de presión dentro de la agenda de la política exterior interamericana y global. Así los derechos humanos, anteriormente exigidos sólo a los adversarios políticos y militares globales, comenzó a ser utilizada, también para “corregir” a las propias monstruosidades aliadas. El mundo estaba cambiando. La CIDH, traccionada por una nueva visión del mundo, con el viraje norteamericano, también cambió. Al punto que no se entendería el informe CIDH de 1977 sobre Paraguay (que se dilató 17 años), sin el viento de cola de James Carter en la Casa Blanca.
El informe culmina su parte inicial, con el registro de graves alegaciones en relación al tratamiento que la dictadura dio a la “tribu Aché”. Y dice: “Es ésta una pequeña comunidad que ha logrado mantenerse en su tradicional manera de vida y de la que se dice por consiguiente, que constituye hoy un grupo cultural característico dentro de la nación paraguaya. Las denuncias pretenden que el gobierno del Paraguay ha tolerado a sabiendas graves abusos contra dicha tribu hasta el punto de que su supervivencia como colectividad ha llegado a ponerse en peligro”.
En dos próximos relatos, abordaremos las conclusiones y recomendaciones del Informe CIDH 1977, que sobrellevara tantas impotencias en su urgente cometido original. Tardar 17 años para decir que es difícil investigar, explica en parte, por qué los mismos se elaboraron en forma “reservada”.
Federico Tatter.
2 de agosto de 2015. Asunción del Paraguay.
Relato corregido por Eugenia de Amoriza. El aguante es lo más. Gracias.
DIECISIETE AÑOS NO ES NADA
#relatosbreves #paraguay
Diecisiete. Son los años que transcurrieron para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, produjera un documento reservado denominado, “Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Paraguay”, aprobado por la misma en su 58° Sesión celebrada el 26 de mayo de 1977.
Este relato, solamente abordará, los “antecedentes” de ese informe, para así, en una próxima entrega, abordar, otros aspectos de esta tropezada relación entre la dictadura stronista y el sistema interamericano de protección de los derechos humanos en un escenario de hegemonía política y militar norteamericana, a través de la doctrina de seguridad nacional como paraguas defensivo en la llamada guerra fría contra el comunismo ateo.
Una historia donde abundaron las complicidades, la diplomacia de doble rasero, las dilaciones, los engaños. Mientras paraguayos y paraguayas se pudrieron en las cárceles, mientras centenares de compatriotas sufrieron desapariciones forzadas, mientras miles debieron exiliarse y aún en sus temporales refugios, fueron encarcelados y desaparecidos, sin lograr justicia, más que parcialmente luego de décadas.
Una historia que tiene historias envueltas y aún escondidas. Pues aún hoy, se sigue sobreprotegiendo y acunando en la opaca invisibilidad nacional y regional, la renuencia sistémica del estado autoritario paraguayo a cumplir estándares mínimos en materia de derechos humanos, en la misma proporción en que se instrumentan unas pocas historias “cosificadas y descontextuadas”, “como quien dice, para las fotos en la prensa”, para dar crédito a un mentiroso guión gubernamental de simulación de un estado democrático, cuando que ello, es realmente inexistente. Pero demos una lectura a este listado de dilaciones reservadas de diecisiete años, en período de pleno terrorismo de estado en el Paraguay.
Comienza así el informe de la CIDH: “Poco tiempo después de haber iniciado sus actividades en octubre de 1960, la Comisión empezó a recibir de diversas procedencias, comunicaciones en que se denunciaban repetidos atentados contra los derechos humanos en la República del Paraguay … al punto que en su segundo periodo de sesiones celebrado en abril de 1961, la Comisión preocupada … presentó un informe durante el tercer período de sesiones a fines de ese mismo año 1961”.
Sigue la CIDH, que como las violaciones continuaron aumentando en volumen y gravedad, además de contemplar la conveniencia de estudiar la situación sobre el terreno, dispuso la preparación de un segundo informe, que fue considerado recién durante el noveno período de sesiones en octubre de 1964.
Más adelante, durante el período de sesiones de la CIDH de marzo de 1965, la Comisión autorizó una visita al Paraguay. Con el consentimiento previo de la dictadura de Stroessner. La misma se concretó a cargo del profesor Manuel Bianchi y el doctor Luis Reque, presidente y secretario ejecutivo de la CIDH respectivamente, el 11 de agosto de 1965. La visita produjo un informe que presentaron en octubre de 1965 al duodécimo período de sesiones de la CIDH. Constataron en una primera y rápida instancia “in loco”, que en la República del Paraguay se vivía un permanente estado de sitio, que “los derechos humanos proclamados en la Constitución Política del Paraguay parece que no son protegidos por medios judiciales eficaces” (sic), que la proscripción política seguía siendo una práctica establecida, que “aparentemente existe libertad de prensa” (sic), y que el control ejercido por el partido de gobierno (partido colorado), no permite una participación de los partidos. Todo ello concluyó en la necesidad de una visita más prolongada, de inspección y observación, también “in loco”, que debió ser tramitada nuevamente, para obtener la autorización de la dictadura. Hasta allí ya habían pasado cinco años. Pero debieron pasar trece (y sin visitas), para que la CIDH en su trigésimo período de sesiones, del 16 al 27 de abril de 1973, adoptara que “...presumía verdadera la detención ilegal del señor Antonio Maidana y solicitaba al Gobierno paraguayo ordenar su libertad”.
Continúa el informe de antecedentes, que recién en el trigésimoprimer período de sesiones, del 15 al 25 de octubre de 1973, celebrado en Colombia, la CIDH resolvió que: “...se presumían verdaderas varias denuncias sobre violaciones a los derechos humanos que comprendían 87 casos de detenciones arbitrarias y torturas en el Paraguay”. En ambas resoluciones recomendaron a la dictadura la libertad de los detenidos y la sanción a los responsables de torturas. Obviamente no escuchadas, menos contestadas por parte de la dictadura.
Pero la CIDH continuó. Tan es así que durante el trigésimosexto, del 6 al 24 de octubre de 1975, y el trigésimoctavo período de sesiones, de 24 de mayo al 4 de junio de 1976, con la aceptación de la presunción de veracidad de denuncias de más de 50 personas desaparecidas, detenidos ilegalmente y torturados.
Al elevarse la cantidad de denuncias, en esa misma sesión, decidieron preparar un nuevo informe especial, pero la misma se debía realizar a través de una visita “in loco”. La dictadura decidió no responder. No obstante, en febrero de 1977, durante el 40° período de sesiones, el 4 de febrero de 1977, la CIDH reiteró un pedido de visita al Paraguay al propio ministro de relaciones, Alberto Nogués.
Don Alberto no respondió al pedido de autorización, aunque se tomó el trabajo de redactar una contestación a la CIDH: “Mi país vive un clima de libertad y de democracia en el que los poderes legítimamente constituidos ejercen a conciencia su autoridad irrenunciable … En defensa de los derechos humanos amenazados constantemente por los enemigos de nuestra nacionalidad … Respalda ampliamente esta patriótica gestión un partido político, la Asociación Nacional Republicana, Partido Colorado, que por abrumadora mayoría y con clara conciencia cívica es la expresión indiscutible de la ciudadanía paraguaya...”.
Parecía tomado de una arenga de seccional o cuartel. Pero, como este señor no respondió si autorizaba o no una visita, le volvieron a repetir el pedido. Al segundo llamado respondió que un funcionario suyo, Juan Alberto Llanes, llevaría la contestación en forma verbal.
El informe, retoma la respuesta de la dictadura en boca del funcionario Llanes: “...por razones de política interna no recomiendan en el presente una visita oficial de la CIDH, sin perjuicio que en el futuro se pueda considerar esa posibilidad a iniciativa del gobierno paraguayo … que está llano a suministrar las informaciones que estimen oportunas para demostrar que son absolutamente falsas las imputaciones que se dirigen al Paraguay en materia de derechos humanos”. No olvidar que en 1977, la región estaba en manos de la Operación Cóndor, las comisarías y cárceles del Paraguay estaban atiborradas de presos políticos, y se había abierto un campo de concentración en el penal de Emboscada en setiembre de 1976.
Finalmente, la CIDH, debió reconocer que para la elaboración de su informe de 1977, no pudo realizar ninguna inspección u observación “in loco”, como se habían comprometido. Pasaron diecisiete años de idas y venidas. Las violaciones a los derechos humanos, no hicieron más que aumentar. El tiempo brindó cobertura e impunidad a sus perpetradores por décadas. Hasta el punto que hoy, en 2015, aún existen dudas en algunas personas, de que en Paraguay hubiera existido una dictadura alguna vez.
No olvides que todo aquello que se hizo o no se hizo hace años, lo seguimos sintiendo en el presente. ¿Será?
Federico Tatter
29 de julio de 2015. Asunción del Paraguay.
Relato corregido por Eugenia de Amoriza.
Diecisiete. Son los años que transcurrieron para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, produjera un documento reservado denominado, “Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Paraguay”, aprobado por la misma en su 58° Sesión celebrada el 26 de mayo de 1977.
Este relato, solamente abordará, los “antecedentes” de ese informe, para así, en una próxima entrega, abordar, otros aspectos de esta tropezada relación entre la dictadura stronista y el sistema interamericano de protección de los derechos humanos en un escenario de hegemonía política y militar norteamericana, a través de la doctrina de seguridad nacional como paraguas defensivo en la llamada guerra fría contra el comunismo ateo.
Una historia donde abundaron las complicidades, la diplomacia de doble rasero, las dilaciones, los engaños. Mientras paraguayos y paraguayas se pudrieron en las cárceles, mientras centenares de compatriotas sufrieron desapariciones forzadas, mientras miles debieron exiliarse y aún en sus temporales refugios, fueron encarcelados y desaparecidos, sin lograr justicia, más que parcialmente luego de décadas.
Una historia que tiene historias envueltas y aún escondidas. Pues aún hoy, se sigue sobreprotegiendo y acunando en la opaca invisibilidad nacional y regional, la renuencia sistémica del estado autoritario paraguayo a cumplir estándares mínimos en materia de derechos humanos, en la misma proporción en que se instrumentan unas pocas historias “cosificadas y descontextuadas”, “como quien dice, para las fotos en la prensa”, para dar crédito a un mentiroso guión gubernamental de simulación de un estado democrático, cuando que ello, es realmente inexistente. Pero demos una lectura a este listado de dilaciones reservadas de diecisiete años, en período de pleno terrorismo de estado en el Paraguay.
Comienza así el informe de la CIDH: “Poco tiempo después de haber iniciado sus actividades en octubre de 1960, la Comisión empezó a recibir de diversas procedencias, comunicaciones en que se denunciaban repetidos atentados contra los derechos humanos en la República del Paraguay … al punto que en su segundo periodo de sesiones celebrado en abril de 1961, la Comisión preocupada … presentó un informe durante el tercer período de sesiones a fines de ese mismo año 1961”.
Sigue la CIDH, que como las violaciones continuaron aumentando en volumen y gravedad, además de contemplar la conveniencia de estudiar la situación sobre el terreno, dispuso la preparación de un segundo informe, que fue considerado recién durante el noveno período de sesiones en octubre de 1964.
Más adelante, durante el período de sesiones de la CIDH de marzo de 1965, la Comisión autorizó una visita al Paraguay. Con el consentimiento previo de la dictadura de Stroessner. La misma se concretó a cargo del profesor Manuel Bianchi y el doctor Luis Reque, presidente y secretario ejecutivo de la CIDH respectivamente, el 11 de agosto de 1965. La visita produjo un informe que presentaron en octubre de 1965 al duodécimo período de sesiones de la CIDH. Constataron en una primera y rápida instancia “in loco”, que en la República del Paraguay se vivía un permanente estado de sitio, que “los derechos humanos proclamados en la Constitución Política del Paraguay parece que no son protegidos por medios judiciales eficaces” (sic), que la proscripción política seguía siendo una práctica establecida, que “aparentemente existe libertad de prensa” (sic), y que el control ejercido por el partido de gobierno (partido colorado), no permite una participación de los partidos. Todo ello concluyó en la necesidad de una visita más prolongada, de inspección y observación, también “in loco”, que debió ser tramitada nuevamente, para obtener la autorización de la dictadura. Hasta allí ya habían pasado cinco años. Pero debieron pasar trece (y sin visitas), para que la CIDH en su trigésimo período de sesiones, del 16 al 27 de abril de 1973, adoptara que “...presumía verdadera la detención ilegal del señor Antonio Maidana y solicitaba al Gobierno paraguayo ordenar su libertad”.
Continúa el informe de antecedentes, que recién en el trigésimoprimer período de sesiones, del 15 al 25 de octubre de 1973, celebrado en Colombia, la CIDH resolvió que: “...se presumían verdaderas varias denuncias sobre violaciones a los derechos humanos que comprendían 87 casos de detenciones arbitrarias y torturas en el Paraguay”. En ambas resoluciones recomendaron a la dictadura la libertad de los detenidos y la sanción a los responsables de torturas. Obviamente no escuchadas, menos contestadas por parte de la dictadura.
Pero la CIDH continuó. Tan es así que durante el trigésimosexto, del 6 al 24 de octubre de 1975, y el trigésimoctavo período de sesiones, de 24 de mayo al 4 de junio de 1976, con la aceptación de la presunción de veracidad de denuncias de más de 50 personas desaparecidas, detenidos ilegalmente y torturados.
Al elevarse la cantidad de denuncias, en esa misma sesión, decidieron preparar un nuevo informe especial, pero la misma se debía realizar a través de una visita “in loco”. La dictadura decidió no responder. No obstante, en febrero de 1977, durante el 40° período de sesiones, el 4 de febrero de 1977, la CIDH reiteró un pedido de visita al Paraguay al propio ministro de relaciones, Alberto Nogués.
Don Alberto no respondió al pedido de autorización, aunque se tomó el trabajo de redactar una contestación a la CIDH: “Mi país vive un clima de libertad y de democracia en el que los poderes legítimamente constituidos ejercen a conciencia su autoridad irrenunciable … En defensa de los derechos humanos amenazados constantemente por los enemigos de nuestra nacionalidad … Respalda ampliamente esta patriótica gestión un partido político, la Asociación Nacional Republicana, Partido Colorado, que por abrumadora mayoría y con clara conciencia cívica es la expresión indiscutible de la ciudadanía paraguaya...”.
Parecía tomado de una arenga de seccional o cuartel. Pero, como este señor no respondió si autorizaba o no una visita, le volvieron a repetir el pedido. Al segundo llamado respondió que un funcionario suyo, Juan Alberto Llanes, llevaría la contestación en forma verbal.
El informe, retoma la respuesta de la dictadura en boca del funcionario Llanes: “...por razones de política interna no recomiendan en el presente una visita oficial de la CIDH, sin perjuicio que en el futuro se pueda considerar esa posibilidad a iniciativa del gobierno paraguayo … que está llano a suministrar las informaciones que estimen oportunas para demostrar que son absolutamente falsas las imputaciones que se dirigen al Paraguay en materia de derechos humanos”. No olvidar que en 1977, la región estaba en manos de la Operación Cóndor, las comisarías y cárceles del Paraguay estaban atiborradas de presos políticos, y se había abierto un campo de concentración en el penal de Emboscada en setiembre de 1976.
Finalmente, la CIDH, debió reconocer que para la elaboración de su informe de 1977, no pudo realizar ninguna inspección u observación “in loco”, como se habían comprometido. Pasaron diecisiete años de idas y venidas. Las violaciones a los derechos humanos, no hicieron más que aumentar. El tiempo brindó cobertura e impunidad a sus perpetradores por décadas. Hasta el punto que hoy, en 2015, aún existen dudas en algunas personas, de que en Paraguay hubiera existido una dictadura alguna vez.
No olvides que todo aquello que se hizo o no se hizo hace años, lo seguimos sintiendo en el presente. ¿Será?
Federico Tatter
29 de julio de 2015. Asunción del Paraguay.
Relato corregido por Eugenia de Amoriza.
martes, 28 de julio de 2015
A “MI GENERAL”, LE PICAN LOS DERECHOS HUMANOS
De acuerdo a la página oficial del ministerio de Relaciones Exteriores del Paraguay, que invisibiliza a los jerarcas que han servido a una dictadura perpetradora de graves violaciones a los derechos humanos: Mario López Escobar, fue embajador del stronismo y del propio Alfredo Stroessner (importante aclarar este punto), ante los Estados Unidos de América, (USA), ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) y ante Canadá, entre marzo de 1977 y octubre de 1983.De acuerdo a artículos publicados por el diario ABC Color, en setiembre de 2006, dentro de la serie “La diplomacia en los tiempos del stronismo”, en base a documentos obrantes en la cancillería nacional, el múltiple y peculiar embajador Mario, fue un alineado y acerado “pyragüé”, muy empapado en una doble agenda anticomunista muy reservada. El excéntrico Mario, no cumplía con las formalidades jerárquicas del estado paraguayo. El estaba más arriba. Mantenía una correspondencia paralela “de muy alta confidencialidad”, directamente con el germanófilo dictador, y al que se dirigía con el castrense y reverencial apelativo de “Mi general”.
El diario ABC del 27 de noviembre de 2006, publicó que López Escobar envió una carta al ministro de relaciones exteriores, “...fechada el 25 de junio de 1979 y está dirigida al canciller Nogués. En esta, López Escobar le informa que como resultado de gestiones y hasta de presiones ejercidas por él ante el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), consiguió la promesa de nombramiento, por un año, de un economista calificado, quien tendría una asignación anual de 28.845 dólares … A reglón seguido, sin embargo, la verdadera intención de nuestro representante queda al descubierto. El diplomático le explica a Nogués que "a veces necesitamos informaciones confidenciales sobre aspectos tales como ‘Derechos Humanos’ u otros, y que para ello nada mejor que contar con conciudadanos animados de mística republicana dentro de la OEA, que naturalmente, tiendan a ayudarnos en el cumplimiento de nuestro cometido institucional (sic)". (Archivo digital ABC Color).
Si no quedó claro, el embajador pyragüé, propuso y logró incrustar otro pyragüé en plena OEA en contra de la política de los derechos humanos del organismo regional.
La tirria contra los derechos fundamentales de las personas, estaba ya con anterioridad en la mente y acción republicana del embajador Mario López Escobar, pues dos años antes, precisamente el 30 de junio de 1977, apenas a tres meses de ocupar el alto cargo de embajador ante los Estados Unidos de América, remitió una carta a “Mí general”, el excelentísimo general de ejército de la dictadura, sobre la picazón de los derechos humanos con el siguiente temperamento y tono: “...me permito informarle que luego de la visita sorpresiva del Presidente Omar Torrijos de Panamá a Caracas, antes de la visita del Presidente Carlos Andrés Pérez a los Estados Unidos de América, se ha concretado una especie de pacto entre Colombia, Panamá, Venezuela y Costa Rica por el que todos los nombrados gobiernos se comprometen a sustentar solidariamente los principios y la política del Presidente Carter (USA), respecto a los Derechos Humanos”. Así con mayúsculas en el original. Indudablemente, el embajador estaba adelantando la conformación de un bloque en el seno de la OEA, contrario al status quo prodictatorial que venía cobijando y escondiendo bajo la alfombra de la guerra fría durante tantos años al stronismo y a varias dictaduras de ultraderecha en el hemisferio occidental.
Al final de la carta, el extraño triple embajador y agente encubierto, informó de gestiones realizadas a pedido especial del dictador: “Mi general, he transmitido oportunamente sus saludos tanto al señor profesor Dean Rusk como al embajador Sevilla Sacasa, quienes quedaron muy agradecidos”.
¿Quién fue el tal profesor Rusk? Nada más y nada menos que el ex secretario de estado norteamericano de los presidentes John F. Kennedy y Lyndon B. Johnson, desde 1961 hasta 1969. Uno de los halcones guerreristas que impulsó la guerra y división de Corea, apoyó fervientemente la guerra de Vietnam, la invasión a Cuba, y apoyó todas las acciones militares de fortalecimiento de las dictaduras anticomunistas, como la del Paraguay. Fue también uno de los jerarcas de la Fundación Rockefeller.
¿Quién fue el embajador Guillermo Sevilla Sacasa? “Fue el embajador Nicaragüense en los Estados Unidos de América, desde 1943 hasta 1979, cuando la Revolución Sandinista triunfó y derrocó el gobierno de la familia de su esposa, Lilian Somoza Debayle (hermana del dictador Anastacio Somoza). Guillermo, conocido como "El embajador más condecorado en el mundo". También ostentó el récord de ser la persona quien asistió al mayor número de banquetes, cócteles, galas, ceremonias e inauguraciones presidenciales en Washington, superando a cualquier otro diplomático o a presidentes americanos”. (Wikipedia, 2015).
Federico Tatter.
26 de julio de 2015. Asunción, Paraguay.
Corrección ortográfica y de estilo, Eugenia de Amoriza. Gracias.
El diario ABC del 27 de noviembre de 2006, publicó que López Escobar envió una carta al ministro de relaciones exteriores, “...fechada el 25 de junio de 1979 y está dirigida al canciller Nogués. En esta, López Escobar le informa que como resultado de gestiones y hasta de presiones ejercidas por él ante el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), consiguió la promesa de nombramiento, por un año, de un economista calificado, quien tendría una asignación anual de 28.845 dólares … A reglón seguido, sin embargo, la verdadera intención de nuestro representante queda al descubierto. El diplomático le explica a Nogués que "a veces necesitamos informaciones confidenciales sobre aspectos tales como ‘Derechos Humanos’ u otros, y que para ello nada mejor que contar con conciudadanos animados de mística republicana dentro de la OEA, que naturalmente, tiendan a ayudarnos en el cumplimiento de nuestro cometido institucional (sic)". (Archivo digital ABC Color).
Si no quedó claro, el embajador pyragüé, propuso y logró incrustar otro pyragüé en plena OEA en contra de la política de los derechos humanos del organismo regional.
La tirria contra los derechos fundamentales de las personas, estaba ya con anterioridad en la mente y acción republicana del embajador Mario López Escobar, pues dos años antes, precisamente el 30 de junio de 1977, apenas a tres meses de ocupar el alto cargo de embajador ante los Estados Unidos de América, remitió una carta a “Mí general”, el excelentísimo general de ejército de la dictadura, sobre la picazón de los derechos humanos con el siguiente temperamento y tono: “...me permito informarle que luego de la visita sorpresiva del Presidente Omar Torrijos de Panamá a Caracas, antes de la visita del Presidente Carlos Andrés Pérez a los Estados Unidos de América, se ha concretado una especie de pacto entre Colombia, Panamá, Venezuela y Costa Rica por el que todos los nombrados gobiernos se comprometen a sustentar solidariamente los principios y la política del Presidente Carter (USA), respecto a los Derechos Humanos”. Así con mayúsculas en el original. Indudablemente, el embajador estaba adelantando la conformación de un bloque en el seno de la OEA, contrario al status quo prodictatorial que venía cobijando y escondiendo bajo la alfombra de la guerra fría durante tantos años al stronismo y a varias dictaduras de ultraderecha en el hemisferio occidental.
Al final de la carta, el extraño triple embajador y agente encubierto, informó de gestiones realizadas a pedido especial del dictador: “Mi general, he transmitido oportunamente sus saludos tanto al señor profesor Dean Rusk como al embajador Sevilla Sacasa, quienes quedaron muy agradecidos”.
¿Quién fue el tal profesor Rusk? Nada más y nada menos que el ex secretario de estado norteamericano de los presidentes John F. Kennedy y Lyndon B. Johnson, desde 1961 hasta 1969. Uno de los halcones guerreristas que impulsó la guerra y división de Corea, apoyó fervientemente la guerra de Vietnam, la invasión a Cuba, y apoyó todas las acciones militares de fortalecimiento de las dictaduras anticomunistas, como la del Paraguay. Fue también uno de los jerarcas de la Fundación Rockefeller.
¿Quién fue el embajador Guillermo Sevilla Sacasa? “Fue el embajador Nicaragüense en los Estados Unidos de América, desde 1943 hasta 1979, cuando la Revolución Sandinista triunfó y derrocó el gobierno de la familia de su esposa, Lilian Somoza Debayle (hermana del dictador Anastacio Somoza). Guillermo, conocido como "El embajador más condecorado en el mundo". También ostentó el récord de ser la persona quien asistió al mayor número de banquetes, cócteles, galas, ceremonias e inauguraciones presidenciales en Washington, superando a cualquier otro diplomático o a presidentes americanos”. (Wikipedia, 2015).
Federico Tatter.
26 de julio de 2015. Asunción, Paraguay.
Corrección ortográfica y de estilo, Eugenia de Amoriza. Gracias.
viernes, 24 de julio de 2015
ACATAR O REVENTAR
Una de las tantas oficinas dictatoriales, encargadas de “bajar línea y establecer uno y sólo un discurso de estado” en el campo de la defensa del régimen frente al movimiento de derechos humanos y la diáspora del exilio paraguayo, uno de los más prolongados del cono sur latinoamericano, fue la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, a cargo del embajador Francisco “Poncho Pytá” Barreiro Maffiodo, quien a la sazón, fungía como “pluma de oro” del stronismo desde el partidario diario Patria. La premisa fundamental, era que para que “la mentira de estado fuera irradiada con efectividad, nadie debía salir del guión, ni los jerarcas de la dictadura, ni los medios de comunicación o tergiversación tolerados o funcionales”.
El metódico apuntador, por ejemplo, el 20 de enero de 1987, irradió una orden genérica a algunos diplomáticos para que sepan cómo defender al régimen en los documentos de contestación acerca de requerimientos sobre violaciones a los derechos humanos, como los que venían desde la OEA y la ONU, dos espacios en donde la dictadura estaba perdiendo la batalla de la legitimidad. La mentira de estado, aún distribuida entre los medios, estaba en desventaja frente a la evidencia.
Sobre los casos de Tavapy, San Francisco y Puerto Ordoñez, de Alto Paraná, la directivas de “Poncho Pytá”, fueron de estigmatizarlas como las clásicas consecuencias de “invasiones de propiedades privadas”, por parte de “supuestos campesinos sin tierras”, donde éstos son desalojados mediante “orden judicial” una vez que se haya probado el hecho de “la invasión de manera inequívoca”. Los detenían por unos días, recuperaban más tarde su libertad, con la garantía de que el IBR pudiera “interesarse por sus necesidades”. Una mentira tan útil que ha durado más de 28 años. Pues la situación en el Paraguay, no ha cambiado en lo más mínimo. En realidad, ha empeorado, pues casi todos los departamentos fronterizos, hoy están en manos de grandes propietarios, corporaciones extranjeras, que han invadido, limpiado la zona de habitantes paraguayos, comunidades originarias incluidas, y se han establecido por un par de monedas en las mejores tierras del Paraguay. Hoy ya no existe soberanía paraguaya sobre esas tierras.
Continúa el verborrágico Maffiodo allá por 1987, con respecto a la Comisión de Solidaridad con el Paraguay de Suiza. Allí, dice, que desde el exilio hablan de una “supuesta confederación paraguaya de trabajadores en el exilio (CPT-E), diciendo que “...son organizaciones de fachada, compuesta por minúsculos grupos de elementos radicalizados de oposición”. Continúa, que “éstos supuestos no representan a nadie en el Paraguay, utilizan términos groseros e inadmisibles. Funcionan en Suiza sin conocer la realidad porque sus líderes están hace más de 25 años afuera del país”. Y tampoco, continúa, “ se puede hablar de exilio, porque nadie les objeta su regreso, y desde hace 30 años ninguno dirige un sólo sindicato, y sólo están viviendo de la mendicidad internacional”. O sea, negación absoluta. En el Paraguay debe haber democracia y quien diga lo contrario, no existe.
Éste fue el temperamento para todas y cada de una de las cientos de organizaciones de la comunidad paraguaya en el exterior, especialmente aquellas que denunciaban el carácter terrorista de la dictadura stronista. Hoy, en el Paraguay, los organismos de derechos humanos, siguen siendo criminalizados bajo otros métodos, pero en el mismo sentido, porque desarman las mentiras de estado como en la dictadura.
El estado actual no aclara, más bien tergiversa, mantiene en la neblina la verdad y busca instalar guiones ficcionados como única verdad aunque riñan con la evidencia. Para ello, como en el pasado, cuentan con el socorro casi unívoco de medios empresariales de desinformación, televisivos, escritos, radiales, con tal uniformidad discursiva, que nos recuerda a aquella “única voz oficial permitida y existente en las épocas dictatoriales” con misma filosofía totalitaria de Francisco “Poncho Pytá” Barreiro Maffiodo. Donde había “una y sola una mentira de estado permitida para difundir e irradiar. Todo el mundo a creer, acatar o dejar de existir civilmente. Si la evidencia no coincidía con la mentira oficial, peor para la evidencia”. Dejavú. Casos Curuguaty y siguientes. Mentiras de larga data, revividas en otras nuevas.
Federico Tatter.
24 de julio de 2015. Asunción, Paraguay.
Corrección ortográfica y estilística a cargo de Eugenia de Amoriza.
El metódico apuntador, por ejemplo, el 20 de enero de 1987, irradió una orden genérica a algunos diplomáticos para que sepan cómo defender al régimen en los documentos de contestación acerca de requerimientos sobre violaciones a los derechos humanos, como los que venían desde la OEA y la ONU, dos espacios en donde la dictadura estaba perdiendo la batalla de la legitimidad. La mentira de estado, aún distribuida entre los medios, estaba en desventaja frente a la evidencia.
Sobre los casos de Tavapy, San Francisco y Puerto Ordoñez, de Alto Paraná, la directivas de “Poncho Pytá”, fueron de estigmatizarlas como las clásicas consecuencias de “invasiones de propiedades privadas”, por parte de “supuestos campesinos sin tierras”, donde éstos son desalojados mediante “orden judicial” una vez que se haya probado el hecho de “la invasión de manera inequívoca”. Los detenían por unos días, recuperaban más tarde su libertad, con la garantía de que el IBR pudiera “interesarse por sus necesidades”. Una mentira tan útil que ha durado más de 28 años. Pues la situación en el Paraguay, no ha cambiado en lo más mínimo. En realidad, ha empeorado, pues casi todos los departamentos fronterizos, hoy están en manos de grandes propietarios, corporaciones extranjeras, que han invadido, limpiado la zona de habitantes paraguayos, comunidades originarias incluidas, y se han establecido por un par de monedas en las mejores tierras del Paraguay. Hoy ya no existe soberanía paraguaya sobre esas tierras.
Continúa el verborrágico Maffiodo allá por 1987, con respecto a la Comisión de Solidaridad con el Paraguay de Suiza. Allí, dice, que desde el exilio hablan de una “supuesta confederación paraguaya de trabajadores en el exilio (CPT-E), diciendo que “...son organizaciones de fachada, compuesta por minúsculos grupos de elementos radicalizados de oposición”. Continúa, que “éstos supuestos no representan a nadie en el Paraguay, utilizan términos groseros e inadmisibles. Funcionan en Suiza sin conocer la realidad porque sus líderes están hace más de 25 años afuera del país”. Y tampoco, continúa, “ se puede hablar de exilio, porque nadie les objeta su regreso, y desde hace 30 años ninguno dirige un sólo sindicato, y sólo están viviendo de la mendicidad internacional”. O sea, negación absoluta. En el Paraguay debe haber democracia y quien diga lo contrario, no existe.
Éste fue el temperamento para todas y cada de una de las cientos de organizaciones de la comunidad paraguaya en el exterior, especialmente aquellas que denunciaban el carácter terrorista de la dictadura stronista. Hoy, en el Paraguay, los organismos de derechos humanos, siguen siendo criminalizados bajo otros métodos, pero en el mismo sentido, porque desarman las mentiras de estado como en la dictadura.
El estado actual no aclara, más bien tergiversa, mantiene en la neblina la verdad y busca instalar guiones ficcionados como única verdad aunque riñan con la evidencia. Para ello, como en el pasado, cuentan con el socorro casi unívoco de medios empresariales de desinformación, televisivos, escritos, radiales, con tal uniformidad discursiva, que nos recuerda a aquella “única voz oficial permitida y existente en las épocas dictatoriales” con misma filosofía totalitaria de Francisco “Poncho Pytá” Barreiro Maffiodo. Donde había “una y sola una mentira de estado permitida para difundir e irradiar. Todo el mundo a creer, acatar o dejar de existir civilmente. Si la evidencia no coincidía con la mentira oficial, peor para la evidencia”. Dejavú. Casos Curuguaty y siguientes. Mentiras de larga data, revividas en otras nuevas.
Federico Tatter.
24 de julio de 2015. Asunción, Paraguay.
Corrección ortográfica y estilística a cargo de Eugenia de Amoriza.
ENFATICOS CON ISSAC
El 13 de enero de 1987, a poco menos de dos años del final de la fase terrorista del régimen stronista, tal vez y con seguridad, una de las más nefastas soportadas por la nación paraguaya en tiempos de paz, bajo responsabilidad del nacionalismo autoritario vernáculo, más conocido como “stronismo”, la sección de télex de la cancillería de la dictadura tuvo que trabajar a ritmo forzado.
Ese día, “Poncho Pytá” ordenó despachar sendos telegramas del mismo tenor. Uno de ellos a la embajada paraguaya en Washington, a cargo del embajador Martínez Mendieta, y el otro, a la misión paraguaya en Ginebra, a cargo del Embajador González Arias, con el 'Special Rapporteur' de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, señor Peter Kooijmans, en carácter urgente...”.
Debían responder por todos los medios a un pedido realizado por Kooijmans, en forma directa al Ministro de Relaciones Exteriores de la dictadura, sobre la detención y tortura de Issac Villalba, con la siguiente consigna: “...Enfáticamente este ministerio niega que haya sido torturado Stop El señor Villalba estuvo detenido unos días en virtud del Artículo 79 de la Constitución Nacional, Estado de Sitio Stop Recobró su libertad total hace cuatro días Stop Barreiro”.
Pero las denuncias que habían llegado ante el sistema internacional, el 8 de enero de 1987 decían otra cosa. Se construyó un caso, y llevaba el número 9849, donde se denunciaba el arresto ilegal y la incomunicación del locutor Issac Villaba, el 31 de diciembre de 1986. El detenido fue llevado primeramente al Cuartel Central de Policía, donde se ha podido conocer que fue sometido a interrogatorios y torturas. Uno de los torturadores le preguntó, con qué mano agarraba el micrófono cuando hablaba en la radio y al responderle que usaba la mano derecha, éste le aplastó la diestra a martillazos quebrándole los huesos.
Según la denuncia que había llegado a manos Kooijmans, el detenido luego fue trasladado a la Guardia de Seguridad, donde se le mantuvo bajo incomunicación. Sabemos que desde los setentas, fue conocida la Guardia de Seguridad como sitio de tortura, exterminio y entierros clandestinos, en la llamada “huerta”, que a su vez, contenía una “chanchería”.
Ocho días después de su detención arbitraria, aún no se habían formulado cargos formalmente, sin embargo, había sido reconocido por varios informantes del régimen, que el arresto y detención de Issac, estuvo relacionado a su participación, junto a exiliados políticos, como presentador de un festival internacional del folclore, realizado en noviembre de 1986 en la ciudad argentina de Posadas.
El citado festival fue una continuidad de una tradición que se realizó durante varios años en la ciudad de Ypacari, a unos 37 km de la ciudad de Asunción, y terminó siendo prohibido por el ministerio de Interior, por sospecha de creciente contestación política en le mismo.
De acuerdo al informe de la CIDH de 1987: “...el locutor y animador de programas radiales Isaac Villalba fue arrestado el 31 de diciembre de 1986, al amparo del Art. 79 de la Constitución Nacional (estado de sitio) y puesto en libertad a los pocos días, el 9 de enero de 1987. Un día después, de la denuncia ante el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Tortura, el holandés, Peter Kooijmans.
Federico Tatter.
20 de julio de 2015. Asunción, Paraguay.
Este y todos los relatos breves, han sido favorecidos con la experta corrección ortográfica y estilística de Eugenia de Amoriza. Gracias.
Ese día, “Poncho Pytá” ordenó despachar sendos telegramas del mismo tenor. Uno de ellos a la embajada paraguaya en Washington, a cargo del embajador Martínez Mendieta, y el otro, a la misión paraguaya en Ginebra, a cargo del Embajador González Arias, con el 'Special Rapporteur' de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, señor Peter Kooijmans, en carácter urgente...”.
Debían responder por todos los medios a un pedido realizado por Kooijmans, en forma directa al Ministro de Relaciones Exteriores de la dictadura, sobre la detención y tortura de Issac Villalba, con la siguiente consigna: “...Enfáticamente este ministerio niega que haya sido torturado Stop El señor Villalba estuvo detenido unos días en virtud del Artículo 79 de la Constitución Nacional, Estado de Sitio Stop Recobró su libertad total hace cuatro días Stop Barreiro”.
Pero las denuncias que habían llegado ante el sistema internacional, el 8 de enero de 1987 decían otra cosa. Se construyó un caso, y llevaba el número 9849, donde se denunciaba el arresto ilegal y la incomunicación del locutor Issac Villaba, el 31 de diciembre de 1986. El detenido fue llevado primeramente al Cuartel Central de Policía, donde se ha podido conocer que fue sometido a interrogatorios y torturas. Uno de los torturadores le preguntó, con qué mano agarraba el micrófono cuando hablaba en la radio y al responderle que usaba la mano derecha, éste le aplastó la diestra a martillazos quebrándole los huesos.
Según la denuncia que había llegado a manos Kooijmans, el detenido luego fue trasladado a la Guardia de Seguridad, donde se le mantuvo bajo incomunicación. Sabemos que desde los setentas, fue conocida la Guardia de Seguridad como sitio de tortura, exterminio y entierros clandestinos, en la llamada “huerta”, que a su vez, contenía una “chanchería”.
Ocho días después de su detención arbitraria, aún no se habían formulado cargos formalmente, sin embargo, había sido reconocido por varios informantes del régimen, que el arresto y detención de Issac, estuvo relacionado a su participación, junto a exiliados políticos, como presentador de un festival internacional del folclore, realizado en noviembre de 1986 en la ciudad argentina de Posadas.
El citado festival fue una continuidad de una tradición que se realizó durante varios años en la ciudad de Ypacari, a unos 37 km de la ciudad de Asunción, y terminó siendo prohibido por el ministerio de Interior, por sospecha de creciente contestación política en le mismo.
De acuerdo al informe de la CIDH de 1987: “...el locutor y animador de programas radiales Isaac Villalba fue arrestado el 31 de diciembre de 1986, al amparo del Art. 79 de la Constitución Nacional (estado de sitio) y puesto en libertad a los pocos días, el 9 de enero de 1987. Un día después, de la denuncia ante el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Tortura, el holandés, Peter Kooijmans.
Federico Tatter.
20 de julio de 2015. Asunción, Paraguay.
Este y todos los relatos breves, han sido favorecidos con la experta corrección ortográfica y estilística de Eugenia de Amoriza. Gracias.
STANDARD MÍNIMO
El 23 de junio de 1987, como venía realizando con aplicación y sistemática en esos últimos años, el gobierno de Australia, a través de su embajada en Buenos Aires, despachó una grave preocupación por la actuación de la dictadura paraguaya en el campo de los derechos humanos. La inexistencia de un Standard Mínimo de Tratamiento de Prisioneros conforme a los protocolos de Naciones Unidas. Nunca el Paraguay cumplió los standares mínimos en derechos humanos para personas privadas de libertad, mucho menos, claro está, durante la dictadura stronista en ninguno de sus períodos. Tampoco en el final, en la cual, se sintió algo más observada.
Los reclamos de la comunidad internacional llegaron con cierto retraso, pero bueno, llegaron. En realidad, en los últimos años de la década de los ochentas, para la comunidad de Occidente (no importa que Australia, estuviera situada en el más extremo de los orientes... occidente y oriente en la época, no eran referencias geográficas, sí geopolíticas e ideológicas), la dictadura stronista, considerada en otras épocas por esa misma comunidad como necesaria, había sido degradada, a poco menos que una exótica y onerosa molestia. Un dolor de muelas para los líderes de Occidente.
Los términos diplomáticos fueron en extremo amables, a la vez que terminantes. El gobierno australiano, se hizo eco del grupo de Amnistía Internacional en el Parlamento Federal Australiano, y lo hicieron notar explícitamente, respecto a dos reportes en esa misiva.
El primero, sobre el trato dado a doce prisioneros comunes, entre los que habían registrado los nombres de Daniel Portillo, Gervasio Chávez, Ricardo Romero, Juan Mangusio, Pablo Galeano, faltando seis por identificar, que fueron transferidos desde la Penitenciaría Nacional de Tacumbú en agosto de 1986, a la céntrica Comisaría 3ra. de Asunción, y allí mantenidos encadenados en sus celdas por considerables períodos, y maniatados aún durante los períodos de ejercicio.
Amnistía Internacional denunció ante el gobierno australiano, y éste último trasladó el reclamo a la dictadura stronista acentuando que “...mantener a presos de esta manera, aún por cortos períodos, viola las reglamentaciones paraguayas sobre prisiones (Art. 4 Ley 210), y también el Standard Mínimo de Tratamiento de Prisioneros de las Naciones Unidas”.
El segundo punto, un reclamo acerca de si la dictadura realizó o no una investigación completa sobre alegaciones de tortura a prisioneros en junio de 1986 y las circunstancias de la muerte de Juan Alberto Ferreira en el Penal de Tacumbú.
La atenta nota de reclamo diplomático australiano, como en las demás de su mismo temperamento, finalizó haciendo referencia explícita que el llamado Grupo Parlamentario de Amnistía Internacional, incluía a miembros de todos los partidos políticos, así como independientes, con representación en el parlamento y que los patrocinadores de dicho grupo incluían al Primer Ministro, Robert James Lee "Bob" Hawke, al líder de la oposición y a todos los principales partidos. O sea, remarcaron y dejaron muy en claro, que en el Grupo Parlamentario, estaba en la práctica, todo el gobierno australiano. Notas de este tenor, inundaron los despachos de la jerarquía dictatorial a un ritmo de varias por día. El régimen respondió algunas de ellas con evasivas. Otras, ni siquiera le dió el tiempo. Ya se sentían en varios cuarteles y embajadas, sordos ruidos. Eran los corceles de acero de Cerrito.
¿Y qué pasó con los standares mínimos luego de 1989? Siguieron sin cumplirse.
Federico Tatter.
17 de julio de 2015. Asunción, Paraguay.
Éste y todos los relatos, han contado con la corrección ortográfica y de estilo precisas de Eugenia de Amoriza. Gracias.
Los reclamos de la comunidad internacional llegaron con cierto retraso, pero bueno, llegaron. En realidad, en los últimos años de la década de los ochentas, para la comunidad de Occidente (no importa que Australia, estuviera situada en el más extremo de los orientes... occidente y oriente en la época, no eran referencias geográficas, sí geopolíticas e ideológicas), la dictadura stronista, considerada en otras épocas por esa misma comunidad como necesaria, había sido degradada, a poco menos que una exótica y onerosa molestia. Un dolor de muelas para los líderes de Occidente.
Los términos diplomáticos fueron en extremo amables, a la vez que terminantes. El gobierno australiano, se hizo eco del grupo de Amnistía Internacional en el Parlamento Federal Australiano, y lo hicieron notar explícitamente, respecto a dos reportes en esa misiva.
El primero, sobre el trato dado a doce prisioneros comunes, entre los que habían registrado los nombres de Daniel Portillo, Gervasio Chávez, Ricardo Romero, Juan Mangusio, Pablo Galeano, faltando seis por identificar, que fueron transferidos desde la Penitenciaría Nacional de Tacumbú en agosto de 1986, a la céntrica Comisaría 3ra. de Asunción, y allí mantenidos encadenados en sus celdas por considerables períodos, y maniatados aún durante los períodos de ejercicio.
Amnistía Internacional denunció ante el gobierno australiano, y éste último trasladó el reclamo a la dictadura stronista acentuando que “...mantener a presos de esta manera, aún por cortos períodos, viola las reglamentaciones paraguayas sobre prisiones (Art. 4 Ley 210), y también el Standard Mínimo de Tratamiento de Prisioneros de las Naciones Unidas”.
El segundo punto, un reclamo acerca de si la dictadura realizó o no una investigación completa sobre alegaciones de tortura a prisioneros en junio de 1986 y las circunstancias de la muerte de Juan Alberto Ferreira en el Penal de Tacumbú.
La atenta nota de reclamo diplomático australiano, como en las demás de su mismo temperamento, finalizó haciendo referencia explícita que el llamado Grupo Parlamentario de Amnistía Internacional, incluía a miembros de todos los partidos políticos, así como independientes, con representación en el parlamento y que los patrocinadores de dicho grupo incluían al Primer Ministro, Robert James Lee "Bob" Hawke, al líder de la oposición y a todos los principales partidos. O sea, remarcaron y dejaron muy en claro, que en el Grupo Parlamentario, estaba en la práctica, todo el gobierno australiano. Notas de este tenor, inundaron los despachos de la jerarquía dictatorial a un ritmo de varias por día. El régimen respondió algunas de ellas con evasivas. Otras, ni siquiera le dió el tiempo. Ya se sentían en varios cuarteles y embajadas, sordos ruidos. Eran los corceles de acero de Cerrito.
¿Y qué pasó con los standares mínimos luego de 1989? Siguieron sin cumplirse.
Federico Tatter.
17 de julio de 2015. Asunción, Paraguay.
Éste y todos los relatos, han contado con la corrección ortográfica y de estilo precisas de Eugenia de Amoriza. Gracias.
EL GARROTE 79
La dictadura stronista mantuvo a la población bajo el terror de estado. Transformó el estado entero en terrorista. Todas las instituciones militares, policiales y civiles, cumplieron roles de persecución política. Fue la “era de los pyragüés” por excelencia. Estos fueron ojos y oídos del régimen en forma abierta y encubierta. El partido de estado fue policializado. Y la policía y fuerzas armadas partidizadas. El régimen mismo lo bautizó como "unidad granítica", aunque fue un proceso de fusión que podemos calificar de corporativización fascista totalitarizante en clave tropical sub-subdesarrollada. Mundos del revés. La escuálida república al tacho y con el aplauso de no pocos cientos de serviles.
Si Usted quiere encontrar algunas respuestas a las flagrantes sinrazones del presente paraguayo, es muy saludable, se dé una vuelta por las sinrazones del pasado stronista. Pues muchas, allí nacieron, allí se hicieron carne, allí se hicieron cultura.
En el Departamento de Investigaciones, por ejemplo, uno de los garrotes más viles de “tejuruguái” llevaba el nombre de “Constitución”, y otro, “Democracia”. Con sus golpes respondían, cuando los detenidos políticos reclamaban por sus derechos constitucionales y democráticos. “Reúma”.
El poder judicial, de justicia nada, fue un brazo ejecutor más. Para la persecución política, las leyes 209 y 294 se instruían con rapidez, para luego quedar en la nada, en el limbo. Así, las detenciones podían continuar por años, y las causas abiertas también, por años. Pero, cuando no se les antojaba utilizar ambas leyes liberticidas, recurrían al difuso y arbitrario Artículo 79 de la Constitución Nacional que validaba la instauración del estado de sitio, y que fue permanente durante 35 años.
Un artículo de la Constitución, el 79, al igual que el “Tejuruguái” de Investigaciones, fue utilizado por policías, fiscales y jueces, como un garrote más. Esto fue revelado a nivel internacional por el Informe de la OEA en 1987, para poner en evidencia las tácticas represivas dictatoriales, que simulaba ser un sistema democrático con plena división de poderes, cuando no pasaba de ser una cruel dictadura cuartelera y policiaca. Mientras les sirvió en la guerra fría, las democracias de occidente, miraron a otro lado, bien lejos.
Pero entrados en los ochentas, todo el mundo civilizado, y tardíamente las grandes democracias occidentales, decidieron soltarle las manos a “sus” dictaduras anticomunistas, y en tropel, permitieron que las instancias multilaterales del mundo hicieran su trabajo de denuncia.
El Informe acerca del Paraguay en 1987 de la OEA dice: “…el derecho a la libertad personal resulta severamente limitado por las disposiciones del artículo 79 de la Constitución de la República sobre el estado de sitio, el cual dispone que el Poder Ejecutivo podrá detener a las personas indicadas de participar en los hechos que según ese artículo, justifican la implantación de ese estado de excepción”. Excepción, que en el caso paraguayo, fue la regla, durante 35 años años, renovado cada tres meses en forma automática por otra farsa de la dictadura, el parlamento.
Continúa el informe: “…las disposiciones del estado de sitio se complementan con las normas contenidas en la Ley 294/55 y de la Ley 209/70 que, además de restringir aún más los derechos reconocidos, proporcionan nuevos elementos que permiten la privación de la libertad de las personas … El Poder Judicial, por su parte, ha optado por no ejercer jurisdicción sobre casos relacionados con la detención durante el estado de sitio…”.
Así ha quedado al desnudo un marco jurídico gravemente debilitado del derecho a la libertad personal, así como la nula efectividad de los recursos formales para protegerlos. La CIDH en el citado informe se refirió por diversos casos, como Alejandro Stumpfs, Carlos Filizzola Pallarés, Marcelino Corazón Medina, Napoleón Ortigoza y Escolástico Ovando.
Su conclusión la transcribimos completa: “La exposición realizada a lo largo de este capítulo permite discernir una clara pauta de violaciones al derecho a la libertad personal originada en la conducta del Gobierno del Paraguay. De acuerdo con el análisis de la práctica del Gobierno paraguayo y del Poder Judicial, los ciudadanos se encuentran en un total estado de indefensión frente a las medidas que puedan adoptar en su contra los organismos estatales.
En efecto, bajo la permanente vigencia del estado de sitio, el Poder Ejecutivo ha procedido a detener sin las formalidades legales requeridas a numerosas personas, especialmente aquellos que han sustentado opiniones críticas del Gobierno. En un elevado número de casos, el Gobierno ha dejado en libertad a los arrestados luego de haberlos mantenido privados de la libertad sin siquiera formularles cargos y siempre invocando las disposiciones del estado de sitio. También bajo tales disposiciones el Poder Ejecutivo ha prolongado por dilatados períodos la detención de personas que ya habían cumplido su condena y mantenido sine die la incomunicación que ha venido a agregar como una cruel medida punitiva, adicional a la privación de la libertad que sufren los afectados”.
Así, el Artículo 79, en la dictadura, fue un garrote más. Si hoy en el Paraguay del 2015, aún existe la mala praxis de utilizar la ley como un garrote en manos de un poder arbitrario y abusivo sobre sectores vulnerables. En dictadura, su práctica nació. Quiere analizar el presente. Analice primero el pasado reciente. Le servirá. Iremos abordando caso por caso, con las denuncias y las respuestas del estado. Increíble, pero le servirá también para analizar, el "temperamento" de las respuestas actuales del estado ante instancias internacionales competentes en la defensa y protección de los derechos humanos. Caray, incluso, hasta algunos funcionarios "pechos fríos" de la nomenklatura dictatorial de aquella época, siguen hoy manejando las respuestas del estado en la actualidad. Qué caray!
Federico Tatter.
22 de mayo de 2015. Asunción, Paraguay.
(*) El telegrama de Amnistía Internacional, al ministro del interior Montanaro, reclamando la libertad de los médicos y enfermeras detenidos porque asistieron a la comunidad sitiada de Tavapy II en Alto Paraná, es del 12 de mayo de 1987.
Si Usted quiere encontrar algunas respuestas a las flagrantes sinrazones del presente paraguayo, es muy saludable, se dé una vuelta por las sinrazones del pasado stronista. Pues muchas, allí nacieron, allí se hicieron carne, allí se hicieron cultura.
En el Departamento de Investigaciones, por ejemplo, uno de los garrotes más viles de “tejuruguái” llevaba el nombre de “Constitución”, y otro, “Democracia”. Con sus golpes respondían, cuando los detenidos políticos reclamaban por sus derechos constitucionales y democráticos. “Reúma”.
El poder judicial, de justicia nada, fue un brazo ejecutor más. Para la persecución política, las leyes 209 y 294 se instruían con rapidez, para luego quedar en la nada, en el limbo. Así, las detenciones podían continuar por años, y las causas abiertas también, por años. Pero, cuando no se les antojaba utilizar ambas leyes liberticidas, recurrían al difuso y arbitrario Artículo 79 de la Constitución Nacional que validaba la instauración del estado de sitio, y que fue permanente durante 35 años.
Un artículo de la Constitución, el 79, al igual que el “Tejuruguái” de Investigaciones, fue utilizado por policías, fiscales y jueces, como un garrote más. Esto fue revelado a nivel internacional por el Informe de la OEA en 1987, para poner en evidencia las tácticas represivas dictatoriales, que simulaba ser un sistema democrático con plena división de poderes, cuando no pasaba de ser una cruel dictadura cuartelera y policiaca. Mientras les sirvió en la guerra fría, las democracias de occidente, miraron a otro lado, bien lejos.
Pero entrados en los ochentas, todo el mundo civilizado, y tardíamente las grandes democracias occidentales, decidieron soltarle las manos a “sus” dictaduras anticomunistas, y en tropel, permitieron que las instancias multilaterales del mundo hicieran su trabajo de denuncia.
El Informe acerca del Paraguay en 1987 de la OEA dice: “…el derecho a la libertad personal resulta severamente limitado por las disposiciones del artículo 79 de la Constitución de la República sobre el estado de sitio, el cual dispone que el Poder Ejecutivo podrá detener a las personas indicadas de participar en los hechos que según ese artículo, justifican la implantación de ese estado de excepción”. Excepción, que en el caso paraguayo, fue la regla, durante 35 años años, renovado cada tres meses en forma automática por otra farsa de la dictadura, el parlamento.
Continúa el informe: “…las disposiciones del estado de sitio se complementan con las normas contenidas en la Ley 294/55 y de la Ley 209/70 que, además de restringir aún más los derechos reconocidos, proporcionan nuevos elementos que permiten la privación de la libertad de las personas … El Poder Judicial, por su parte, ha optado por no ejercer jurisdicción sobre casos relacionados con la detención durante el estado de sitio…”.
Así ha quedado al desnudo un marco jurídico gravemente debilitado del derecho a la libertad personal, así como la nula efectividad de los recursos formales para protegerlos. La CIDH en el citado informe se refirió por diversos casos, como Alejandro Stumpfs, Carlos Filizzola Pallarés, Marcelino Corazón Medina, Napoleón Ortigoza y Escolástico Ovando.
Su conclusión la transcribimos completa: “La exposición realizada a lo largo de este capítulo permite discernir una clara pauta de violaciones al derecho a la libertad personal originada en la conducta del Gobierno del Paraguay. De acuerdo con el análisis de la práctica del Gobierno paraguayo y del Poder Judicial, los ciudadanos se encuentran en un total estado de indefensión frente a las medidas que puedan adoptar en su contra los organismos estatales.
En efecto, bajo la permanente vigencia del estado de sitio, el Poder Ejecutivo ha procedido a detener sin las formalidades legales requeridas a numerosas personas, especialmente aquellos que han sustentado opiniones críticas del Gobierno. En un elevado número de casos, el Gobierno ha dejado en libertad a los arrestados luego de haberlos mantenido privados de la libertad sin siquiera formularles cargos y siempre invocando las disposiciones del estado de sitio. También bajo tales disposiciones el Poder Ejecutivo ha prolongado por dilatados períodos la detención de personas que ya habían cumplido su condena y mantenido sine die la incomunicación que ha venido a agregar como una cruel medida punitiva, adicional a la privación de la libertad que sufren los afectados”.
Así, el Artículo 79, en la dictadura, fue un garrote más. Si hoy en el Paraguay del 2015, aún existe la mala praxis de utilizar la ley como un garrote en manos de un poder arbitrario y abusivo sobre sectores vulnerables. En dictadura, su práctica nació. Quiere analizar el presente. Analice primero el pasado reciente. Le servirá. Iremos abordando caso por caso, con las denuncias y las respuestas del estado. Increíble, pero le servirá también para analizar, el "temperamento" de las respuestas actuales del estado ante instancias internacionales competentes en la defensa y protección de los derechos humanos. Caray, incluso, hasta algunos funcionarios "pechos fríos" de la nomenklatura dictatorial de aquella época, siguen hoy manejando las respuestas del estado en la actualidad. Qué caray!
Federico Tatter.
22 de mayo de 2015. Asunción, Paraguay.
(*) El telegrama de Amnistía Internacional, al ministro del interior Montanaro, reclamando la libertad de los médicos y enfermeras detenidos porque asistieron a la comunidad sitiada de Tavapy II en Alto Paraná, es del 12 de mayo de 1987.
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