REPRESION EN BUENA VISTA DE YHU, CAAGUAZUHACE 35 AÑOS

En la Colonia Buena Vista de Yhú, Departamento de Caaguazú, entre el 4 y el 5 de abril de 1975, hace 35 años, fuerzas militares de la II División de Infantería realizaron un ataque militar a la Colonia, quemando y destruyendo alrededor de 57 viviendas. La comunidad estaba constituida por unos 1.300 pequeños lotes para familias campesinas que estaban en gestión de compra con la intervención del Instituto de Bienestar Rural a la firma internacional de capital español denominada “Compañía Forestal Hispano Paraguaya SRL”. Luego de la quema de ranchos, y a partir del 10 de mayo de 1975, se desató una represión militar-policial con detenciones arbitrarias de familias campesinas que fueron trasladadas a un campamento militar de infantería en Caaguazú, y luego a la II División de Infantería con asiento en la ciudad de Villarrica, departamento del Guairá, y a la Comisaría de la ciudad de Caaguazú, cabecera del departamento de Caaguazú.
Posterior a esta acción, se perpetró la ejecución extrajudicial de Doroteo Grandel en Carrera-í, Departamento de Caaguazú a manos de sicarios en 1978. A raíz de la denuncias realizadas, el Doctor Miguel Ángel Martínez Yaryes fue detenido en la Comisaría 1ra. (luego con el triste nombre de Comisaría 3ra. En la calle Chile), y directamente remitido a la Penitenciaría de Tacumbú, procesado y condenado. También, del caso, se desprendieron las posibles ejecuciones extrajudiciales de familiares de Doroteo Grandel (su Suegro de apellido Zacarías, y los cuñados Mario y Sixto Gamarra), el 15 de agosto de 1981, en Yuquyry, Caaguazú, en confuso episodio.
Las amenazas de las fuerzas militares, a instancias de la empresa “Compañía Forestal Hispano Paraguaya SRL” tenían ya antecedentes desde 1974 en la propia Colonia, buscando deshacer el trato de compra-venta, con hostigamiento para el retiro de los pobladores.
Entre el 4 y 5 de abril de 1975, se produce un ataque militar con quema de viviendas y apropiación de bienes, con similares características de acto de guerra contrainsurgente al anterior Caso Jejuí (febrero de 1975).
A partir del 10 de mayo de 1975, se produjeron detenciones arbitrarias en la Colonia Yhú con traslados al campamento militar de infantería en Caaguazú, y otros directamente a la II División de Infantería en la ciudad de Villarrica, departamento de Guairá, así también las detenciones arbitrarias se concretaron en la Comisaría de la Ciudad de Caaguazú, departamento del mismo nombre.
Posteriormente a las detenciones arbitrarias, las fuerzas represivas procedieron a interrogatorios y torturas durante todo el período de las detenciones. Los detenidos no tuvieron ninguna posibilidad de obtener auxilio legal, ni existió verificación de que se hayan abierto procesos judiciales a los mismos. Las extensión del tiempo de las detenciones arbitrarias sin proceso, ni derecho a defensa, fueron variables. En el caso de la detención arbitraria de Doroteo Grandel, primero en el destacamento militar del RI II en Caaguazú, y luego en el cuartel general de Villarrica, las torturas fueron atroces y permanentes. La detención fue desconocida por las fuerzas militares, ante la presentación de Habeas Corpus a favor de Doroteo Grandel, constituyéndose inmediatamente el caso en una desaparición forzada. Doroteo Grandel es liberado de su cautiverio, como ex desaparecido, el 13 de julio de 1978, para ser finalmente ejecutado extrajudicialmente a manos de sicarios, un mes y medio después, el 28 de agosto de 1978, en Carrera-í, Departamento de Caaguazú.
Directamente relacionado el caso, se produjo la detención arbitraria en la Penitenciaría de Tacumbú y persecución judicial, a través del Juez Bernabé Valdez Martínez, del director del periódico “El Radical” del Partido Liberal Radical (PLR), Doctor Miguel Ángel Martínez Yaryes, seguida de la clausura arbitraria del semanario en forma temporal, así como la instalación de una querella por difamación y calumnias, en 1975, por parte del principal ejecutor de los ataques militares, el General de Brigada Otello Carpinelli Yegros, contando con alta complicidad judicial, en un proceso que culminó con una sentencia, confirmada en dos instancias, estancándose en la Corte Suprema, nunca cumplida finalmente, pero que solamente extinguida después del golpe militar del 3 de febrero de 1989, doce años después. En este caso, y aunque es una derivación, el entramado judicial operó en la misma línea del aparato represivo, apoyando las acciones bélicas sobre la población civil, e instruyendo procesos judiciales viciados de nulidad, que fueron más bien parte integrante de la campaña represiva sobre sectores y políticos y periodísticos que elevaron la denuncia de los actos de violación a los derechos humanos sobre la Colonia Yhú de Caaguazú a nivel nacional e internacional. La detención arbitraria, la desaparición forzada de Doroteo Grandel, y su posterior ejecución extrajudicial a manos de sicarios, se relacionaron a que el mismo compareció como testigo en la causa abierta al Doctor Martínez Yaryes.
La complicidad judicial continuó con la clausura arbitraria del semanario “El Radical” y el procesamiento judicial por violación de la Ley 209 de Defensa de la democracia del nuevo director Juan Carlos Zaldívar.
Fuente: Fragmentos documentos de investigación de la Comisión de Verdad y Justicia, Paraguay, 2008. La foto es del ex general Otello Carpinelli Yegros, ya fallecido.