Toda nuestra población ha soportado 35 años de dictadura bajo Alfredo Stroessner entre 1954 y 1989, con más de 120.000 víctimas directas e indirectas, más de 500 desaparecidos, cientos de miles de exiliados. Todas las víctimas y sus familiares han quedado con daños permanentes que se extienden hasta nuestros días. Y sin embargo, sólo existen tres condenas firmes en la actualidad por estos hechos, graves crímenes de lesa humanidad. El principal responsable, Alfredo Stroessner a muerto impune en dorado asilo brasileño, y la gran mayoría de los ex jerarcas en el exterior o en el Paraguay, se han enriquecido y hasta la fecha gozan de sus bienes malhabidos y de la impunidad que este sistema judicial les ha brindado. La razón: la administración de justicia durante la dictadura ha sido un brazo ejecutor más del sistema represivo stronista, y ésta misma forma de administrar un poder del estado, ha sobrevivido al 3 de febrero de 1989. Hoy opera con similar metodología, y hasta demuestra más poder, con el agravante que muchos de los ejecutores y torturadores del viejo régimen que creíamos del pasado, hoy incluso, integran altos cargos en el poder judicial, la justicia electoral, el consejo de la magistratura, etcétera. La dictadura utilizó al poder judicial, y muchos de sus antiguos ejecutores integran y se refugian en los recovecos de este aparato infernal de injusticia hasta la fecha. Esta situación es intolerable y nos obliga a un cambio trascendental de personas y del sistema de justicia en el Paraguay.
El 3 de febrero de 1989 cayó un dictador, pero no su sistema. Desde 1989 hasta la fecha, 20 años han transcurrido entre avances y retrocesos en diversos ámbitos. Pero en el sistema de justicia, luego de la nueva Constitución de 1992, sólo conocemos de retrocesos y de reimplantación del sistema heredado de la dictadura al que debemos agregar el tráfico de influencias. La dependencia absoluta de mafias y entornos que comienzan a manejar a los partidos políticos, los que a su vez, terminan manejando desde un secretario fiscal hasta a toda
ACTUALIDAD 2009
A partir del 15 de agosto de 2008, apenas ha cambiado la titularidad del poder ejecutivo, y aún con este enorme cambio no podemos decir que la transición haya terminado, si no cambiamos también el poder judicial en forma sustancial, recuperándola para un efectivo estado de derecho en el Paraguay. El poder judicial de hoy sigue inmune e inmutable a estos cambios reclamados soberana y mayoritariamente por el pueblo. Hoy este poder judicial pertenece al pasado que todos los paraguayos y paraguayas decidimos cambiar para siempre. Hoy, más que nunca, debemos terminar con la impunidad que perpetúa el estado de injusticia en el Paraguay y cuyo principal responsable está en el poder judicial actual, desde su cúpula hasta la base.
Por tanto, hoy siguen vigentes nuestras históricas banderas: con impunidad no hay justicia, no hay democracia, no hay paz. La lucha continúa hasta el juicio y castigo a todos los responsables en dictadura y transición.
Asunción, 3 de febrero de 2009.
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