El Banco Paraguayo de Datos, por lo visto, molestó desde su creación en 1979. Un año después que iniciara la OEA un procedimiento de observación reservada conocido como 1503, por las graves violaciones de los derechos humanos nacional e internacionalmente denunciadas. La eliminación violenta del BPD fue acordada para el 11 de mayo de 1983, aproximadamente desde las 10:30 AM con un ataque policial sin orden judicial, a cargo del Comisario Alberto Buenaventura Cantero.
La campaña concluyó con la captura arbitraria de por lo menos 53 ciudadanos que fueron secuestrados e interrogados durante diversos períodos, y el pedido de búsqueda de por lo menos dos ciudadanos. Algunos de los detenidos arbitrarios pasaron casi 18 meses en diversas instituciones del estado. Veinte de ellos, fueron procesados y llevados a prisión por la violación a la Ley 209 de 1970, y si bien obtuvieron libertad ambulatoria en setiembre de 1983 y enero de 1984, sólo serían sobreseídos luego de 1989. Ya sin valor, algunos objetos robados por la policía pudieron ser recuperados siete años después. Llamado por el régimen “Caso BPD-MRU”, por su alto grado de antojo, arbitrariedad y delirante ficción, su montaje produjo efectos colaterales por doquier. Veamos por qué.
Todo comienza con un vago y confuso informe del 21 de abril de 1983, redactado por el propio Comisario Alberto Buenaventura Cantero al Jefe de Investigaciones, Pastor Coronel, sobre la actividad del Banco Paraguayo de Datos, elevado a la categoría de verdadera central de inteligencia de la subversión. Esto venía bien a la alicaída Investigaciones.
Vayamos al mundo paranoico de Pastor. Movido por la urgencia de resultados rutilantes, remitió al poder judicial y a todos los estamentos del estado, una de las más desopilantes piezas de la fantasía represiva: la ampliación del parte policial del 7 de junio de 1983. En sus 16 páginas, sin probar absolutamente nada, sintetizó la intención y voluntad del aparato represivo en la fabricación de un rebrote subversivo, ampliamente difundido en forma anticipada por los medios oficiales del aparato, para mantener bajo presión el surgimiento de varias organizaciones sociales de abierta postura antidictatorial con creciente predicamento e inserción en diversos sectores, que estaba perdiendo el miedo y especialmente, estaba saliendo fuera de los límites de control totalitarizante del estado.
El poder judicial aportó lo suyo. La revisión del auto de prisión, que significó la libertad ambulatoria, pero la continuidad del proceso, se dictó a través del A.I. Nº 144 del 9 de setiembre de 1983 para los primeros nueve detenidos arbitrarios. Los detenidos no fueron liberados inmediatamente desde su lugar de reclusión en Tacumbú y Buen Pastor, sino que fueron trasladados al Departamento de Investigaciones, mantenidos durante un día más, llevados al despacho del Jefe de Investigaciones Pastor Coronel, quien les amenazó de muerte a todos.
Según una de las detenidas, la amenaza de muerte directa proferida por Pastor Coronel fue que la próxima vez que se encontraran, serían tratados como prisioneros comunistas de la década del setenta y que irían a parar a la Recoleta.
Fue una convención definir el 20 de enero de 1984 como el fin del episodio represivo, pues solamente refirió a la fecha en que luego de varias jornadas de protesta consistentes en huelgas de hambre, lograron recuperar su libertad ambulatoria las tres últimas víctimas y más fuertemente dañadas en sus libertades individuales, Roberto Villalba, Enrique Gossen y Desiderio Arzamendia. En tanto que otras víctimas de la represión, buscados por el aparato represivo, debieron salir al exilio como José Carlos Rodríguez Alcalá, o asilarse en la Embajada de Venezuela como Gustavo Codas Friedman, quien además, fue despedido de su trabajo, el diario ABC Color, el que paradójicamente, poco después, también sería cerrado por el régimen. El Banco Paraguayo de Datos no pudo entrar en actividad nunca más, sus bases de datos fueron inutilizadas. Los daños colaterales sobre personas y organizaciones sociales y sindicales, fueron enormes.
Federico Tatter
Febrero de 2015. Asunción, Paraguay.
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