Asunción, Paraguay, 12 de octubre de 2009. Y de paso hace causa común al no diferenciarse claramente de métodos de regímenes pasados de la trasición en la dificultad estructural que experimenta para adecuarse a los compromisos internacionales de cumplimiento obligatorio, sin medias tintas, sin medias verdades. Comparto dos notas que han salido en medios nacionales.
La primera, es acerca de una ostentosa e innecesaria comitiva de agentes del estado que se han hecho presentes en la ciudad de Costa Rica, el pasado 1ro. de octubre de 2009, en comparencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para dar explicaciones por el retraso en más de tres años para dar cumplimiento de sentencias que se han aplicado a estado paraguayo por graves violaciones a los derechos humanos como la desaparición forzada de personas en el período dictatorial de 1954-1989. Estos representantes, aparentemente sin vinculación a los hechos por los cuales se dio la sentencia, y tampoco responsable por las dilaciones durante más de 20 años de transición, y tampoco responsables aparentes por los tres años de tardanza y mora en el cumplimiento de las sentencias, dos de los cuales responden al período del régimen colorado pasado de Nicanor Duarte, dado que la sentencia se aplicó el 22 de setiembre de 2006, dos años de retraso a cargo de Nicanor y un año de retraso a cargo de Lugo, todos hiceron causa común y bloque para “defender” lo indefendible en retrasos, medias verdades vertidas e incumplimiento abierto y sin diferenciarse de regímenes anteriores en el Paraguay. El lector juzgará.
La segunda, refiere a la solicitud realizada días atrás por familiares de detenidos-desaparecidos, juntamente a la Dirección de Verdad, Justicia y Reparación, ante el estado argentino y ante el Equipo Argentino de Antropología Forense, EAAF, para realizar trabajos de colaboración en la investigación, excavación, extracción, cadena de custodia, primeras mediciones y apoyo en la identificación plena de los restos humanos hallado en la Agrupación Especializada a raíz de investigaciones realizadas por la CVJ, testigos calificados e investigadores familiares de detenidos desaparecidos que vienen trabajando dentro de una carpeta fiscal abierta por el Ministerio Público. Tres meses sin lograr aún acercamiento a identidades son interpretados como retraso evidente en el proceso de identificación, y han llevado a los familiares a buscar de inmediato, caminos técnicos alternativos a los originalmente trazados, ahora con la colaboración internacional de expertos de trayectoria, eficacia y experticia comprobada que se espera sea aceptada en forma rápida y sin reservas por el Ministerio Público del Paraguay, dada su obligación constitucional como parte del estado, en la búsqueda eficiente y con resultados de identificación plena en tiempo y forma de los desaparecidos. El lector juzgará.
TURISMO DE DERECHOS HUMANOS POR CUENTA DEL ERARIO
Paraguay envió trece funcionarios estatales a reunión en Costa Rica
ABC COLOR. En la reciente reunión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos realizada en Costa Rica, donde se analizaron sentencias contra el Estado paraguayo por violación de los DD.HH., asistieron nada menos que 13 funcionarios estatales con jugosos viáticos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos celebró su LXXXIV periodo ordinario de sesiones el pasado 1 de octubre para analizar el cumplimiento de sentencias dictadas el 22 de septiembre del 2006 contra el Estado paraguayo, en el expediente “Caso Agustín Goiburú, Carlos Mancuello y Benjamín y Rodolfo Ramírez Villalba”. Desaparecidos durante la dictadura de Alfredo Stroessner.
En la audiencia, las víctimas fueron representadas por el Dr. Rodolfo Aseretto, abogado del Comité de Iglesias. En tanto que el Estado paraguayo estuvo representado por nada menos que 13 personas, quienes, según presumen allegados de los desaparecidos, habrían viajado con jugosos viáticos, alojados en hoteles.
Para los funcionarios estatales habría significado un viaje de placer, ya que ni abrieron la boca para aclarar “la catarata de inexactitudes” vertidas por la directora de Derechos Humanos de la Cancillería, Inés Martínez Valinotti, quien fue la encargada de decir que el Estado paraguayo está cumpliendo la sentencia de la CIDH, cosa que no es cierta, indicaron.
“Lamentamos el silencio absoluto y la complacencia de los demás directores de derechos humanos de otros ministerios presentes en el acto; como asimismo, de otros funcionarios públicos, quienes no abrieron la boca para aclarar y decir la verdad ante la serie de inexactitudes vertidas por la directora de derechos humanos de la Cancillería nacional, quien jamás realizó trabajos en defensa de los derechos humanos”, comentó un familiar de las víctimas de la dictadura.
Además, criticó la presencia en Costa Rica de trece representantes del Gobierno. “Para varios de ellos seguramente resultó un viaje de placer y jugosos viáticos”, apuntó.
“Representantes” del Estado paraguayo
De acuerdo a los datos recabados, en la audiencia privada del 1 de octubre en Costa Rica, los representantes acreditados por el Estado paraguayo para esa audiencia fueron: 1- Oscar B. Llanes Torres, embajador paraguayo en dicha nación; 2- Marco Antonio Alcaraz, fiscal adjunto encargado del área de DD.HH.; 3- Iris Rojas Recalde, directora general de DD.HH. del Ministerio de Justicia y Trabajo; 4- Nury Montiel Mallada, directora general de DD.HH. de la Corte Suprema de Justicia; 5- Ricardo González Borgne, director general de gabinete de la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia; 6- Raúl Sapena Giménez, abogado del Tesoro del Ministerio de Hacienda; 7- Inés Martínez Valinotti, directora de DD.HH. del Ministerio de Relaciones Exteriores; 8- Diana Vargas, directora de DD.HH. del Ministerio del Interior; 9- Lorena Cristaldo, procuradora delegada de la Procuraduría General de la República; 10- Gustavo Rodríguez, asesor jurídico del gabinete del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social; Gladys González, jefa de la unidad de DD.HH. del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social; 12- Federico Fabián Gilí Ramírez, asesor jurídico de la Dirección General de Administración y Finanzas del Ministerio de Hacienda; y 13- Belén Morra A., encargada a.i. del departamento de seguimiento al cumplimiento de sentencias de la CIDH-Dirección de DD.HH. del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Incumplimiento
En la reunión de la Corte Interamericana los representantes del Estado paraguayo debían de haber dado una explicación seria sobre los motivos por los que no cumplieron la sentencia dictada hace más de tres años.
De acuerdo a la fuente, el Estado paraguayo se mostró supuestamente preocupado por el cumplimiento de la sentencia.
Sin embargo, tanto el Ejecutivo como el P. Judicial no han dado pasos efectivos para finiquitar en plazo razonable los casos sometidos a consideración de la Corte Interamericana de DD.HH.
SOLICITUD HECHA POR FAMILIARES DE VICTIMAS DE LA DICTADURA
Piden identificación más rápida de las víctimas
ABC COLOR. La Comisión de Verdad, Justicia y Reparación de la Defensoría del Pueblo y víctimas de la dictadura stronista solicitaron que se agilice la identificación de dos cadáveres encontrados en la Agrupación Especializada. Un equipo de antropología forense ya se encuentra en el país, tomando conocimiento de los trabajos realizados en el predio del citado recinto policial.
En la Agrupación Especializada se encontraron hace tres meses dos cadáveres. El trabajo se encuentra en manos de la Fiscalía, institución que demora en brindar informes de avances de los trabajos de excavación realizados en dicho predio, según comentó Rogelio Goiburú, familiar de desaparecido.
Días atrás arribó a nuestro país el jefe del Equipo Argentino de Antropología Forence (EAAF), Darío Olmo, quien está recabando información sobre el hallazgo de los cuerpos y coordinando una cooperación entre el EAAF y la Dirección General de Verdad, Justicia y Reparación (DGVJR) de nuestro país.
Monseñor Mario Melanio Medina, ex presidente de la Comisión de Verdad y Justicia, señaló que “hace tres meses fueron encontrados los cuerpos y hasta ahora no hay informe de resultados. No observamos avances significativos; entonces, recurrimos a forenses y especialistas argentinos para que nos ayuden”, expresó en una reunión llevada a cabo en el local de la Comisión con los argentinos.
Goiburú pidió al Estado mayor aporte económico para esclarecer el acontecimiento y buscar más restos de desaparecidos durante de la época del ex dictador Alfredo Strossner, derrocado el 2 y 3 de febrero de 1989.
Respecto al procedimiento que efectuará la cooperación argentina, Olmo explicó que el primer paso es identificar el sexo y la edad de la persona a través del ADN, que se obtiene a partir de muestras de tejido óseo. Más adelante se puede conocer la identidad. Según detalló el mismo, el proceso lleva tres días de trabajo intenso.
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