La Colonia Buena Vista de Yhú, Departamento de Caaguazú, entre el 4 y el 5 de abril de 1975 recibió un ataque militar a cargo de efectivos de la II División de Infantería con asiento en Villarrica, departamento de Guairá, quemando y destruyendo alrededor de 57 viviendas. El predio tenía unos 1.300 pequeños lotes para familias campesinas en gestión de compra a través del Instituto de Bienestar Rural (IBR), a la firma internacional de capital español Compañía Forestal Hispano Paraguaya SRL. La empresa loteó. Subió el precio de la tierra. Y aparecieron otros compradores con más plata en mano. ¿Qué militares y qué jueces estuvieron detrás?
A partir del 10 de mayo de 1975, se realizaron más detenciones arbitrarias de familias campesinas que fueron trasladadas a un campamento militar de infantería en Caaguazú. Luego vueltas a trasladar a la II División de Infantería, y a la Comisaría de la ciudad de Caaguazú, cabecera del departamento de Caaguazú.
Doroteo Grandel, habitante de la colonia, viajó a Asunción para denunciar ante la prensa los atropellos, quemas y persecuciones. La respuesta fue su secuestro y desaparición durante más de dos años. Este secuestro pudo haber sido interminable o haber terminado en muerte en ese momento, si no fuera porque casualmente fue localizado por un periodista británico, que también había caído detenido en el mismo regimiento de Infantería, hasta que la embajada británica exigió su inmediata liberación.
Por obvia presión nacional e internacional, el secuestrado Doroteo Grandel, apareció y fue liberado. Pero se la tenían jurada. Fue ejecutado extrajudicialmente en Carrera-í, Departamento de Caaguazú a manos de “sicarios” unos meses después, en 1978.
A raíz de las denuncias de Grandel al diario El Radical, el Doctor Miguel Ángel Martínez Yaryes, fue detenido en Asunción. Llevado a una comisaría, e inmediatamente remitido a la Penitenciaría de Tacumbú, para ser velozmente procesado y condenado. Del mismo caso, se desprendieron las posibles ejecuciones extrajudiciales nunca investigadas, de familiares de Doroteo Grandel (su suegro Zacarías, y sus cuñados Mario y Sixto Gamarra), el 15 de agosto de 1981, en Yuquyry, Caaguazú.
Hambre de tierra y sangre. No pasaron quince días de la denuncia periodística, para que el General de Brigada Otello Carpinelli Yegros querelle por difamación y calumnias al entonces director de El Radical, el doctor Miguel Ángel Martínez Yaryes. El poder judicial lo mandó a Tacumbú durante una semana, quedó en libertad ambulatoria pero con un proceso encima.
En primera instancia el proceso interminable fue llevado por el Juez Diógenes Martínez, y luego por el Juez Carlos Báez Renhfetd, quien había sido juez en Villarrica, de conocida amistad y afinidad con el querellante militar Otello Carpinelli Yegros. Finalmente, en julio de 1977, el Juez Báez Renhfeldt condenó a dos años y medio de prisión al Doctor Miguel Ángel Martínez Yaryes, sentencia confirmada en apelación. La víctima interpuso una acción de inconstitucionalidad.
El propio director de El Radical, relató tiempo después, que le llamó la atención, pues los ataques eran realizados generalmente por la policía del régimen, en el caso Yhú, fué una acción militar directa. También destacó que el propio doctor Luís María Argaña, quien fuera Presidente de la Corte Suprema de Justicia, y a quien le unía una amistad de cuando eran más jóvenes, le dijo en una entrevista para consultarle sobre su expediente que “mientras él estuviera en la corte suprema, ese expediente iría a quedar encajonado y no permitiría que se cumpliera la sentencia”.
Doroteo Grandel, habitante de la colonia, viajó a Asunción para denunciar ante la prensa los atropellos, quemas y persecuciones. La respuesta fue su secuestro y desaparición durante más de dos años. Este secuestro pudo haber sido interminable o haber terminado en muerte en ese momento, si no fuera porque casualmente fue localizado por un periodista británico, que también había caído detenido en el mismo regimiento de Infantería, hasta que la embajada británica exigió su inmediata liberación.
Por obvia presión nacional e internacional, el secuestrado Doroteo Grandel, apareció y fue liberado. Pero se la tenían jurada. Fue ejecutado extrajudicialmente en Carrera-í, Departamento de Caaguazú a manos de “sicarios” unos meses después, en 1978.
A raíz de las denuncias de Grandel al diario El Radical, el Doctor Miguel Ángel Martínez Yaryes, fue detenido en Asunción. Llevado a una comisaría, e inmediatamente remitido a la Penitenciaría de Tacumbú, para ser velozmente procesado y condenado. Del mismo caso, se desprendieron las posibles ejecuciones extrajudiciales nunca investigadas, de familiares de Doroteo Grandel (su suegro Zacarías, y sus cuñados Mario y Sixto Gamarra), el 15 de agosto de 1981, en Yuquyry, Caaguazú.
Hambre de tierra y sangre. No pasaron quince días de la denuncia periodística, para que el General de Brigada Otello Carpinelli Yegros querelle por difamación y calumnias al entonces director de El Radical, el doctor Miguel Ángel Martínez Yaryes. El poder judicial lo mandó a Tacumbú durante una semana, quedó en libertad ambulatoria pero con un proceso encima.
En primera instancia el proceso interminable fue llevado por el Juez Diógenes Martínez, y luego por el Juez Carlos Báez Renhfetd, quien había sido juez en Villarrica, de conocida amistad y afinidad con el querellante militar Otello Carpinelli Yegros. Finalmente, en julio de 1977, el Juez Báez Renhfeldt condenó a dos años y medio de prisión al Doctor Miguel Ángel Martínez Yaryes, sentencia confirmada en apelación. La víctima interpuso una acción de inconstitucionalidad.
El propio director de El Radical, relató tiempo después, que le llamó la atención, pues los ataques eran realizados generalmente por la policía del régimen, en el caso Yhú, fué una acción militar directa. También destacó que el propio doctor Luís María Argaña, quien fuera Presidente de la Corte Suprema de Justicia, y a quien le unía una amistad de cuando eran más jóvenes, le dijo en una entrevista para consultarle sobre su expediente que “mientras él estuviera en la corte suprema, ese expediente iría a quedar encajonado y no permitiría que se cumpliera la sentencia”.
Federico Tatter.
Enero de 2015. Asunción, Paraguay.
Enero de 2015. Asunción, Paraguay.
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